En uno de los últimos decretos de Alfredo Cornejo, la Provincia confirmó la toma de 30 millones de dólares otorgados por el BID para obras de la empresa Agua y Saneamientos Mendoza. Los convenios fueron firmados en octubre, pero recién la norma salió el lunes 23 de diciembre en el Boletín Oficial, justo cuando la manifestación antiminera copaba el Parque Cívico.
Con el endeudamiento que pidió el gobierno está frenado en la Legislatura, cabe preguntarse si esa deuda tiene autorización legislativa. Es que la gestión Cornejo recurrió a la ley 8.270, sancionada en marzo de 2011, en la que se autorizó al entonces gobernador Celso Jaque a tomar 160 millones de dólares para la recientemente estatizada Obras Sanitarias Mendoza.
El peronismo viene cuestionando la toma de deuda en el Gobierno de Cornejo, aún cuando la acusación es infundada: buena parte del incremento de las acreencias está vinculado a la cobertura de los pagos a proveedores y el rojo en las cuentas bancarias provinciales que dejó Francisco Pérez.
Pero el argumento opositor ha sido el sustento para que el peronismo no acompañara la votación para autorizarle a Cornejo el roll over (pago de deuda vieja con nueva) para este año y evalúa no otorgar el pedido que hizo el nuevo gobernador Rodolfo Suárez en el presupuesto 2020. ¿Los 30 millones de dólares para Aysam afectarán las negociaciones por esa solicitud de Suárez para el año que viene?
La devolución del crédito para Aysam es en 24 cuotas semestrales (12 años) y la tasa de interés será igual a Libor a seis meses (1,92% al 23 de diciembre pasado) más un margen de 1,35%. La primera cuota se paga al tercer año del primer desembolso del BID.
La pelea por el agua tiene varios frentes. Uno es el que se ha agitado en los últimos días entre el impulso que los partidos políticos mayoritarios buscaron darle a la minería y quienes resisten el desarrollo de la actividad en Mendoza. El otro frente es el de la necesidad de garantizar el servicio de Aysam, particularmente en los veranos, y para ello hacen falta obras.
La deuda eterna de Aysam
Aysam nació en setiembre de 2010, en la gestión de Celso Jaque. Las quejas por el servicio y el reclamo del Estado por obras para mejorar las prestaciones de la vieja Obras Sanitarias, dieron el marco para que OSM volviera al Estado. Entonces nació Agua y Saneamientos Mendoza, pero el problema de las obras para renovar la red y mejorar el servicio seguía vigente.
A principios de 2011 llegó el pedido de deuda de Jaque. Eran 160 millones de dólares que la Legislatura transformó en la ley 8.279 el 1 de marzo de ese año.
La autorización legislativa prácticamente le quedó servida a Francisco Pérez, quien asumió en diciembre de ese año. A lo largo de los cuatro años de Pérez se tomó una parte de esa deuda, pero esos fondos nunca financiaron obras en Aysam y fueron destinados al pago de gastos corrientes.
A tal punto fue así que en la ley que acordaron Pérez y Cornejo para la transición, la 8.816, se incluyó un párrafo revelador: "los fondos ingresados hasta la fecha de la sanción de la presente Ley, por la utilización de la autorización prevista en el Artículo 5 de la Ley 8.270 y que no hayan sido transferidos a la Empresa de Agua y Saneamientos Mendoza S.A. tendrán como destino cubrir las necesidades financieras del ejercicio en que se realizaron las operaciones de crédito público".
Ese párrafo significa que se le cambió el destino original previsto para la deuda y así Pérez no diera explicaciones ante la Justicia por malversación de fondos públicos.
Fuentes extraoficiales hablan de que en la administración Pérez se tomaron 30 millones de dólares que nunca fueron a financiar obras de Aysam. El dato en el Gobierno es esquivo. Un conocedor de los números dice que en esos cuatro años, se tomaron alrededor de 400 millones de pesos, a cotización de 2014. Ese año el dólar Banco Nación saltó de $ 6,55 el 2 de enero, a 8,56 pesos el 30 de diciembre de 2014. El incremento anual fue del 30%. Si se toma el valor del dólar al 2 de enero serían 61 millones de dólares, si se toma el valor al 30 de diciembre, sería 41 millones de dólares.
Así podría inferirse que quedan entre 100 y 120 millones de dólares de aquella vieja autorización de deuda, sobre la que ahora el Gobierno tomó 30 millones de dólares para Aysam.
Los 160 millones de dólares de la ley 8.270 vencen en 2020. Esto también fue parte de la negociación de Alfredo Cornejo y Francisco Pérez para la transición de gobierno en 2015. En el artículo 3 de la misma ley 8.816, se establece que los 160 millones de dólares venzan el año que viene.
