En el marco del acuerdo logrado con la Argentina y del anuncio oficializado en la semana, el Fondo Monetario Internacional reclamó "un fuerte compromiso político, de toda la sociedad argentina", para que el esfuerzo al que el país se comprometió se traduzca en resultados beneficiosos para la ciudadanía.
Los economistas que hablaron el viernes en nombre del FMI señalaron que el programa para el otorgamiento en etapas de 50 mil millones de dólares de préstamo "necesita un fuerte compromiso para remover algunos desequilibrios fiscales y monetarios".
No debería sorprender ni indignar el planteo que realizan los responsables del organismo internacional de crédito. La actual coyuntura tendría que contribuir a tender puentes que permitan saltar sobre la grieta política y social que nos divide y que, es de esperar, alguna vez los argentinos deberíamos saber cerrar para siempre.
El crédito autorizado requiere de lógicas exigencias por parte del Fondo, que se traducen en la modificación de las metas de reducción del déficit fiscal que había establecido el Presupuesto 2018. En tal sentido, desde la oposición se argumenta que la ley presupuestaria perdió vigencia con los vaivenes económicos y la actual ayuda monetaria, punto de vista discutible pero no por ello exento de la necesidad de debate político. No obstante, esa ahora exigente oposición, en especial la kirchnerista, debería reconocer la parte de responsabilidad en el actual escenario que sin duda posee.
El recorte del gasto público que deberá apurar el gobierno nacional a partir de las exigencias del FMI tensará aún más la relación con los sectores opositores más radicalizados y llevará a los propensos al diálogo a una postura crítica inevitable, si se tiene en cuenta que la crisis económica que obligó a apurar el pedido de ayuda internacional aceleró, inesperadamente para muchos, el proceso que conduce a la campaña para las próximas elecciones presidenciales. En ese contexto se incluye por parte del Fondo otro reclamo vital: que las metas de inflación para los próximos años sean más realistas.
Antes de que se conocieran los términos concretos del acuerdo alcanzado con el Fondo, el oficialismo anticipaba que no era necesario llevar el debate del convenio al ámbito del Congreso.
En cambio, la mayor parte de la oposición venía reclamando que lo pactado pase indefectiblemente por el Parlamento para su convalidación. Resolver en consecuencia requiere de un grado de madurez política de unos y otros acorde con la gravedad de la situación actual, porque, al margen del éxito que pudiese tener el acuerdo, todo conduce a una caída del consumo de los argentinos y a un menor crecimiento de la economía.
Desde esta columna más de una vez hemos instado a la dirigencia política a apostar a la gobernabilidad, que se basa en el diálogo. Esta nueva instancia fortalece esa necesidad y brinda a la dirigencia en general la chance de mostrar de una buena vez la madurez política que los ciudadanos argentinos nos merecemos y que el mundo reclama del país. Sólo así el esfuerzo que seguirá haciendo la sociedad en su conjunto tendrá sentido.
