El gobierno de Mauricio Macri está apurado y quiere que el Congreso apruebe la mayoría de las propuestas de reformas planteadas antes de fin de año: tanto el pacto fiscal como el de responsabilidad fiscal, así como la reforma tributaria y la previsional. Sabido es que lo más difícil será la reforma laboral por las disputas internas entre las centrales sindicales.
No obstante, la tarea no será fácil. El cambio de la fórmula de ajuste de las jubilaciones está siendo tomado como bandera. Siempre los jubilados fueron usados, pero no para cobrar sino para conseguir ventajas políticas.
Nadie se pone a analizar la realidad de la situación del financiamiento del sistema jubilatorio, que está virtualmente quebrado. De la misma forma, la aplicación de la vieja fórmula no se hizo bien, porque debía computarse a la totalidad de los beneficiarios y no sólo a los que habían hecho aportes. Si se aplica bien la fórmula, es probable que el ajuste sea menor al propuesto por el gobierno.
Los otros proyectos no deberían generar diferencias, ya que han sido acordados por los gobernadores, pero los sindicalistas se oponen porque asustan con rebajas salariales o pérdidas de puestos de trabajo.
La reforma laboral está más complicada. Pablo Moyano acusa, a quienes aprueben lo acordado por la CGT, de haber sido comprados con “la Banelco”, reviviendo lo que había hecho su padre en ocasión de la ley de flexibilización laboral, aprobada durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
En medio de esta disputa entre centrales sindicales, el triunvirato que conduce la CGT no quiere ir a las reuniones de comisiones donde se trata el acuerdo que ellos mismos firmaron con el gobierno. Esto demora el tratamiento porque muchos legisladores quieren que los conductores de la mayor central de trabajadores ratifiquen en sede legislativa lo que acordaron con el Ejecutivo.
Toda esta turbulencia política está causando preocupación entre los sectores empresarios, aunque los grupos más grandes ya están cerrando nuevas condiciones de trabajo con los sindicatos en forma individual. Esta fórmula negociadora consiguió destrabar la situación de Sancor y mejoró la situación en los yacimientos petroleros de Vaca Muerta.
El problema lo tienen las pymes, que no tienen capacidad negociadora frente a los grandes sindicatos y deben cumplir normas negociadas para grupos con más actividad y más espaldas económicas. Lamentablemente, en nuestro país los grandes negocian entre ellos y les imponen condiciones a los más chicos, sacándolos del mercado.
El problema inflacionario
El gobierno siempre prefiere ver el vaso medio lleno y argumenta que la política contra la inflación ha sido exitosa, toda vez que bajó de un 42% en 2017 a un 23%, como se calcula que cerrará en 2017. El problema es que esta conformidad choca con las metas del Banco Central, que había fijado un máximo de 17% y, en consecuencia, generó fuerte torniquete monetario subiendo tasas a niveles insólitos del 29%, el cual jura sostener hasta abril próximo.
La realidad indica que los objetivos que planteó el Banco Central fueron fijados a comienzos de 2016 y, en ese momento, eran compatibles con las metas fiscales, que eran más ambiciosas en términos de reducir el déficit fiscal más rápido. Pero a mediados de ese año y en virtud de un importante aumento de los gastos sociales, el gobierno reformuló las metas fiscales e hizo más largo el proceso de baja del déficit.
Pero esta reformulación fiscal no fue acompañada por la autoridad monetaria, que decidió dejar firmes las mismas metas, y esta falta de correspondencia entre ambas es lo que está generando una gran tensión en la economía, con el agravante que la inflación no baja y el déficit tampoco.
La tensión inflacionaria está asegurada por los aumentos de tarifas que ya se habían anunciado y comienza a ejecutarse en diciembre.
Los políticos aseguran que ha sido un gesto del ministro de energía, Aranguren, hacia el presidente del BCRA. ¿Por qué? Básicamente, porque como consideran que la meta de 2017 ya está perdida. Era preferible cargar una parte de los aumentos a este año para descomprimir los índices de 2018.
De todos modos, éste es un ejercicio teórico ya que no se computan los traslados futuros de dichos aumentos a los costos de las empresas, y esto se va reflejando en la inflación estructural durante un trimestre más. Por esa razón, a pesar de haberse “ahorrado” el último mes de 2017, el año próximo deberán lidiar con más aumentos y con una pauta inflacionaria muy por encima de la meta del 12%.
Los aumentos a estatales en Mendoza
Éste es un tema controversial ya que se produce una diferencia sustancial entre la concepción de los ciudadanos que pagan impuestos y los ciudadanos que trabajan en el Estado. En una economía que casi no crece por pérdida de competitividad cambiaria que necesita, además, que le bajen impuestos, se crean muy pocos empleos privados y los salarios estatales, en promedio, son superiores a los privados.
Esto es un contrasentido ya que son los privados los que deberían crear riqueza y con eso pagar sus impuestos y los ingresos deberían ser similares. Sin embargo, en esta economía que no crece, el gobierno anuncia e pago de un bono de $ 7.000 a cada empleado estatal ante la mirada atónita de los privados que no sólo la ven pasar sino que deben financiarla. Absurdo.
Si el gobierno paga esta suma es porque tiene la plata (más de $ 800 millones) y si la tiene es porque crecieron sus ingresos y fue responsable con los gastos. Frente a esto, y ante la necesidad que la economía provincial se reacomode, sería más razonable usar esos recursos para acelerar la baja de impuestos al sector privado antes que repartirlos en una fiesta sólo para estatales. Lo peor es que esta actitud es repetida por muchos municipios.
El gobierno provincial quiere evitar conflictos con sus empleados, pero se gana la bronca de la sociedad. Los jubilados, que también pagan impuestos para financiar la fiesta del Estado, deben asumir una menor actualización de sus haberes mientras ven este reparto impúdico de fondos públicos cuando es mucho lo que falta por mejorar en servicios a la comunidad.
Los funcionarios públicos siguen considerando que los fondos del Estado pertenecen a ellos y no asumen que son simples administradores de recursos de la sociedad, a la cual deben devolverle servicios de calidad. En realidad no han aprendido. No hemos cambiado nada.
