Ya está todo listo. Las pericias terminadas, las pruebas documentales disponibles, todo a punto para iniciar el proceso contra el suspendido fiscal de Estado Joaquín de Rosas. Al menos es lo que dicen en los desiertos pasillos de la Justicia y la Legislatura.
Todo listo y esperando que los miembros del Jury de Enjuiciamiento retornen del receso veraniego. Ahora, hay que recordar que De Rosas está suspendido desde agosto de 2012.
Tanta demora no es saludable para nadie. Es obvio que el principal perjudicado es el propio De Rosas. Las demoras encienden suspicacias y mantienen vivo su caso, al menos en la memoria de los medios de comunicación. Aunque también es cierto que no parece haber mucho apuro y es que en ese proceso se ventilarán hechos que tal vez algunos prefieran olvidar.
El caso que ha puesto a De Rosas en el banquillo es una compleja trama de hechos en los que el grupo Vila-Manzano se habría visto beneficiado por el accionar del fiscal de Estado. En esa trama estaba claro que Daniel Vila y Dalvian S.A. debían dos créditos a los viejos bancos estatales de Mendoza.
El primer crédito fue tomado por Dalvian en agosto de 1979 en el Banco de Mendoza y ascendía a 2 millones de dólares. El plazo para cancelarlo vencía en agosto de 1982. El 21 de noviembre de 1997, ante escribano público, Dalvian SA y los garantes Alfredo Luis Vila, Ruth Santander de Vila y sus hijos Daniel Eduardo Vila y Alfredo Luis Vila Santander, firman con el Ente Fondo Residual (EFOR) la escritura 142, en la que Dalvian reconoce adeudar U$S 3.570.642 y por la que el EFOR le perdona un 30%. Así es que se fija la deuda en U$S 2.499.454
El segundo crédito el grupo Vila-Manzano lo asume cuando compra Canal 7 de Mendoza (además de Canal 8 de San Juan). La deuda había sido contraída por Jorge Estornel, cuyo monto actualizado al 26 de noviembre de 1996, ascendía a 3.719.304 dólares.
Ambas acreencias, por la falta de pago, terminan en manos del EFOR, cuando los bancos oficiales de Mendoza fueron privatizados. Ambas suman U$S 6.218.758.
Paralelamente a la evolución de la deuda con el Fondo Residual, el Estado decide crear la reserva Divisadero Largo, en el pedemonte de la Ciudad de Mendoza. Dalvian y Daniel Vila tenían una propiedad cada uno a expropiar, junto con otros cuatro vecinos.
Se inicia el juicio de expropiación y, a pesar de que el Tribunal de Tasaciones había fijado un monto por metro cuadrado inferior a tres pesos, un tasador de Fiscalía de Estado abre la puerta a que Vila y Dalvian cobren 17 y 13 pesos el metro, según se trate de terreno llano o con accidentes respectivamente.
Hay sentencia de primera instancia y De Rosas no apela el fallo, ya que argumenta que Vila y Dalvian quieren compensar deudas: la que el Estado tiene con ellos por las tierras y la que ellos tienen con el Entre Residual.
Los otros cuatro vecinos querían cobrar lo mismo que Vila, hay sentencia de primera instancia con el mismo monto (17 y 13 pesos) y De Rosas apela los fallos, por entender que el monto es excesivo.
Las sucesivas apelaciones llevan uno de los casos a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza; ese tribunal entiende que el fiscal de Estado tiene razón en este caso y se pregunta por qué no actuó igual en los juicios de expropiación de Vila y Dalvian. Para responder a esa pregunta los supremos pidieron una investigación penal contra De Rosas.
La deuda con los bancos oficiales superaba los 6 millones de dólares. Lo que debían cobrar por la expropiación de tierras llegaba a los 3,5 millones de pesos. Pero, en la compensación que propició De Rosas, la poderosa familia terminó con un saldo a favor de casi dos millones de pesos, que "donaron" a la Provincia.
El 4 de abril de 2012, la diputada Patricia Gutiérrez (Unidad Popular), acompañada por los diputados radicales Daniel Dimartino y Roberto Infante y los senadores Gustavo Valls (Peronismo Federal) y Gustavo Cairo (Pro) presentaron cuatro denuncias contra De Rosas ante el Jury de Enjuiciamiento. Una de ellas fue esta polémica compensación de deudas.
El 16 de agosto de aquel año, el Jury desestimó las otras tres denuncias. La de la compensación no. Ese día decidieron suspender a De Rosas y empezar la tramitación del proceso oral contra el fiscal para su destitución. Desde entonces se vienen pidiendo pericias y produciendo demoras que algunos entienden que son dilaciones.
De acuerdo a la información que circula en los corrillos, la última pericia pedida ya fue entregada y Catastro también arrimó un plano en el que están marcadas las seis propiedades expropiadas. Con toda la prueba lista, en cuanto la Justicia vuelva de la feria, debería convocarse al Jury y fijar una fecha para iniciar el proceso.
Cabe recordar que el Jury está conformado por los siete miembros de la Suprema Corte, más siete diputados y siete senadores. Se trata de un tribunal de corte político que entiende en la destitución de funcionarios de rango constitucional y magistrados.
