La trama detrás de los "tenebrosos” prostíbulos de Santa Cruz

Las Casitas ubicadas en Río Gallegos, Santa Cruz “fueron los prostíbulos más tenebrosos de la Argentina y funcionaban en tierras fiscales por orden de Néstor Kirchner, que era intendente”, dijo anoche Gustavo Vera, titular de la cooperativa La Alameda que trabaja para denuncia casos de trata de personas. Las declaraciones las hizo durante una entrevista en el programa “Palabras más, palabras menos” de TN.

De hecho, ese lugar fue señalado por las víctimas que declararon en el juicio por el caso de Marita Verón como uno de los posibles lugares donde podría haber estado la hija de Susana Trimarco y como destino de varias mujeres sometidas a la explotación sexual.

Vera indicó además que ese barrio prostibulario también fue mencionado en el juicio realizado el año pasado en Chaco en un caso de trata sexual en el que tuvieron que declarar integrantes de las fuerzas policiales de esa provincia implicados en los hechos.

“En su momento con mi papá recorrimos los prostíbulos porque teníamos el dato de que mi hermana podía estar ahí. Las Casitas de tolerancia no deben abrirse porque es avalar la explotación sexual”, relató el hijo mayor de Susana Trimarco ayer al diario Santa Cruz Digital.

El fallo que dejó impune a todos los acusados por la desaparición de Marita Verón volvió a poner en el ojo de la tormenta la historia de este espacio conformado por 36 prostíbulos que funcionaron abiertamente durante veinteavos años en terrenos fiscales “con la complacencia de la intendencia de Río Gallegos, que además recaudaba impuestos” del lugar.

La ONG La Alameda fue la responsable de filmar el funcionamiento de esos prostíbulos por dentro. Esta prueba fue usada para realizar una denuncia tras la cual se procedió a allanar el lugar y apurar su cierre a mediados de 2009.

“Durante 20 años y pese a los numerosos casos de trata, proxenetismo y explotación sexual infantil que se fueron acumulando en juzgados de diversas partes del país, donde se imputaban a los dueños de Las Casitas, éstas continuaron abiertas con el beneplácito de la intendencia de Río Gallegos, que extendía el comodato a los proxenetas y tratantes para que siguieran funcionando ilegalmente en terrenos fiscales e incluso buscando encuadrarlas con la falsa habilitación de Cabaret clase C”, explicó Vera.

Vera contó  que a principios de la década del 60 Las Casitas estaban “desparramadas” por toda la ciudad, hasta que en 1964 se agruparon en el Barrio Congreso.

“En 1979 las trasladaron al barrio Belgrano hasta que en 1989 el intendente de Río Gallegos, Néstor Kirchner resolvió radicarlas en terrenos fiscales por 15 años en las manzanas 639 «A» y «B», con la complicidad de todos los organismos del Estado”, dijo Vera.

“A cada proxeneta –siguió Vera- se le dio una parcela en comodato para realizar construcciones precarias para que funcionaran prostíbulos. A cambio, el municipio les cobró un “canon” para realizar las actividades prostibularias. Ese “plus” terminó siendo de $4077,69 por año por Casita de tolerancia”.

El presidente de la ONG indicó que en total las 36 casitas prostíbulos aportaron a lo largo de esos años de funcionamiento $2.935.936,68 al municipio.

“Afortunadamente tras el allanamiento y el cierre de Las Casitas por parte de la jueza federal Ana Cecilia Álvarez por las pruebas y denuncias aportadas por La Alameda, la mayoría de la sociedad de Río Gallegos se opone a su reapertura, pese a que la Sala IV de la Cámara de Casación autorizó que se reabriera el lugar. Ese repudio social llevó al gobernador santacruceño, Daniel Peralta, a cambiar la posición que tenia en 2009 y afirmar por estos días que no va a permitir la reapertura de los prostíbulos”, agregó Vera.

El caso Marita Verón

El proceso oral y público por el caso Marita Verón comenzó en febrero y concluyó el 11 de diciembre, 10 años y 8 meses después del secuestro de la joven, que entonces tenía 23 años.

El juicio, de gran repercusión nacional e internacional, se convirtió en uno de los casos más emblemáticos contra la trata de personas. Ciento treinta testigos pasaron por la sala del proceso, en especial mujeres de identidad reservada por haber sido víctimas de la trata de personas.

A lo largo de las deliberaciones quedaron expuestas, además, las deficiencias en la investigación policial y judicial en este caso y los vínculos con políticos, que afectaron el resultado de toda pesquisa y se estima pueden derivar en la apertura de nuevas causas penales.

La sentencia se conoció tres días antes de que Marita cumpla los 34 años, sin saber si está viva en algún lugar del país o del extranjero, ni si tiene motivos para festejarlos.

Al lado de Susana Trimarco estuvo en la audiencia su nieta, Micaela Catalán, hija de Marita.