Si el accionar del delito común, flagelo que se despliega en escenarios más bien acotados como ciudades, pueblos y zonas rurales, no puede ser frenado, cuánto más difícil resulta reprimir la depredación de ambientes naturales y preservar la fauna silvestre en un país rico en naturaleza como el nuestro, con enormes extensiones de terreno.
En el último encuentro de la Red Argentina contra el Tráfico de Especies Silvestres (Ractes) se dio aviso, lamentablemente, de que el comercio de fauna silvestre continúa vigente en el país. Los depredadores y traficantes ingresan a las vastas extensiones de reservas, bosques y montes sin impedimento alguno, y lo mismo ocurre en nuestra precordillera.
A la tradicional venta callejera de animales menores, que la Fundación Cullunche denuncia en forma constante, en la actualidad se han incorporado medios online en los que grupos y miles de personas se dedican al comercio ilegal, superando en posibilidades a otras formas de venta de avifauna, reptiles y mamíferos.
Las denuncias en el mismo sitio no dan resultados dado que la Ley de Fauna 22.421 es vieja y no contempla el delito en este marco de nuevos formatos de transacción.
A esto se suma la falta de control de las diferentes direcciones de fauna sobre esas operaciones en internet, los problemas de las distintas jurisdicciones y el hecho de que esas redes sociales no tienen responsables fácilmente ubicables. Por otra parte, en la mayoría de los casos la Justicia en sí, fiscalías en particular y fuerzas de seguridad en general, no disponen aún de conocimientos suficientes sobre la problemática del comercio de fauna silvestre.
Entre los animales más traficados podemos mencionar aves (loros, tucanes, lechuzas y pájaros de canto melodioso como jilgueros, reinamoras, reyes del bosque, cardenales, capuchinos) y reptiles, siendo la tortuga común de tierra un caso emblemático del tráfico ilegal. También peces, arañas y plantas.
Así como todas las especies nativas protegidas deben resguardarse, un particular énfasis hay que poner en aquellas declaradas Monumento Natural Nacional (el cóndor, por ejemplo). Y también poner punto final a los ilegales cotos de caza. Debe comprenderse que el comercio de fauna es una actividad que atenta contra el patrimonio nacional y la biodiversidad, con implicancias negativas sociales, ecológicas económicas y de bienestar animal.
Por falta de información, interés y capacitación, es muy difícil conseguir el accionar de las fuerzas de seguridad y sus correspondientes órdenes de allanamiento. Es necesario encarar de manera urgente la capacitación e instrucción del personal de seguridad y justicia en estas importantes áreas, y comenzar a aplicar las leyes en vigencia a la hora de combatir el flagelo del comercio de fauna.
Sin menoscabar la titánica tarea de los guardaparques mendocinos de la Dirección de Recursos Naturales, nobles vigías que controlan y reprimen los ilícitos ambientales con pocos medios y en grandes extensiones, un buen ejemplo de interés en la defensa de una reserva natural lo ofrece la empresa Villavicencio, que protege 62.000 hectáreas de biodiversidad nativa en el departamento de Las Heras.
