La Fiscalía de Estado parece señalar el camino político como la única solución del polémico contrato de concesión de las máquinas tragamonedas que funcionan en el Casino de Mendoza.
Así también parece haberlo entendido el titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Carlos Bianchinelli, quien apenas fue notificado se presentó en la Legislatura para instar a los legisladores a que opinen sobre el controvertido contrato que le incrementó el canon de concesión del 26% al 47% de la recaudación para la empresa concesionaria, vinculada al grupo Vila-Manzano.
En la tarde del lunes Bianchinelli tuvo copia del dictamen 142 de Fiscalía. Y ayer mismo se presentó ante la comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados para anoticiarlos de lo de dispuso el fiscal Javier Fernández.
Fernández sentenció que no le correspondía analizar la cuestión técnica que implica el incremento del canon y les tiró la pelota a las comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas cámaras, al Tribunal de Cuentas y al síndico del Instituto, quienes deberían analizar la evolución de la recaudación y descubrir si hay un daño al erario público. En caso de que hallaran un perjuicio, deberán comunicarlo a la Fiscalía.
La solución es un mensaje político, al menos esa fue la lectura que se hizo en la Casa de las Leyes cuando Bianchinelli llegó para difundir la novedad. Es que se trata de un caso que quema y en el que nadie quiere hacerse responsable de la decisión final.
La historia se remonta a la gobernación de Celso Jaque. En julio del 2011 el entonces titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Daniel Pereyra, renegoció el convenio de concesión de los tragamonedas con la empresa Mendoza Central Entretenimientos. Por el nuevo contrato, la empresa debía hacer las obras de ampliación de la sala del Casino para albergar 200 tragamonedas más, al tiempo que debía proveer máquinas de última generación para mejorar la fidelización de los apostadores. Las obras fueron presupuestadas en $ 3 millones.
Como contrapartida, el Estado debía ir incrementando gradualmente el canon, de acuerdo al avance de las obras. Así, el “alquiler de las máquinas” se incrementaba del 26,23% de la recaudación, al 33,92%, de ahí al 40,09% y desde ese porcentaje al 47% final. Además de este incremento en el pago hacia la empresa del grupo Vila-Manzano, se le entregó la concesión del bar. El contrato tenía una vigencia de 3 años, prorrogables a 5 más, a pedido exclusivo de la empresa.
Desde ese momento el nuevo convenio fue el blanco de grandes polémicas. Es que las ganancias de la empresa no solo se incrementaban por la variación del canon, sino también por la mayor cantidad de máquinas. Cuando se empezaron a sacar las cuentas, quedó claro que los 3 millones invertidos por la empresa serían recuperados en unos pocos meses.
Actualmente, el Instituto paga el 40,09%, pero la recaudación de Mendoza Central Entretenimientos ya ha incrementado su recaudación respecto del contrato original en más del 70%. Este incremento implica bajar el monto del ingreso al Estado, que financia planes sociales y de salud con este dinero pero, además, también paga un adicional a los trabajadores. Al ver la evolución de las cuentas, ATE empezó a combatir el convenio, al comprender que se reduciría lo que iba a los bolsillos de los empleados.
El dictamen de Fernández era ansiosamente esperado. Desde febrero el fiscal subrogante tenía bajo análisis el expediente de la renegociación del contrato. Y el lunes emitió su veredicto. No cuestionó el incremento del canon, aunque dejó abierta la puerta para que la Legislatura, el Tribunal de Cuentas y el síndico del Instituto pongan la firma sobre el impacto en el erario público. Es decir, socializar la responsabilidad de tomar alguna de las decisiones, ya sea por sí o por no (y correr con el costo respectivo).
Hay otra puerta que abrió el fiscal de Estado. En el dictamen se observaron dos cosas: por un lado la concesión del bar, como parte del paquete. Esto es casi una sutileza. La segunda observación es otra solución política.
De acuerdo a la cláusula 8 del convenio renegociado, “dicho plazo podrá ser prorrogado por cinco años, mediando comunicación de Mendoza Central Entretenimientos con una antelación no menor a 180 días”. Es decir, la empresa puede decidir continuar o no prestando el servicio, sin que el Estado pueda exigir nada, incluso dar por terminada la relación. Esto, para la Fiscalía de Estado es nulo.
El camino que le queda a Bianchinelli es renegociar esta cláusula de la prórroga o, en caso de que la empresa no acepte el convite, iniciar una acción de lesividad.
De esta forma y en caso de ganar la presentación judicial, el contrato se caería en julio del año próximo y el Instituto debería llamar a una licitación para contar con tragamonedas.
