El fiscal Ramiro González solicitó ayer el envío a juicio oral y público de la causa contra el diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once, que en 2012 provocó la muerte de 51 personas.
El representante del Ministerio Público requirió al juez federal Claudio Bonadio elevar el expediente a juicio y pidió que se investigue al ex funcionario kirchnerista por administración fraudulenta y estrago culposo.
De Vido, en tanto, calificó como “absolutamente injusto” y “extemporáneo de toda forma judicial” el pedido del fiscal federal.
“Lo que plantee originalmente es que este es un error humano que terminó en una tragedia. Si hubiera la intención de hacer una análisis político de la cuestión ferroviaria habría que empezar con el ‘ramal que para, ramal que cierra’, y terminar en estos días, porque después del accidente de Once hubo otros accidentes que no tuvieron el mismo tratamiento”, sostuvo.
Tras presidir una reunión de la Comisión de Energía en Diputados, De Vido cuestionó el pedido del fiscal al reiterar que está siendo citado “por un juzgado que no es el tribunal de alzada” que intervino en el caso.
El magistrado había procesado sin prisión preventiva a De Vido por el siniestro ferroviario y le trabó embargo por 600 millones de pesos, en un dictamen que fue confirmado el 12 de julio por la Cámara Federal.
Bonadio procesó a De Vido por considerarlo coautor del delito de descarrilamiento y presunto partícipe necesario de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta.
Ahora el fiscal González consideró concluida la etapa de investigación, por lo que pidió que De Vido vaya a juicio oral junto con Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren). El pedido del fiscal para que la causa contra De Vido y Simeonoff sea elevada a juicio oral se sumó a las solicitudes en igual sentido que formularon la Oficina Anticorrupción y las querellas de los familiares de las víctimas del siniestro ferroviario del 22 de febrero de 2012.
A esta instancia procesal se llegó después de que los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun no hicieron lugar a los pedidos de nulidad que presentaron los defensores del ex funcionario kirchnerista.
“De Vido, estando en conocimiento del modo en que se llevaba adelante la concesión del servicio de transporte ferroviario por parte de Trenes de Buenos Aires SA, permitió que continuara la explotación, contribuyendo de tal forma al deterioro paulatino y creciente de los bienes públicos entregados para el desarrollo de la actividad y afectando directamente la seguridad de los usuarios con las consecuencias ya conocidas”, sostuvo la Cámara en el fallo.
Los camaristas coincidieron en que “existen en la causa suficientes elementos como para afirmar que, efectivamente, De Vido conocía las graves falencias que rodeaban la explotación del transporte ferroviario prestado por Trenes de Buenos Aires SA”.
De Vido “no adoptó ninguna medida orientada a reencauzar el servicio. Lo que se le reprocha es su propia intervención y conocimiento en los hechos, es decir, su participación en la administración fraudulenta de los bienes públicos concesionados y su incidencia en el resultado acaecido el 22 de febrero de 2012”, subrayaron.
Según la Cámara, “pese a los múltiples informes desfavorables elevados por las diferentes áreas, fue recién el 28 de febrero de 2012 -luego de los acontecimientos que dieron inicio a estos actuados- que dictó la Resolución 199”, cuando De Vido dispuso la intervención en la concesión del servicio que prestaba TBA en la línea Sarmiento.
En abril, al comparecer en declaración indagatoria, De Vido aseguró que no gestionaba ni controlaba el transporte ferroviario y atribuyó el accidente a un “error humano” del maquinista Marcos Córdoba.
“No he intervenido, ni participado, ni conocido ni consentido ninguno de los actos, las omisiones o las complicidades” cometidos por los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, que eran sus subordinados y están condenados.
Capitanich, a indagatoria por la pauta oficial
La jueza federal María Servini citó a indagatoria al ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich y al ex secretario de Comunicación Pública del kirchnerismo Alfredo Scoccimarro por no acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que les había ordenado adecuar la distribución de la pauta publicitaria oficial.
Según se informó, la jueza citó para el 20 y 22 de setiembre a Scoccimarro y Capitanich, respectivamente, por no haber cumplido con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en un fallo del 11 de febrero de 2014.
En ese fallo la Corte hizo lugar a un planteo de ARTEAR SA (una empresa del Grupo Clarín) sobre el reparto de la publicidad oficial, que consideraba que el Gobierno nacional no respetaba criterios de razonabilidad y equidad en esa materia.
En junio de ese año, en tanto, la Sala II de la Cámara Federal había revocado los sobreseimientos del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y del vocero presidencial Soccimarro, dictados entonces por Servini, y ordenó que se siguiera investigando si incurrieron en el presunto abuso de autoridad cuando privaron de publicidad a ARTEAR (Canal 13).
