El sábado 26 de enero se cumplen 34 años del último terremoto significativo en el Gran Mendoza. ¿Qué cambios se han producido en este tema que preocupa a una parte de la sociedad que experimentó dicho fenómeno?
Los estudios realizados después del temblor han permitido contar con una microzonificación de la zona afectada, identificando las fallas existentes, lo que ratifica la naturaleza de los terremotos locales, generados históricamente a profundidades menores a 20 kilómetros y que producen daños importantes en muy pocos segundos (sismos impulsivos). Sin embargo, es necesario continuar con los estudios de caracterización del sitio, en zonas de crecimiento urbano como el pedemonte y urbanas, a través de los distintos planes de ordenamiento territorial municipales, identificando zonas de peligro sísmico y proponiendo distintos niveles de restricción en las construcciones por razones de seguridad.
Niveles de seguridad
La respuesta sísmica de las estructuras y de los suelos a los distintos terremotos ocurridos en el mundo, se ha convertido en experiencias muy valiosas para la actualización de los reglamentos de construcciones. El terremoto de Mendoza de 1985 dio origen al Código de Construcciones Sismorresistentes de 1987, que no todos los municipios adoptaron y que produjeron desarrollos inmobiliarios con distintos niveles de seguridad, separados solamente por el ancho de una calle. También se aprobó la primera reglamentación sobre estudios de suelos, de referencia nacional.
El Gobierno de Mendoza, los concejos profesionales, las universidades locales y las instituciones nacionales, redactoras de reglamentos, impulsaron la discusión de la problemática sismorresistente del país de manera que todas las construcciones sismorresistentes nacionales tengan un mismo nivel de seguridad sísmica, y así se logró el reglamento Inpres-Cirsoc 103 Tomo I en 2013, reglamento aprobado sin mediar un terremoto local pero que ha tenido en cuenta las enseñanzas de los últimos terremotos de Chile (1985, 2007, 2010), Japón (1995, 2011), Italia (2006, 2009), Estados Unidos (1989, 1994), México (1985), entre los principales.
La problemática de la vulnerabilidad sísmica del ambiente construido es un tema pendiente, ya que la economía y la ingeniería pueden entrar en conflicto. Se podría disminuir el costo inicial de una construcción, pero ante un terremoto significativo, los costos escalarán de golpe cuando hay que reparar o reemplazar edificios.
Habitualmente a los desarrolladores inmobiliarios les interesa disminuir el costo inicial. Sin embargo, a las autoridades de aplicación les corresponde cuantificar qué sucederá con las construcciones existentes, que no cumplen normativa o que la cumplieron y que hoy está desactualizada. El papel del propietario empieza a ser importante en la determinación de cuál es la vida útil esperable para su construcción. Otra problemática que se puede sumar es el fenómeno de construcción informal o sin supervisión ingenieril, que es complejo cuantificar a la hora de evaluar riesgos potenciales. Mendoza y San Juan son ejemplos nacionales e internacionales de los beneficios de aplicar el contralor municipal en los planos de construcción.
Cañerías y otras instalaciones
La resistencia sísmica de servicios, equipamientos e instalaciones es más compleja de evaluar y es más difícil prever su comportamiento sísmico. En algunos casos se convierte en el eslabón débil ya que se observa falta de renovación y de mantenimiento en condiciones de servicio normal, situación que se agravaría bajo acción sísmica. Un ejemplo son las cañerías colectoras de cloacas en zona urbana, que han cumplido su vida útil.
Por lo tanto generan problemas de asentamientos en pavimentos de calles, veredas y edificios. Este es un tema donde el Estado debe seguir trabajando, ya que ante un sismo significativo existe la posibilidad de no contar con la provisión de agua potable, ya sea por deslizamientos no controlados o por problemas en la infraestructura de provisión por rotura de cañerías, que no cuentan con uniones deformables para soportar los sismos.
Un sismo significativo también pondría en problemas la provisión de gas, de uso mayoritario, ya sea por rotura de conexiones no deformables o por incendios del gas conducido.
La distribución de la energía eléctrica también podría ponerse en el tapete por problemas de daños en la infraestructura de distribución, lo mismo que las instalaciones para comunicaciones. También conexiones y manejo de datos que producirían caídas de los sistemas. Algunas de las instalaciones vitales de funcionamiento permanente después de los terremotos destructivos son represas, canales, hospitales, cuarteles de bomberos, estaciones de policía, oficinas gubernamentales, puentes, escuelas, fuentes de energía y servicios de comunicación. La infraestructura vial podría tener problemas en zonas de deslizamiento o licuación y una problemática a evaluar es el estado de los puentes y sus accesos.
La ciudad de Mendoza se conecta con el Gran Mendoza a través de más de 30 puentes sobre canales y zanjones de distinta antigüedad y mantenimiento, debiéndose citar al canal Cacique Guaymallén como uno de los más importantes.
Cerro de La Cal
Mendoza cuenta hoy con 12 hospitales y 1.600 camas disponibles que no serían suficientes para un escenario posible con terremoto originado en el cerro de La Cal (al oeste de la ruta provincial 52, Las Heras, cerca del paraje Capdeville) según los últimos informes de asesores internacionales de riesgos. Estas situaciones indican que también hay que actualizar la infraestructura existente.
Los escenarios presentados requieren de una importante formación de los ciudadanos y de los profesionales para lograr del desarrollo de ciudades sustentables y ciudadanos resilientes. El proceso de diseño y construcción con elección de formas y materiales deben mejorarse, integrando las distintas especialidades: arquitectura, ingeniería estructural, proveedores de servicios y reguladores del territorio. La reducción del riesgo sísmico requiere del aporte educativo para elevar el nivel de conocimiento de la profesión y de planes nacionales, provinciales o locales.
Es un asunto complejo que involucra a muchas personas con diferentes vocaciones, mucha información, opiniones y decisiones y acciones. Gestionar los cambios necesarios para reducir el riesgo de terremotos es una tarea difícil en la que todas las personas de una región sísmicamente activa están implicadas explícita o implícitamente.
