La tragedia de la Cuesta de los Terneros en San Rafael que dejó 15 víctimas fatales, el chofer y 14 pasajeros, y una veintena de heridos, vuelve a revivirse. La abogada Carla Spagnolo, representante legal de familiares de los fallecidos y los heridos, arribará a San Rafael mañana para apuntalar el proceso en la justicia penal y también en lo civil.
Para la querella, que la fiscalía haya desistido de más imputaciones tras la muerte del chofer, Damián Pinelli, es una locura y falta de sentido común. Por eso iniciarán una demanda penal contra Jorge Pinelli, el segundo chofer y padre de Damián, y Marcia Villagra la esposa del chofer fallecido y titular registral de la empresa de viajes y turismo que operaba sin habilitación.
Pero eso no es todo, también demandarán penalmente al Estado por la falta de controles y el organismo apuntado es la Comisión Nacional Reguladora del Trasporte (CNRT).
Carla Spagnolo consideró "inconcebible que no haya imputados porque la fiscalía desistió de la acción penal porque el chofer murió, hay que utilizar un poco de lógica. Tenemos al Estado por la omisión de los controles en un viaje tan largo y es imposible que (el micro) haya sido habilitado y verificado correctamente. También a la titular registral de la empresa y el segundo chofer que quedó vivo porque era el dueño de la unidad, y si bien no figuraba él, era el que realizaba las contrataciones, tenía el micro a su cargo", dijo.
“Lo más importante es la causa penal y apuntamos a todos los responsables”, afirmó la querellante.
Según detalló Spagnolo los que llevaban adelante la empresa y realizaban las contrataciones eran Jorge Pinelli y su hijo Damián, sin embargo la firma estaba a nombre de Marcia Villagra, la esposa de Pinelli hijo.
Damián conducía al momento del vuelco pero el segundo chofer que manejó prácticamente todo el viaje era Pinelli padre.
“Comprobamos que la empresa la llevaban adelante padre e hijo por lo tanto todas las irregularidades de un micro que no estaba habilitado para salir de la provincia, con documentación adulterada, condiciones deplorables, porque así lo marca la pericia, y la manera imprudente de manejar es a donde apuntamos, le encuentro la misma responsabilidad (al padre) que la persona que manejaba”, indicó la abogada.
En cuanto a las responsabilidades de los organismos del Estado, Spagnolo aseguró que "la CNRT tiene obligación de poner en las rutas el personal para ejercer los controles y que las unidades que circulan cumplan con la reglamentación básica. Este micro no fue parado ni una vez. Y los organismos vinculados para realizar la verificación técnica".
En el caso de los controles en los Estados provinciales por donde transitó el micro fallaron “en su totalidad” porque “nadie paró ese micro según el testimonio de los pasajeros, solo un control sanitario que no duró más de cinco minutos”, concluyó.
En cuanto a la acción civil, los apuntados son los mismos protagonistas y podría haber otro agregado, la escuela de danza.
“La justicia se expedirá sobre el resto de las responsabilidades como el personal de la escuela de danza que organizó el viaje, los profesores que contrataron el micro y luego se verá la cadena de responsabilidades y si hay que sumar a alguien más”, explicó la abogada que representa a 8 familias que perdieron a un ser querido en el accidente ocurrido el 26 de junio de 2017 en San Rafael y a unos 20 pasajeros que resultaron heridos.