La nuestra es un Región que era atendida por una Universidad Nacional y hoy lo es por cinco Universidades. A continuación un análisis sobre los resultados de estos cambios de gestión y su comparación con el resto del país.
Las autonomías de las Universidades no las asemeja a las Provincias sino que se refieren a sus caracteres de independencia académica y libertad de cátedra. En cuánto a sus fondos, son autárquicas y por eso deben ser auditadas.
Si se reconoce la necesidad de restablecer en la universidad pública los fines que le son propios, será necesario preguntarse qué modelo hay que recuperar. Ni el estatal ni el partidario cumplen el rol que se le demanda. Queda el científico y el nacional.
El ciclo político iniciado con el gobierno de Javier Milei volvió a poner en disputa a nuestra Universidad. Pero si hay algo que para mí es absolutamente inédito, es el menosprecio, el insulto y hasta el sabor de repugnancia que sus palabras destilan para todo lo público. Y esto es lo peligroso porque el lenguaje tiene un carácter performativo, o sea, no describe algo, lo hace en el acto de decir.
El funcionario aseguró que van “a prohibir los contratos interadministrativos” y afirmó que van “a salir de ese proceso con universidades más transparentes”.
Por el momento, la iniciativa, fue aprobada en una asamblea realizada entre centros de estudiantes y agrupaciones de la UBA, la UTN y la UNA. Se aguarda por la decisión que tomen al respecto el resto de universidades del país.
El titular de la SIGEN informó que van a darle prioridad a las “universidades que tienen mayor volumen de presupuesto” y adelantó que los los informes preliminares estarán disponibles en aproximadamente un mes.
El principal tema en el debate acerca del presupuesto universitario que hay que enfrentar es qué tipo de educación universitaria debe sufragar el Estado en un marco macroeconómico de escasez y pobreza generalizadas.
La UBA continúa sumando facultades tomadas a medida que se realiza una asamblea masiva y autoconvocada por los alumnos. En Quilmes hubo cantos cruzados, agresiones y acusaciones mutuas en redes sociales.
Durante el cambio de nombre del ex CCK, el mandatario aprovechó para criticar a gremios y autoridades universitarias. Además, aseguró que “la universidad pública nacional no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta”.
La estricta postura gubernamental con respecto al equilibrio fiscal puede estar cubriendo lisa y llanamente la inexistencia de un plan B con el que el Gobierno buscase recomponer su vínculo hoy deteriorado al extremo con la comunidad universitaria nacional. El Plan B debería ser pensar estratégicamente la universidad en relación con las necesidades del país.
En la previa al tratamiento del veto en el Congreso, el líder del PRO usó sus redes sociales para manifestar su reflexión respecto al uso de recursos. Evitó precisar la postura que adoptará el espacio que lidera.
Los desafíos que enfrenta la universidad en el resto del mundo la impulsan a mirar al futuro, tratando de descifrarlo, mientras que aquí va en sentido contrario, queriendo revivir una época gloriosa que ya pasó.
Se modificará la Ley de Educación Superior para que cada Casa de Estudios, si así lo decide, pueda cobrar a inmigrantes por estudiar allí. La normativa modificará también los criterios para distribuir los recursos presupuestarios en relación a la cantidad de alumnos que asisten a las universidades y sus egresos.
La narrativa que busca presentar a la inversión educativa como un mero gasto suntuoso, en lugar de un derecho estratégico y fundamental para el desarrollo del país -forzando para ello una imagen tergiversada y maliciosa sobre las universidades y sus docentes-, es un error de proporciones históricas.
Repensar los mecanismos de financiamiento no implica estar en contra del sistema universitario nacional ni de la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación, sino todo lo contrario. Es imprescindible transparentar los criterios de gasto, mejorar la asignación de fondos, cerrar las estructuras que ya no funcionan y evaluar la relación entre graduados, docentes y el presupuesto invertido. Pero son muy pocos los que hablan de estos temas.
En un país donde el 80% de los médicos y el 90% de las investigaciones provienen de las universidades públicas, donde más del 60% de los menores de 30 años son pobres, reducir sus fondos implica condenar a la sociedad argentina a la mediocridad, el atraso tecnológico, la pobreza y empleo precarizado. Esperemos que nuestros legisladores estén a la altura de las circunstancias de su labor si el poder ejecutivo decide continuar con el veto a la ley de financiamiento educativo.
El Gobierno nacional ofreció hoy un 5,8% en una reunión paritaria convocada a menos de una semana de la manifestación. Ante el inminente veto de la ley de financiamiento universitario, desde Capital Humano apostaban a un entendimiento pero ante el rechazo acusaron a los gremios de “resistir” las mejoras y de “apostar por la confrontación”.
El Ejecutivo destinaría al sector $3,8 billones, pero los rectores reclaman casi el doble. “El Gobierno no contempla la recuperación de los salarios”, aseguró el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La norma resultó aprobada en el Senado con 56 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención. Plantea una actualización para los salarios de docentes y no docentes. Según la OPC, tendría un costo fiscal de 0,14% del PBI para este año.
La universidad de masas no solamente es un modelo fracasado, sino que en la medida en que se analiza en detalle su configuración, se revela el efecto negativo que tiene sobre los estándares mínimos de una educación superior de calidad. Si ese es el objetivo sobre el que podemos ponernos de acuerdo hace falta más autocrítica, estudio y creatividad, y menos eslóganes.
Cabe celebrar que el vínculo entre el nuevo gobierno y las universidades estatales se haya recompuesto a través del envío de un presupuesto acorde con sus necesidades y con el compromiso de optimizar dichos fondos pensando, primordialmente, en la función académica que siempre debe primar.
