Tras las previsiones de una "súper" cosecha y los rumores de que las grandes bodegas no comprarían uva, el Gobierno de Mendoza salió a poner paños fríos al sector vitivinícola. Desde el Estado ofrecen un plan anticíclico de cuatro años para "sostener el precio de la uva y el vino" con un aporte de $ 1.000 millones al año, pero a cambio piden que las bodegas se comprometan a comprar igual o mayor cantidad de uva varietal que la temporada pasada y en un plazo máximo de seis meses. Ese punto genera tensión, dado que las condiciones de mercado son hoy muy diferentes a las del año pasado.
Las partes están de acuerdo en que existe un escenario de sobreoferta del mercado. "Se anticipa una cosecha cercana a los 25 millones de quintales y tenemos un sobrestock vínico de 10 meses. A eso se suma que el consumo interno está en baja y el mercado externo no ofrece buenas condiciones para incrementar ventas. Por eso los precios son bajos", explicó Carlos Iannizzotto, gerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) y presidente de Coninagro.
Desde el Gobierno reconocieron esta situación y advirtieron que "el Estado va a participar del mercado si es necesario". Para ello, se llevaría adelante un plan presentado por el ministro de Economía, Martín Kerchner.
El plan anticíclico Ante el delicado presente del sector, el Gobierno propuso crear un fondo anticíclico de $ 1.000 millones anuales por un período de cuatro años, comenzando esta temporada. Aún no está claro qué uso se les dará a esos recursos, pero desde el Estado aseguraron que "se utilizarán para comprar uva en caso de ser necesario". El problema, explicaron, es que aún quedan algunos puntos por definir. Una vez que se tenga el pronóstico de cosecha oficial del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y se conozcan con exactitud cuáles son las existencias, se tomará una decisión sobre cuál es el mejor uso para el dinero.
El Gobierno deberá gestionar la disponibilidad de esos fondos. Como ya está cerrado el Presupuesto 2019, tendrá que pedir una autorización a la Legislatura para poder disponer de los $ 1.000 millones.
Las condiciones
A cambio del aporte de $ 1.000 millones anuales (de 2019 a 2022) para "equilibrar" el mercado vitivinícola, el Gobierno puso una serie de condiciones a las cámaras vitivinícolas. El punto más polémico es, sin duda, el compromiso de igualar la compra de uva varietal que se realizó el año pasado y el pago a los productores en un plazo máximo de seis meses.
En el sector parece reinar una tensa calma. Es que en "off" varios referentes de la vitivinicultura afirman que es difícil comprometerse a comprar la misma cantidad de uva varietal que el año pasado, teniendo en cuenta la baja que hubo en el mercado interno.
Por lo pronto, Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas de Argentina, advirtió que "la negociación es difícil, porque aún se deben resolver problemas como la falta de financiamiento accesible, entre otros temas. Además, quedan muchos puntos por definir.
"Cada sector tiene que aportar sus números. Hay que ponerse de acuerdo en el stock (para algunos es de 360 millones de litros) y el volumen de la próxima vendimia", comentó. Esa cámara realizó una encuesta entre sus socios sobre la compra de uva y la mayoría aseguró un ingreso igual al de la temporada pasada.
Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, indicó que hay puntos a resolver antes de llegar a un consenso. "Hace tres años lo advertimos. La mayor importación de uva de las últimas décadas, hizo difícil resolver los problemas de sobrestock con una cosecha en marcha", señaló.
Iannizzotto aseguró que para equilibrar el mercado se debe adoptar otras medidas. "Desde Coninagro estamos negociando con el Ministerio de Producción de la Nación para lograr quita de retenciones y devolución de retenciones. A través de las exportaciones se puede liberar stock", afirmó.
En puntos
1. El aporte del Gobierno. Se destinarían $ 1.000 millones a compra de uva y otras herramientas para sostener el precio de la uva y el vino por los próximos cuatro año. Los recursos requieren aprobación de la Legislatura.
2. Las condiciones. El Estado pide a las bodegas que se comprometan a comprar la misma cantidad de uvas varietales que la temporada anterior y paguen en un plazo máximo de seis meses a los productores.
3. Falta información. La "letra chica" se definirá cuando el INV de a conocer el pronóstico de cosecha.
