El abordaje legislativo de este delicado tema es parte de la creciente embestida del oficialismo sobre la Justicia, con el propósito de obtener a toda costa una salida favorable a sus intereses políticos en la contienda que el propio kirchnerismo generó contra el Grupo Clarín por la aplicación de la ley de Medios.
La Casa Rosada pretende que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que decida en consecuencia, antes del 7 de diciembre, en virtud de las innumerables dificultades por la que atraviesan las instancias judiciales previas. Esto, a raíz de la enorme presión que viene ejerciendo el Ejecutivo sobre los jueces que deben resolver el planteo de inconstitucionalidad que pesa sobre la llamada cláusula de desinversión contenida en la referida norma. El acoso a los jueces que deberían expedirse sobre los asuntos que involucran al Gobierno en su pelea con los medios independientes, muestran un grado pocas veces visto de voracidad por el ejercicio del poder, ya sin escrúpulo alguno.
Por otra parte, el mecanismo de per saltum ideado por el Gobierno podría rozar la inconstitucionalidad, puesto que tanto la Constitución Nacional como una ley específica son las que reglamentan el funcionamiento de la Corte y es, por lo tanto, el máximo tribunal el que debe decidir sus prioridades. ¿Es de tal gravedad institucional, como argumenta el Ejecutivo, la causa que justifica la movida a favor del per saltum?
El arrinconamiento a la Justicia orquestado por el kirchnerismo representa un motivo más de atención para la ciudadanía argentina. El Poder Judicial es siempre la última instancia, la palabra final que sustenta el funcionamiento ordenado de una República.
El sistema republicano se apoya fundamentalmente en la división de poderes y en la periodicidad de las funciones públicas como garantías del necesario goce de la libertad a la que, por lo contrario, siempre condiciona un sistema autoritario de gobierno. Precisamente, es el Poder Judicial la última garantía, por tratarse del estamento del Estado más alejado de las discusiones políticas.
Es la Justicia la encargada de interpretar y garantizar la correcta aplicación de la legislación que surge de los dos restantes poderes. De ahí la trascendencia de una justicia totalmente independiente de la política y a salvo de cualquier presión del Estado o de los sectores privados.
Pretender que la Corte decida y se expida en cuestión de días sobre una causa de la que puede depender el futuro de la libertad de expresión en la Argentina aparece totalmente descabellado por parte del Ejecutivo. Por eso, en su desesperación, están gestando un sometimiento de la Justicia a la política que conlleva un feroz deterioro de la ya muy vapuleada calidad institucional de la República Argentina.
Una corriente ideológica que no cesa en su prédica por la continuidad de un modelo político sólo posible de ser encabezado por alguien que constitucionalmente no está habilitado para asumir un nuevo período de gobierno, está llevando la Argentina a distorsiones institucionales gravísimas. Someter a la Corte mediante el per saltum puede ser la antesala de medidas aún más graves que conduzcan, por ejemplo, a forzar una enmienda constitucional que habilite la posibilidad de la re-reelección.
Un país sin Justicia independiente va camino hacia el autoritarismo. Debe sobre eso el ciudadano reflexionar.
