En julio del año pasado, 42% de los consultados sostenía esa hipótesis. La idea de la discriminación a la provincia se fortalece, sin importar las simpatías partidarias.
La consolidación de un servicio de justicia que permita cubrir las necesidades de la población en su totalidad requiere de una pauta presupuestaria acorde, que de ninguna manera puede ser considerada como un exceso o mal uso de recursos.
El gobernador pretende que la Nación le autorice financiamiento para obras que quedaron demoradas por las trabas políticas que le impuso la oposición.
Lo que debe quedar claro es que la deuda del Estado nacional con la Provincia por los perjuicios de la promoción industrial tiene que ser cumplida en su totalidad, más allá de lo que Mendoza determine hacer con dichos recursos propios.
