La nueva medida del Gobierno Nacional con respecto a "precios transparentes" continúa dando que hablar. A una semana de la implementación de la Resolución 51-E, Los Andes pudo corroborar que son muy pocos los comercios que cumplen con la normativa de diferenciar el precio de contado con el de cuotas en cada uno de sus productos.
De hecho, este medio pudo comprobar que en 10 cuadras sólo dos negocios cumplían con ello.
En este marco, lo que se observó mayormente es que las empresas decidieron informar principalmente el valor de un pago (sea efectivo, crédito o débito), mientras que el precio financiado sólo puede saberlo el consumidor si es informado por un vendedor o por un empleado en línea de caja.
Lo que sí sucedió es que las empresas sacaron en muchos casos los carteles que publicitaban cuotas sin interés. Mientras que otros colocan, por ejemplo, precio en efectivo, precio lista (valor financiado) y en cuánto queda cada cuota si se compra con tarjeta. Sin embargo, no advierten cuál es el costo de financiamiento.
Es así que la mayoría de los comercios de Mendoza está lejos de cumplir al pie de la letra con la normativa que entró en vigencia el 1 de febrero, la cual describe que “los comercios tienen que exhibir el precio de contado, el precio total financiado, el anticipo si lo hubiere, la cantidad y monto de cada una de las cuotas, la tasa de interés efectiva anual aplicada y el costo financiero total”.
Adolfo Trípodi, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), manifestó que el problema ha sido que muchos de los comercios no cumplen con la reglamentación porque aún no comprenden cómo hacerlo. Además, hay otros que desconocen que deben exhibir precios financiados o indicar el CFT (Costo Financiero Total) cuando ofrecen financiamiento con tarjetas de crédito.
Juan Viciana, de la UCIM, coincidió con su colega y dijo que por ello y ante el bajo nivel de cumplimiento están trabajando con los organismos públicos y privados así como con las cámaras para que todos cumplan. De hecho, "existe predisposición para hacer las cosas bien pero hay dudas a resolver e informar, sobre todo para el pequeño comerciante".
Según estimaron desde las cámaras empresarias, el problema radica en que muchos no entendieron cómo informar correctamente los precios según financiamiento, por ello es que están trabajando para poder bajar la Resolución a la práctica.
En el recorrido realizado por Los Andes, se pudo comprobar en cierta medida lo que mencionan los dirigentes. Los comercios optaron por colocar el precio de contado y no el financiado, "ya que resultó ser la forma más fácil y de rápida implementación y así cumplir por lo menos "a medias" con la reglamentación", mencionó Trípodi.
A pesar de los contratiempos, tanto Viciana como Trípodi remarcaron que la medida de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción de la Nación en cuanto a informar los precios resulta de suma importancia. Sobre todo cuando sabemos que más del 70% de la gente compra con tarjeta y el consumidor, en definitiva, no sabe lo que debe abonar de más cuando incurre en ese gasto o cuando abona con Ahora 12 o Ahora 18.
En este sentido, Rodrigo González, economista de Fundación Ideal, precisó que la tasa directa -que es la que le cobran las tarjetas a los comercios para Ahora 12- es del 10% más 3% de impuestos; lo que termina siendo del 13%, mientras que para Ahora 18 es del 15% más 3% de impuestos, terminando así en una tasa de financiación del 18%.
Pero además, si el producto es financiado fuera de estos planes del Gobierno y puede adquirirse con otras tarjetas, el comercio debe informar. Para el consumidor, el Ahora 12 tiene una tasa efectiva anual (TEA) del 22,17% y un costo financiero total (CFT) del 27,69%; mientras que en el Ahora 18 la TEA es del 23,8% y el CFT del 30,01%.
Estos valores rigieron desde el comienzo del programa pero no eran visibles como lo son ahora.
En este caso, González aclaró que las tasas de los planes del Gobierno son mucho más convenientes que las que están fuera del plan, donde el costo financiado llega al 40%-45%.
De hecho, en una de las pocas casas que exhibía los precios, se podía ver que en un pago, un TV led valía $ 15.299. Pero además se podía comprar en 12 cuotas de $ 1.529, a un CFT del 41,98%. Por lo tanto, ese televisor financiado terminaría costando $ 18.348.
Otro punto que pudo corroborar Los Andes con respecto a los precios de productos del 31 de enero, es que muchos de los artículos variaron su precio, bajando el valor en un pago o al contado, pero se incrementó el costo con financiamiento. Es así, que algunos precios pueden variar entre 5% y 30% hacia arriba y abajo.
En este marco, Viciana dijo que ellos no han notado un aumento en los precios pero sí un descenso de los precios en muchos artículos en pago contado.
Otro punto en que Trípodi hizo hincapié es que la dificultad de los comercios en informar las cuotas en los planes nacionales, ya que además, creen que colocando los CFT muchos de los consumidores pueden considerar que ha cambiado y el costo es mayor por lo que dejan de comprar, justo en una época en donde las ventas no paran de descender.
Según datos de la FEM, en enero la caída de ventas en Mendoza duplicó a la del resto del país con una baja de 5,53% con respecto a igual mes del año pasado. El descenso a nivel nacional fue de 2,5%.
Sin multas, se apunta a informar
A pesar de la falta de cumplimiento, desde las cámaras empresarias Defensa al Consumidor y la Dirección de Fiscalización y Control, informaron que son pocas las multas que se han colocado y que las mismas se orientan principalmente a comercios que han infringido la ley en cuanto a dejar carteles que publicitan las cuotas sin interés. Hasta el momento, se está teniendo mayor consideración para aquellos que sólo ponen el valor de contado.
Según explicaron desde la FEM, las primeras inspecciones de la Dirección de Fiscalización verificaron que hay comercios que no exhiben precios y algunos que tenían carteles que decían seis o doce cuotas sin interés. En este marco, se labraron infracciones, ya que esas prácticas están prohibidas en la nueva resolución.
Sin embargo, en diálogo con Los Andes, la directora del organismo, Mercedes Zuloaga destacó la semana pasada, que para los comercios con mayores artículos, la implementación iba a llevar su tiempo e iban a ser más flexibles hasta el 25 de febrero cuando mantendrán una reunión con autoridades nacionales en Buenos Aires.
Asimismo, desde Defensa al Consumidor, Mónica Nofal, comentó que hasta el momento no han recibido ningún tipo de denuncia por parte de los consumidores, en cuanto a la aclaración de precios así como tampoco reclamos por incrementos.
