El proyecto de modificación de la Ley de Tránsito N° 24.449 presentado por el Ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo que se ha estado debatiendo en el Senado de la Nación, merece ser tratado de manera urgente y, si es posible, debería sancionarse la ley durante2014. En el mismo se abordan diversos aspectos muy importantes para disminuir la siniestralidad vial. Paralelamente, es necesario que establezcamos criterios de racionalidad respecto del bienestar general de los ciudadanos y del impacto de las decisiones políticas en las economías regionales.
El proyecto además de aspectos positivos para el control vial plantea modificar la tolerancia al alcohol pasando de 0,5 g/l para vehículos particulares y 0,2 g/l para motocicletas a 0 g/l para todos los casos. No conocemos con precisión el impacto de Tolerancia Cero en las ventas en el mercado interno pero con seguridad genera una disminución del consumo de vino en los corredores gastronómicos. Según referencias del sector privado vitivinícola en la provincia de Córdoba, donde ya rige tolerancia cero, la venta de vino en restaurante disminuyó 30%.
Cabe destacar que la franja etaria que protagoniza mayor cantidad de accidentes, que es entre 15 y 44 años, consume mayormente otras bebidas alcohólicas, y en menor orden vino. Mientras tanto, la vitivinicultura ha disminuido sus ventas al mercado interno y el consumo de otras bebidas se ha incrementado.
Por ello, sostenemos lo expresado en los fundamentos del proyecto de Ley en cuestión, que consiste en seguir el modelo de la Unión Europea en relación al Plan Estratégico Vial 2010- 2020 con una línea basada en:
1. Un armónico límite de alcohol en toda la Unión Europea.
2. Tolerancia cero en conductores novatos y profesionales.
3. Instalación obligatoria de dispositivos de medición de alcohol en los vehículos comerciales y de pasajeros, y para los conductores que cometieron más de una infracción de alcoholemia positiva.
Los controles de alcoholemia en la vía pública establecen penalidades a la persona que viola las condiciones establecidas por ley con una finalidad correctiva y preventiva, pero no resultan del todo disuasivas. Esto se debe a que fácticamente la distribución territorial de los puestos de control en la vía pública y la temporalidad con que deben realizarse limita la fiscalización a un número acotado de personas y momentos.
De esta manera, los controles pueden recaer o no sobre personas que conducen bajo los efectos del alcohol, dejando al azar la consecución de potenciales tragedias sin ofrecer soluciones de fondo a la problemática del consumo abusivo.
La importancia de salvar vidas requiere de medidas que generen mayor certidumbre. En este sentido, es una alternativa valorable la incorporación de dispositivos de medición de alcohol en los vehículos que no permitan su encendido en caso de que el conductor haya excedido los límites legalmente establecidos. Estas tecnologías hoy se encuentran disponibles en el país y su costo oscila entre $ 3.000 y $ 5.000, monto por demás accesible si lo comparamos con el precio de otros componentes tales como una cubierta de camión cuya suma asciende a $ 7.000.
A partir de la evaluación de los beneficios inherentes a estos dispositivos para la seguridad vial y la posibilidad de adquirirlos en la Industria Nacional a un precio razonable, desde el INV diseñamos un proyecto de Ley para salvar vidas que establece su incorporación gradual y obligatoria en vehículos 0Km respetando los límites de tolerancia vigentes.
El mismo propone que los vehículos de transporte de pasajeros y de carga incorporen los sensores de alcohol en un plazo no mayor a 2 años una vez entrada en vigencia la ley manteniendo el límite de tolerancia de 0,0 g/l. Para el caso de las motocicletas 0Km propone incorporar los dispositivos con el límite de tolerancia de 0,2 g/l dentro de un plazo no mayor a 2 años en la categoría alta gama y de 3 años en aquellas de menor costo.
Finalmente, establece para los vehículos particulares 0Km incorporar los dispositivos con el límite de tolerancia vigente de 0,5 g/l en un plazo no mayor a 3 años una vez puesta en vigencia la norma.
Además, el proyecto de Ley descripto es complementario y se encuentra enmarcado en un programa de consumo responsable con el que estamos trabajando. En este último, tomamos por objeto la educación del ciudadano para obtener a largo plazo la transformación cultural necesaria para contraer el consumo abusivo de bebidas alcohólicas.
La conciencia acerca de los riesgos de conducir en estado de embriaguez, el conocimiento de los efectos de las bebidas alcohólicas en el organismo y la incorporación de hábitos de consumo moderado constituyen valores socio-culturales imprescindibles para el cuidado de la vida y la evolución de la sociedad en su conjunto.
Con tal fin hemos definido varios ejes de acción como: desarrollar programas de educación en diversos ámbitos dirigidos a generar conciencia sobre los riesgos del consumo excesivo de alcohol, ya que la prevención eficaz requiere un entendimiento acabado de cómo bebe la gente efectivamente; difusión y promoción de buenos hábitos de consumo mediante publicidades, de manera que la población en general reciba mensajes honestos y saludables sobre la relación alcohol y consumo; desarrollar un trabajo interinstitucional con entidades y ONG tendientes a generar conciencia sobre la problemática mediante las redes sociales, captando así la participación de los jóvenes adultos.
Con la suma de estas acciones pretendemos abordar la problemática de manera integral y con el compromiso de diversos actores del ámbito público, del sector privado y de la sociedad, con los que venimos trabajando. Nuestra mirada está puesta en salvar vidas con la mayor certidumbre posible y protegiendo el bienestar de todos.
Estamos a tiempo para tomar la mejor decisión.
