La política argentina está a punto de entrar en una fase de definiciones trascendentes, como pocas veces ha ocurrido en estos casi 30 años de democracia. Esta aseveración, que suena quizás excesivamente dramática, surge de imaginar como posibles sendos fallos de la Corte Suprema de Justicia que declaren inconstitucionales a dos leyes que integran la reforma judicial encarada por el Gobierno.
Una es la que limita las medidas cautelares contra el Estado y la otra es la que establece que las representaciones de jueces, abogados y académicos para el Consejo de la Magistratura se elegirán este mismo año en elecciones generales de distrito único.
La primera de esas leyes ya fue promulgada y la segunda será aprobada el próximo miércoles en el Senado. Se supone que a partir de ese momento habrá una avalancha de presentaciones en los juzgados de primera instancia pidiendo el per saltum, es decir, que se altere el camino normal en tribunales y que estas cuestiones sean tratadas directamente por la Corte.
Hay sin embargo otro elemento que excede el mero trámite judicial y es el contexto político en el que esta controversia tiene lugar. La presidenta Cristina Fernández ha decidido embestir de un modo virulento contra la Justicia, cuya cabeza es la Corte, porque considera que la mayoría de los fallos no favorecen los intereses de su gobierno.
Un desafío
Esta actitud presidencial ha puesto al máximo tribunal en la plenitud de su responsabilidad institucional, que es garantizar el cumplimiento de la Constitución nacional y defender la independencia del poder que representa. Si la Corte decide entonces marcar un límite a la pretensión de Cristina, estaremos nomás frente a un conflicto político de magnitud.
Los testimonios de ex funcionarios muy cercanos al fallecido Néstor Kirchner y a su esposa recuerdan que en dos oportunidades cruciales para el proyecto político que encarnaron, estuvieron a punto de renunciar. Eso ocurrió primero con la votación adversa de la resolución 125/08 de las retenciones agropecuarias en el Congreso en 2008 y luego cuando en 2009 el ex presidente perdió las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires.
¿Podría suceder lo mismo ahora si la Corte se pronuncia en contra del criterio oficial? La duda está instalada hasta en los niveles más elevados de la cúpula oficial. Hay funcionarios de alto rango que admiten en privado que la ven a Cristina muy alterada, por demás irritable y más confrontativa que de costumbre. "Ése es un estado explosivo, capaz de generar reacciones impensadas", podría definir el cuadro cualquier psicólogo.
Lo cierto es que todos los ojos miran a la Corte y, según han dejado trascender algunos de sus miembros, como autoridades encargadas de velar por el respeto del derecho, se sienten frente a la obligación de ejercer el contrapoder. Aclaran rápidamente, para evitar malos entendidos, que contrapoder no es la expresión de una antinomia con el poder político, es decir un poder en potencia dirigido a suplantar al poder existente. El contrapoder, en la consideración teórica, es una instancia de legitimación de la acción del poder político o una institución cuya facultad es impedir excesos. Eso haría la Corte si anula las polémicas leyes.
Este cuadro de expectativas cada vez más fuertes en el terreno político, se da dentro de un apretado calendario electoral que es decisivo para el Gobierno. El plazo máximo para convocar a los comicios legislativos de este año es el 13 de mayo y en esa convocatoria la Presidenta incluirá la elección de consejeros al Consejo de la Magistratura. Si los jueces no avalan esa ley, Cristina tendrá en sus manos el mejor argumento para victimizarse como rehén de la incomprensión política.
Otros asuntos
Lo curioso del conflicto político que podría estar en ciernes, es que otros temas más próximos a las preocupaciones cotidianas de la sociedad producen en paralelo un deterioro adicional de la confianza en el Gobierno. El dólar no oficial cerró la semana a 9,88 pesos y las afirmaciones del vicepresidente Amado Boudou, minimizando ese indicador, fueron más una actitud de debilidad que de fortaleza. La Presidenta pidió frenar esa escalada, pero hay circunstancias en las que querer no es poder y eso vale también para Cristina. Una economía con alta inflación real es un problema palpable para el común de los ciudadanos y así lo reflejan las encuestas.
En lo estrictamente político el peronismo en disidencia, como los tiburones, huele sangre y se agrupa. Esto no es novedad en la historia de ese movimiento. Es precisamente lo que le ha permitido hegemonizar la política argentina.
