El despliegue del Ejército en la explanada de los ministerios de Brasilia fue tan breve como sintomático. La polémica medida ordenada por el presidente Michel Temer tras las violentas protestas del miércoles duró menos de 24 horas y visibilizó la fuerte debilidad de su gobierno.
Temer, que lucha desde hace una semana por su supervivencia política, acorralado por acusaciones de corrupción, se vio obligado a recular ayer en medio del aluvión de críticas en un país que vivió bajo dictadura militar entre 1964 y 1985.
Un total de 1.500 militares fueron desplegados la tarde del miércoles frente a los ministerios, que quedaron con sus fachadas parcialmente destrozadas y parte de su mobiliario quemado por los ataques de jóvenes encapuchados durante la masiva manifestación para exigir la salida de presidente.
En medio de una lluvia de gases lacrimógenos y duros choques entre policías y activistas, el gobierno obligó a evacuar a su personal y llamó a las tropas.
"No teníamos otra alternativa para impedir víctimas entre servidores y el destrozo del patrimonio público. Fue para cesar aquel proceso de barbarie", dijo el ministro de Defensa, Raul Jungmann, al levantar la orden esta mañana considerando que "la ley y el orden" habían sido restablecidos.
Mientras Temer es asediado por la justicia, el Congreso ya debate a puertas cerradas una eventual sucesión.
Pero muchos en el Parlamento apuestan a una salida institucional a través del Tribunal Supremo Electoral, que a partir del 6 de junio examinará una denuncia para anular el resultado de las elecciones de 2014, en las que fue reelegida la fórmula Rousseff-Temer.
Irónicamente, esa acusación por abusos cometidos en la campaña llegó de la mano de su actual mayor aliado, el PSDB, que fue derrotado ajustadamente en esos comicios.
Pero fuentes en el Palacio presidencial de Planalto dijeron que Temer se mantiene “firme y maniobrando para tratar de aplacar la crisis” y sus aliados creen que el juicio en el TSE no será tan rápido como muchos esperan.
En caso de vacío en la Presidencia durante la segunda mitad de un mandato, la Constitución determina que el Congreso debe elegir un nombre para completarlo. Sin embargo, a muchos en Brasil no les gusta que la decisión sea tomada por un Congreso desprestigiado, donde decenas de legisladores están investigados por su posible participación en una red de sobornos en Petrobras.
Las elecciones directas que reclama la izquierda y la multitud en las calles sólo podrían celebrarse en caso de que se hiciera una enmienda constitucional. Sea como fuere, Brasil se encuentra nuevamente en zona de turbulencia apenas un año después del impeachment de Rousseff.
Temer tomó su relevo para completar el mandato hasta finales de 2018 buscando aplicar un programa de severos ajustes para sacar al gigante latinoamericano de la peor recesión de su historia. En momentos en que la economía comenzó a dar las primeras señales de recuperación, pese a tener un desempleo récord y un enorme déficit fiscal, los escándalos de corrupción volvieron a golpear, esta vez sobre la figura presidencial.
Presentan el 13° pedido de juicio político al presidente
La Orden de Abogados de Brasil (OAB) formalizó ayer ante la Cámara de Diputados de Brasil su pedido de juicio político contra el presidente Michel Temer, al que acusa de cometer delito de responsabilidad durante la conversación grabada con el dueño del frigorífico JBS, Joesley Batista, en la que aparece avalando sobornos.
Unos 50 letrados ingresaron junto con el presidente de la OAB, Claudio Lamacchia, a la Cámara de Diputados con el escrito reclamando el juicio político contra el presidente. Este es el pedido número 13 de destitución contra Temer desde que aparecieron las grabaciones en las cuales Batista le cuenta que le paga sobornos para comprar el silencio de Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados y en prisión, y que 'compró' dos jueces y un fiscal para que dejen de investigarlo.
Tras redada se dispersa el narcotráfico paulista
Las calles de “Cracolandia”, en el corazón de San Pablo, parecen caminos interrumpidos de un hormiguero pisoteado. El fuerte operativo policial que desalojó el “barrio del crack” dejó incertidumbre y preocupación, y su principal efecto fue, según sus críticos, dispersar el narcotráfico.
Unas pocas personas deambulan por las esquinas ahora controladas por la Guardia Municipal Metropolitana. Vecinos reclaman haber sido expulsados de sus viviendas de forma arbitraria y comerciantes intentan rescatar lo que resta de sus locales tapiados.
“Imagínate despertar con un revólver en la cara”, dice Eduarda de Lima, quien vive desde hace 12 años con sus dos hijos pequeños en una pensión del barrio. “No nos dijeron nada, los policías entraron con armas, tumbando puertas, amenazando”, cuenta al recordar la acción que involucró a casi mil policías.
El crack llegó a la capital económica de Brasil hace casi tres décadas y se convirtió en un problema de salud pública. Según datos de la Confederación Nacional de Municipios, 193 de los 644 municipios del Estado de San Pablo tienen un problema “alto” por consumo de la droga. Y 20% de las ciudades brasileñas están en la misma situación.
Cracolandia se levantó en el barrio de Luz, cerca de puntos turísticos como el Museo de Lengua Portuguesa o la estación de tren de la Luz. Ganó su nombre por la gran afluencia de traficantes y consumidores (hasta 2.000 en un mismo día, según cálculos oficiales), que tomaron sus calles con antiguos edificios habitados por personas de bajos recursos.
Estudios de los últimos cinco años cifran en entre 350.000 y 400.000 los consumidores de crack en San Pablo.
Operaciones policiales previas solo han servido para crear “mini-cracolandias” en barrios aledaños, y el comercio ilegal siempre termina volviendo a concentrarse en la zona.
Presidenciables
El presidente Michel Temer corre el peligro de ser destituido. Muchos brasileños han empezado a mencionar a su posible reemplazo.
¿Qué dice la constitución?
Si Temer renuncia o es destituido, el presidente de la Cámara de Diputados asume la presidencia por 30 días hasta que el Congreso vote por un reemplazo que ejerza el cargo hasta el final del período a finales del 2018. Pero hay una complicación: el cargo no puede ser ocupado por alguien bajo proceso judicial.
Tanto el titular de la cámara baja, Rodrigo Maia, como el próximo en la fila, el presidente del Senado Eunicio Oliveira, están bajo investigación por corrupción y tendrían prohibido asumir el gobierno si la procuraduría decide presentarles cargos. En ese caso, asumiría la presidencia la titular de la Corte Suprema Carmen Lucía, hasta que el Congreso elija a un reemplazo. Los potenciales candidatos serían:
Henrique Meirelle: el ministro de hacienda, de 71 años, es considerado el más dispuesto a implementar las medidas de austeridad y las reformas a las leyes de pensiones y a las leyes laborales impulsadas por Temer. Tales reformas son sumamente impopulares entre la población, aunque muchos economistas las consideran necesarias para resucitar a la economía.
Nelson Jobin: aunque Jobim, de 71 años de edad, es miembro del Partido Movimiento Democrático de Brasil de Temer, es el que goza de los más variados contactos entre los aspirantes a la presidencia. Fue ministro bajo los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, además de ser presidente del Supremo Tribunal Federal.
Carmen Lucía: el sistema judicial de Brasil luce más fuerte que nunca después de que decenas de políticos han sido arrestados y encarcelados en medio de una vasta investigación de corrupción. Hay quienes opinan que Lucía -una abogada de carrera, de 63 años de edad y sin afiliación política- calmaría a una población furiosa con la élite política tras años de escándalos.
