El mercantilismo, la depredación, el robo burdo de patrimonio arqueológico y de otras piezas de valor cultural e histórico se potencian en nuestros tiempos porque se pagan precios fabulosos por piezas que se comercializan en el mercado ilegal de antigüedades.
En la realidad mendocina, la protección y vigilancia sobre tesoros culturales la ejerce el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Provincial de Patrimonio, con el apoyo de la Policía de Mendoza, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que conforman el Comité Mendoza de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.
La repartición que ocupa el edificio del viejo hospital público del parque San Martín llevó recientemente una propuesta sobre tráfico ilícito a un encuentro de gobernadores y otras autoridades de la frontera común entre nuestro país y el vecino de Chile.
La intención es acordar medidas y capacitar a quienes cumplen tareas en las zonas limítrofes y darles las herramientas para detectar rápidamente cuando se esté realizando un delito con estos objetos, que van desde una punta de flecha, un esqueleto indígena o un fragmento del mismo, un trozo de cerámica o un tronco fosilizado.
De forma general, la legislación vigente internacionalmente -convenciones de París de 1970, Unidroit (1995) y El Salvador, entre otras- establece que los bienes pertenecientes al patrimonio cultural y natural de los países sólo pueden ser exportados temporalmente con fines culturales o científicos. Por otra parte, la transferencia de la propiedad dentro del mismo país debe hacerse con conocimiento y/o aprobación de las autoridades.
Es así que se entiende por tráfico ilícito de bienes culturales a actividades como la exportación ilícita de bienes culturales del territorio nacional y a la importación de los mismos a la jurisdicción argentina.
También entra en la misma calificación la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales dentro de la Argentina.
Resulta oportuno todo lo que se haga en este ámbito, donde lo más grave, o dentro de lo más grave, está la destrucción de sitios arqueológicos, como siempre lo denunció el prestigioso y ya fallecido antropólogo y arqueólogo bonaerense Alberto Rex González o el mendocino Horacio Chiavazza, en nuestro medio.
Ellos y muchos otros estudiosos han señalado que el comercio ilícito de bienes culturales produce daños irreparables al patrimonio cultural de un pueblo, ya sea por el saqueo a emplazamientos arqueológicos y paleontológicos y la pérdida resultante de información histórica y científica, o la sustracción de piezas únicas e intransferibles.
Como se ve, hay varios frentes de ataque para frenar estos latrocinios y daños al patrimonio cultural, pero la batalla no está ganada, ni mucho menos.
Por un lado, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación ha declarado de interés nacional la lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales. Por otro, la provincia tiene leyes y decretos propios al respecto y además está cerrando acuerdos en esta materia con la República de Chile, con la que compartimos una extensa frontera.
Nos parece bien que la Dirección de Patrimonio local esté decidida a contribuir a la lucha contra el comercio ilegal de objetos culturales y a la restitución y devolución de objetos culturales entre ambos estados.
Para profundizar estas cuestiones, argentinos y chilenos dispusieron realizar un encuentro binacional sobre tráfico ilícito de bienes culturales en la ciudad de Mendoza, en la segunda quincena de noviembre de este año, para de esa manera poner en práctica medidas de protección y celebrar convenios bilaterales para la salvaguarda y protección del patrimonio cultural de ambas naciones, y encarar capacitación de funcionarios de control fronterizo de ambos países.
Es hora de actuar para impedir más delitos de esta naturaleza. Hay objetos, bienes, que no se recuperarán jamás, pero por lo menos impidamos que el saqueo a la memoria y la historia se profundice a partir de ahora, de una vez por todas.
