Una noche con muy poca luz y un terreno con una larga historia fueron el contexto de largas tensiones el miércoles por la noche. Allí los preadjudicatarios del Barrio Spunc 10 aguardan en una garita para defenderse ante un supuesto intento de usurpación.
El terreno en cuestión fue entregado por el Sindicato del Personal de Apoyo Académico de la Universidad Nacional de Cuyo (Spunc) y los vecinos lo renombraron Aires de Nazareno. Son 144 las familias que esperan construir su casa propia allí.
Lo concreto es que el miércoles por la mañana, los preadjudicatarios tenían planeado comenzar con el cercado de la zona con el apoyo de la municipalidad de Guaymallén. Ingresaron al terreno con una máquina retroexcavadora y ante esto una mujer que reclama ser la dueña se opuso, armó una carpa y evitó la construcción. Del otro lado, ante la alarma de una usurpación, los preadjudicatarios se organizaron para turnarse y evitar perder el terreno.
El miércoles por la noche se vivieron los momentos más tensos hasta que intervino la Policía. Ayer, por orden de la Oficina Fiscal número 18, se pidió a la mujer que se retirara del lugar ya que la Justicia resolvería la discusión. La guardia continuó y ya desde ayer al mediodía contaban con presencia policial cerca de ellos. Al cierre de esta edición no se registraban inconvenientes.
Los preadjudicatarios
La historia es muy distinta según quién la cuente. A menos de 500 metros, por calle 9 de Julio, quienes sueñan con mudarse montaban guardia con un móvil policial cercano. Mostrando papeles, contaron sus razones a Los Andes.
“Estamos muy alarmados por este tema, necesitamos que se solucione ya”, comentó con pesar Claudia Carrasco. Según contó ella, gente de un asentamiento de los alrededores los había amenazado durante la noche, les tiraron motos encima y les arrojaron piedras. “El tema es seguir porque no nos queda otra. Seguir luchando por lo nuestro”, agregó Carrasco.
Una queja en general era por el accionar de la Policía y de la Fiscalía, ya que según ellos tuvieron que llamar varias horas hasta que los socorrieran y al día siguiente a muchos no les quisieron permitir dar la denuncia. “Después de que insistimos y de que el caso tomó trascendencia a través de los medios aceptaron el reclamo”, dijo una muchacha que prefirió no ser identificada. Otra crítica era que en un principio se había dispuesto una ronda policial cada media hora. Finalmente asignaron una custodia policial durante 48 horas.
Marcela Arancio, que preside la unión vecinal que pretende construir el barrio, contó cómo continuaban: “Hay un poco de respiro ya que desde el mediodía se sacó a esta señora y estamos más aliviados momentáneamente”. También contó aunque no estaban tranquilos, pero sí se sentían “unidos y fortalecidos”.
Planos del terreno
Por calle Elpidio González vive Alejandra Morales, quien también sostiene tener la titularidad de los terrenos. Mostrando planos y trámites iniciados en 2013, contó estar muy molesta por la imagen negativa que se había dado de ella en algunos medios.
Junto a una pila de gomas y cubiertas que ella utiliza para “ocupar el lugar”, narró que había sido amenazada muchas veces por la venta de ese terreno y que especuladores se habían apropiado de él por la fuerza. “Que me saquen un arma en la calle es muy normal”, sostuvo resignada junto a otra mujer que contó que su casa había recibido cinco balazos.
Ella se despegó de las acusaciones y comentó que la gente que había venido de otros barrios también eran para amenazarla, aunque no responsabilizaba a quienes montaban guardia: “El problema no es ellos, que son gente de bien, sino Marcela Arancio”. La presidente de la unión vecinal fue consultada y se limitó a decir que ella se encuentra al frente de la operatoria de vivienda.
Una disputa de larga data
En 2013, muchos de los preadjudicatarios descubrieron que había irregularidades en algunos de los terrenos donde se iban a desarrollar los emprendimientos. Muchos ya habían pagado pero cuando el IPV iba a urbanizar los predios quedó expuesto que el Spunc no tenía la titularidad de la mayoría de ellos.
Los futuros vecinos se manifestaron frente a la entidad en setiembre de ese año. Un mes después, las 1.200 familias involucradas fueron recibidas en la Legislatura. Pasó un año hasta que después de una conciliación a través del Estado, cada loteo fue analizado.
A través de ese proceso nacieron las uniones vecinales, se logró una primera escritura y de allí en más cada unión vecinal continuó con su operatoria de vivienda. De todas formas, todavía se presentan conflictos en algunos de los casos.
