El Gobierno volvió a apelar al respaldo de los gobernadores para que el Congreso apruebe mañana la reforma previsional, clave para sostener el armado reformista que impulsa Mauricio Macri, en medio de una convulsión política que va para largo. Usará la propuesta de Elisa Carrió de dar un bono a 4,9 millones de jubilados que ganan menos de $ 10.000 y a 3,9 millones de beneficiarios de la Asignación Universal. Así paliará el menor aumento determinado con la nueva fórmula de ajuste.
Cuando firmaron el Pacto Fiscal, los gobernadores habían prometido apoyo a Macri para sacar las reformas antes de Año Nuevo, pero la ayuda se acotó al Senado. El Gobierno se confió y no tejió consensos sólidos para el debate en Diputados. Lo que millones vieron por TV el jueves fue un bochorno, generado por la impericia política del Gobierno y por el frenesí opositor para frenar el debate de cualquier manera, en una sesión que tuvo quórum y debía desarrollarse.
La tensa disputa por los fondos jubilatorios se montó a otros intereses políticos que se están jugando en la Argentina, con Cristina Fernández y sus ex funcionarios acorralados por la Justicia. Un ejemplo del desorden generado es que el radical cristinista Leopoldo Moreau insultó al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, y éste respondió con una trompada que se perdió en el aire.
Tras el escándalo, Carrió y otros diputados de Cambiemos denunciaron a legisladores kirchneristas en la Justicia por “un plan orquestado” para impedir el debate.
Por contrapartida, la diputada massista Graciela Camaño anticipó que pedirá el juicio político contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien responsabilizó por la encarnizada represión.
Violencia política
Esto podría ser leído como el prólogo de dos años que no le serán fáciles a Macri: a los errores propios se suma una oposición que le marca diferencias irreconciliables y está dispuesta a desgastar a la coalición gobernante.
Cuando cesaron los incidentes, habló la Iglesia: “En estos días las familias argentinas han sido conmovidas por una creciente violencia política, que no sólo se ha registrado en las calles sino que ha llegado incluso al interior del Congreso impidiendo su normal funcionamiento”.
La Conferencia Episcopal se refirió a la represión desatada por unos 900 efectivos de Gendarmería y Policía, disparando a todo lo que se le cruzara por delante: lanzadores de piedras, jubilados que se manifestaban pacíficamente, periodistas y transeúntes sorprendidos.
La violencia de afuera repercutió en el recinto, al punto que Carrió se erigió en jefa oficialista e intervino determinante: hizo levantar la sesión y pidió a la ministra de Seguridad que “pare la mano” ante la cacería.
La CGT, que rechaza el ajuste jubilatorio, solicitó que “la sensatez triunfe sobre el cálculo” y defendió la “imprescindible presencia de los trabajadores en la calle para impedir que se avance con esta ley”. El Gobierno está apurado para obtener el recálculo de los haberes jubilatorios, con lo que ahorrará $ 100.000 millones ante un apremiante déficit fiscal.
El Gobierno no parece dispuesto a dejar decantar la situación y convocar a sesiones extraordinarias en enero, en un nuevo y más pacificado marco de diálogo, como lo hizo el presidente Duhalde en un país en crisis, allá por 2002. Pero claro, los legisladores deberían resignar sus vacaciones.
Urgencias recurrentes
La Argentina enfrenta ahora una urgencia conocida: bajar un colosal déficit fiscal. Para ello el Gobierno pretende reformas que tendrán impacto gradual en la macroeconomía, pero modificarán la vida de los ciudadanos desde el arranque.
Tras días de furia y con el quórum asegurado, Macri podría salir mañana del laberinto: la reforma tributaria y el Pacto Fiscal dependen de la reforma previsional. Ésa fue la causa por la que los gobernadores llegaron a Buenos Aires, con caras largas, el viernes.
La reunión con Rogelio Frigerio y los legisladores (del viernes) iba a realizarse en la Casa Rosada, pero el Gobierno aceptó la sugerencia de llevarla al terreno del conflicto, con los jefes provinciales para que pongan la cara. Un día antes, en un desconcierto inocultable, Marcos Peña llamó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y le consultó sobre la posibilidad de sacar la reforma previsional con un Decreto de Necesidad y Urgencia. El juez lo desaconsejó por cuestiones jurídicas pero también políticas.
Hubo otros dos hechos casi en paralelo que frenaron esa iniciativa: la CGT anunció que llamaría a una huelga general y Carrió, una vez más marcando la cancha a la improvisación de la Casa Rosada, avisó que no apoyaría el DNU porque el mismo violaría la Constitución.
Macri busca un cambio previsional que puede desatar una avalancha de juicios pero el sistema previsional no es sostenible, porque las erogaciones casi duplican a los ingresos de la Anses, lo cual se acentuará con la reforma tributaria al menos durante los primeros cinco años. El interrogante central es: ¿por qué otra vez, como en 2001, lo pagan los jubilados?
Sin buscar otras alternativas y con un gravísimo problema de comunicación, el Gobierno se escuda en la causa: la Argentina no genera empleos registrados en línea con el crecimiento demográfico, desde hace seis años. El problema es económico, pero la solución debe ser política y ése es un terreno resbaladizo para el oficialismo.
