El 2018 se termina con todas las variables económicas en rojo, tras un salvataje del Fondo Monetario Internacional (FMI) que evitó un estallido pero no logró despejar la incertidumbre instalada sobre el futuro de corto plazo de la Argentina.
La gran protagonista de esta historia vertiginosa y demoledora para los ingresos de los consumidores fue la crisis financiera que empezó a avizorarse el 5 de marzo y terminó de explotar a fines de abril, en una economía dolarizada de hecho que sólo emite pesos.
En cinco meses, el Banco Central perdió 12.287 millones de dólares de reservas y sólo se puedo frenar la sangría con un blindaje del FMI y la aceleración a fondo del ajuste fiscal, secando a partir de octubre la plaza de pesos.
El año había comenzado con una expectativa de crecimiento del 3,5% para el Producto Bruto y una inflación máxima del 17%. La realidad no podría haber sido peor: la economía caerá 2,4% y los precios habrán subido 48%.
Con semejante desfasaje entre lo proyectado y lo materializado, en los pasillos de Casa Rosada y del Palacio de Hacienda intentan evitar ahora dar nuevos pronósticos para 2019. Habían dicho que la economía rebotará en abril, pero ya tienen más dudas que esperanzas.
Hubo condicionantes, claro: la sequía hizo perder 7.000 millones de dólares; y las tensiones globales por la guerra comercial y la suba de tasas en Estados Unidos afectaron a las economías emergentes, aunque a ninguna como a la Argentina.
En la Unión Industrial Argentina (UIA) y en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) han concluido en una sentencia preocupante: la sequía y la situación global exponen que el problema está en el modelo económico y su confusa y atropellada implementación.
La industria y los comercios entienden, a diferencia del Gobierno, que con la raquítica performance del mercado interno, sus negocios están condenados al estancamiento y, en un mediano plazo, la imposibilidad de sostenerse.
Las variables de impacto social han sangrado como nunca desde el 2001: cayeron entre 10 y 20 puntos los salarios; la pobreza se disparó al 32%, nivel más alto en una década; y el desempleo crece día a día, a punto de cruzar la barrera de los dos dígitos.
Son estas las consecuencias más dolorosas de un programa económico que, erróneo o no, estuvo plagado de desaciertos y decisiones tomadas a destiempo, con marchas y contramarchas que generan mayor incertidumbre por la sensación de desgobierno.
Si bien el déficit fiscal es un grave problema heredado del kirchnerismo, la gestión de Mauricio Macri primero lo amplificó y luego lo bajó de forma violenta, elevando la presión impositiva que asfixia a un sector privado vapuleado por caída de ventas y tasas de interés del 60%.
Hacia un año electoral, en el que el Gobierno se someterá a un plebiscito, reinan las dudas sobre el futuro y no se despeja la incertidumbre sobre si la estabilización macroeconómica que celebra Cambiemos es pasajera o definitiva, con temores de una crisis mayor.
Menos piquetes y protestas callejeras
El peor año económico de Mauricio Macri, 2018, tuvo menos protestas callejeras con cortes de tránsito que el peor año económico de Cristina Kirchner, que fue 2014.
Esta conclusión se desprende de un informe realizado por la organización Diagnóstico Político, según el cual mientras en 2014 se realizaron 6.805 cortes de calles y rutas en todo el país, entre enero y noviembre de este año se realizaron 5.390, con una proyección a 5.500 contando diciembre.
Según estadísticas públicas, con Cristina Kirchner en la presidencia y Áxel Kicillof de ministro de Economía, el año 2014 terminó con una caída de la actividad del 2,7%, además de una baja en la fabricación y venta de autos, la construcción, el sector inmobiliario, las importaciones y las exportaciones, el consumo, los salarios y el crédito, y de un aumento de la desocupación y de los precios del 40% anual.
Pero 2018 acaba con 1.300 piquetes menos que en 2014.
En diálogo con Los Andes, uno de sus especialistas, Roberto Chiti, atribuyó esta diferencia entre el peor año de la presidencia de Cristina contra el peor de la era Macri a que durante la actual gestión se produjo "una gran inyección" de dineros públicos en las organizaciones sociales para atemperar las protestas frente a problemas como la inflación, el desempleo, los despidos, la precarización laboral y las subas de impuestos y de tarifas de servicios públicos.
"El 2017 terminó con 5.221 piquetes pero 2014, 2015 y 2016 terminaron con más de 6 mil piquetes. En 2017 bajó mucho la cantidad porque fue un año de recuperación. En cambio, 2018 tendrá más de 5.500 con los datos de diciembre. Es decir que a pesar de la crisis la cantidad de cortes será inferior a las de 2014, 2015 y 2016", dijo Chiti, experto en conflictividad.
