Las penas de prisión de cumplimiento efectivo contra el titular de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) concesionaria del servicio y los dos ex secretarios de Transporte de la Nación, uno de ellos el cordobés Ricardo Jaime, junto con la que recayó sobre el conductor de la formación, fueron las sanciones sobresalientes adoptadas ayer por el tribunal a cargo del juicio por la llamada tragedia de Once.
A poco de conocerse las sentencias, el fiscal federal a cargo de la causa, Fernando Arrigo, pidió al tribunal la detención inmediata de Jaime. Pero en fuentes de ese estrado se descartó esa posibilidad debido a que el ex secretario se comportó “mantenido a derecho” durante el juicio y debido a que aún la sentencia no está firme porque se descartan apelaciones ante Casación y seguramente la Corte.
El pedido del fiscal se basó en el poderío económico de Jaime, sus contactos en el exterior y dos condenas anteriores, por lo que a juicio de Arrigo podría llegar a fugarse. Similares pedidos de detención hizo sobre el ex dueño de TBA Sergio Cirigliano y sobre el ex directivo de esa empresa, Francisco Pafumi.
En la decisión del tribunal también destacó la resolución de que continúe la investigación sobre el ex ministro de Planificación durante los doce años de los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, Julio De Vido, por su “posible responsabilidad penal” en el hecho que el 22 de febrero de 2008 causó la muerte de 51 personas y heridas a otras 789 cuando el tren chapa 16 de la línea Sarmiento que comunica a esta capital con el oeste del Gran Buenos Aires chocó contra la cabecera del andén 2 de la estación de Once.
El fallo fue la conclusión de un juicio de 21 meses que se inició en marzo de 2014, tuvo 135 audiencias y por el que pasaron 200 testigos, con 28 imputados de los cuales terminaron con condenas 21, en lo que se consideró como uno de los procesos más importantes de los últimos años por el impacto del hecho en la opinión pública, el números de víctimas y la posible responsabilidad del Estado a partir de los subsidios sin contralor entregados a empresas de transporte.
La pena más severa recayó sobre el ex dueño de TBA, empresa del grupo Cirigliano, Sergio Cirigliano, condenado a nueve años de prisión por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo agravado por el fallo unánime, como en todos los casos, adoptado por el Tribunal Oral Federal número 2.
A continuación le siguió la que recibió el secretario de Transporte de la Nación al momento de la tragedia, Juan Pablo Schiavi, cargo que acababa de asumir en lugar de Jaime, que lo había ejercido desde 2003. La condena a Schiavi fue de ocho años de prisión por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Su antecesor Jaime, en cambio, recibió una condena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado.
El fiscal federal en el juicio por la tragedia, Fernando Arrigo, había pedido 10 años y 10 meses de prisión para Jaime por esos delitos. Finalmente, como el ex funcionario kirchnerista tenía una condena firme anterior por intento de sustracción de pruebas en la justicia federal de Córdoba, el tribunal unificó ayer todo y lo condenó a seis años de prisión.
El maquinista de la formación siniestrada, Marcos Córdona, tuvo por su parte una condena de 3 años y seis meses de prisión e inhabilitación para ejercer por siete años, por el delito de estrago culposo agravado. El fiscal había pedido sólo dos meses más. Durante la última audiencia el 15 de este mes, Córdoba había dicho que hizo “todo lo posible para frenar el tren” e insistió en que no tuvo la culpa.
Las restantes condenas fueron penas de prisión que alcanzaron el máximo de ocho años en el caso del directivo de TBA Jorge Alvarez y de siete para el también ejecutivo Sergio Tempone, hasta los tres años, en todos los casos de gerentes de empresa de los Cirigliano.
“La lucha terminará el día que las condenas queden firmes y los condenados tras las rejas”, dijo Paolo Menghini, padre junto con María Luján Rey de Lucas, el joven de 20 años que murió en la tragedia y que fue encontrado días después entre los restos de la formación. “Es un fallo histórico”, agregó.
Por su parte, la madre de Lucas dijo que el fallo demuestra que “todos podemos desterrar la corrupción del país” y que desde ayer “todos los políticos corruptos saben que van a tener sentencia condenatoria”.
