Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
Por estos días, el Ministro Alfonso Prat-Gay explicó la actual etapa de la gestión del gobierno diciendo “por ahora estamos sacando basura”, como una forma de referirse a la cantidad de medidas que se están adoptando con la intención de normalizar el funcionamiento de los mercados y permitir una adecuación de los precios relativos de la economía.
El panorama que se recibió consistía en una acumulación de distorsiones que tenían paralizada a la economía. Destrabarlas traería como consecuencia una primera etapa llena de molestias porque había que sincerar precios de la economía absurdamente congelados y financiados con subsidios. La consecuencia, más allá del impacto sobre empresas y personas, se vería reflejada en los índices de precios.
El primer problema que el gobierno debía resolver era liberar las importaciones. Parecía un absurdo que este fuera el tema prioritario pero era parte de la herencia. El ex ministro Kicillof había firmado un acuerdo con la Organización Mundial del Comercio para eliminar todas las restricciones no admitidas por el organismo. El pazo fijado era el 31 de diciembre de 2015.
Pero el gobierno no podía liberar importaciones manteniendo el tipo de cambio atrasado porque hubiera significado una ventaja desmedida para los importadores, lo que implicaba la necesidad de levantar el cepo cambiario. Se podía hacer con tipo de cambio libre o con una devaluación manejada por el Estado que siguiera poniendo precios, pero lo cierto es que era imposible liberar importaciones sin tocar el tipo de cambio. Esto lo sabían muy bien los kirchneristas y también los candidatos que pujaban por la presidencia.
Además, no tocar el tipo y la forma de manejo cambiario hubiera traído como consecuencia mayor demanda de dólares por parte de los importadores al Banco Central, que estaba muy corto de reservas. Hoy los importadores compran en el mercado y les venden a los importadores, que es una forma normal de hacer transacciones, sin afectar reservas y sin obligar al BCRA a emitir moneda cada vez que se liquidaba una exportación.
Los temas tarifarios
Una de las distorsiones más grandes estaba en las tarifas de los servicios públicos, que estaban atrasadas, pero con niveles de subsidios disímiles según la zona. El área metropolitana de Buenos Aires mantenía las tarifas congeladas a diciembre de 2001, mientras que en el resto de las provincias habían tenido correcciones.
Incluso, cuando Cristina anunció la “sintonía fina” de las tarifas, al asumir su segundo mandato, estos ajustes se practicaron en el interior del país y no en el área cercana a la Casa Rosada. Todos los barrios cerrados se quedaron sin subsidios hace 4 años en el interior pero no se aplicaron en toda la zona más rica del país.
Todos sabían que había aplicar el sinceramiento, más allá de que cada uno podía tener su propio método, ya que estaba demostrado que el grueso del déficit fiscal era generado por estos subsidios. Además, los precios congelados no habían estimulado mayor producción pero si mayor demanda, lo que implicó tener que importar gas, naftas y electricidad, generando un brutal drenaje de reservas del Banco Central.
El primer ajuste consistió en aumentar las tarifas eléctricas, que en el sector porteño significó un 700% de aumento y en interior del país algo más del 100%. El problema es que con ese ajuste no se cubrió la estructura de costos. Hoy la electricidad se está facturando a 320 pesos el Mw hora, y el costo es de 720. Fuentes del Ministerio de Energía admiten que en junio o julio deberán hacer un nuevo ajuste tarifario.
En el caso del gas, es inminente un ajuste de tarifas, aunque de menor proporción que en la electricidad. No obstante, todavía hay que seguir importando gas. Todavía viene de Bolivia, pero ahora le vamos a comprar a Chile, que lo importa y nos lo revende utilizando el gasoducto de Gas Andes, a la altura del Valle de Uco, por el cual antes le vendíamos. Los absurdos de una administración fuera de foco que nos dejó sin abastecimiento.
Falta la parte más compleja, que es ajustar las tarifas de transporte público de pasajeros, donde se subsidia los combustibles y hasta los salarios. Se supone que deberán hacerlo en varias etapas para evitar golpes violentos a los presupuestos familiares. Aumentar 2 pesos el boleto implica un aumento del gasto familiar muy superior a los del gas y la electricidad juntos. Y el nivel de atraso es muy grande.
Lo que falta
En el corto plazo el gobierno debe solucionar el tema pendiente de arreglar la deuda con los holdouts para poder tener capacidad para financiarse sin tener que emitir moneda. Esta es una solución de corto plazo, pero en el mediano y largo plazo hay que bajar el gasto, hacerlo más eficiente y terminar de eliminar subsidios generalizados para poder ponerle fin a la inflación, que es el problema más grave que impide un despegue serio de la economía.
El mayor de los problemas será ajustar los gastos provinciales. Si bien se acordó una forma de ir devolviendo el 15% de la masa coparticipable que Cristina Kirchner había retenido ilegalmente, las provincias se han llenado de personal y de gastos muy ineficientes.
También subieron impuestos al igual que muchos municipios que no solo los aumentaron sino que inventaron otros que son marcadamente inconstitucionales.
La basura más pesada puede quedar sacada hacia mediados de año, dando un panorama más claro que permita reactivar la economía pero todavía queda mucha basura muy pegada que habrá que refregar para poder sacarla. Hay que bajar impuestos nacionales, provinciales y municipales que están generando distorsiones y pérdida de competitividad.
La totalidad de los impuestos de todas las jurisdicciones juntas representan cerca del 60% del precio de un producto y con el resto deben vivir los integrantes de las cadenas comerciales, donde los más fuertes estás destruyendo a los más pequeños.
Hay mucho por hacer y solucionar, pero había que empezar por el principio, que era sacar la basura más grande y más grosera. Habrá que ver cómo se van dando los resultados.
