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hace 2 horas
Imputaron por desobediencia a tres profesores del Instituto Superior Normal Tomás Godoy Cruz por la toma que se realizó en el establecimiento a fines de agosto. La medida era en protesta contra las nuevas disposiciones de la Dirección General de Escuelas en la Educación Superior.
Gabriela Díaz, Miguel Sarmiento y Patrick Boulet firmaron la recepción de la notificación de la DGE que ordenaba desalojar el edificio y, según explicaron, se retiraron del lugar. Sin embargo fueron acusados igual.
Todo empezó el pasado 23 de agosto con la toma de colegio Normal a raíz de la resolución 2010. La cual plantea modificaciones en la Educación Superior. Al día siguiente, la DGE envió una notificación en la que se ordenaba desalojar el edificio.
Dicha notificación fue recibida y firmada por Gabriela Díaz, Miguel Sarmiento, Patrick Boulet, que en ese momento se encontraban en el lugar y que después se retiraron. La toma continuó hasta el sábado al medio día pero sin la presencia de los tres profesores.
Posteriormente, la Unidad Fiscal de Delitos Correccionales intervino y adelantó que imputaría a por lo menos 10 personas por desobediencia.
Una semana después, los tres docentes que firmaron la notificación pero no permanecieron en el edificio fueron imputados penalmente.
Ante esto, el abogado Pablo Salinas a cargo de la defensa de Díaz y Boulet, presentó una solicitud de sobreseimiento argumentando que no se incurrió en ningún delito.
"He planteado una solicitud de sobreseimiento basado en el artículo 3 53 inciso primero del código penal que y tiene que ver con la inexistencia del delito", explicó a Los Andes.
"No cometieron ningún delito porque se limitaron a firmar la notificación de la recepción", agregó Salinas. De acuerdo a la interpretación que hizo el abogado los tres profesores fueron imputados por el solo hecho de haber firmado la recepción de una notificación de la DGE.
Esto, no aplica desobediencia ya que la notificación ordenaba el desalojo del lugar y ellos se retiraron tras firmar el papel.
“El delito de obediencia tiene exigencias muy estrictas, entre ella la determinación de la orden y la recepción no iba determinada a ellos”, dijo Salinas.
En tanto, desde la DGE dijeron que la imputación corre por orden de la Justicia, ya que el gobierno escolar sólo se limitó a denunciar la violación de un derecho fundamental que es el derecho a la educación y que estaba siendo coartado por las personas que realizaron la toma.
Es decir, que la decisión de imputar penalmente a los profesores fue tomada por la fiscalía, que consideró que se estaba cometiendo un delito.
La toma
El 23 de agosto docentes y estudiantes decidieron tomar la institución como muestra de su rechazo a la resolución 2010 que plantea reformas educativas en los niveles terciarios.
La noche del viernes 24, el representante legal de la DGE intimó a los presentes a finalizar con la medida. “Ante la negativa a esta orden, el funcionario de la DGE produjo la intervención de la fiscalía”, dijeron en aquel momento.
Con la denuncia penal hecha, se dispuso que en los días venideros –los primeros de esta semana que se inicia– “se llamará a declaración indagatoria a algunos alumnos y profesores que realizaron la toma, quienes pueden ser imputados por el delito de desobediencia”, aseguraron desde el Ministerio Público Fiscal.
