El plazo inicial era de 540 días pero, desde 2022, surgieron diversos inconvenientes como imprevistos y demoras en el acceso a materiales. Impacto en el comercio, el tránsito, el transporte y los vecinos
Se firmó un convenio que sella el traspaso “irrevocable” a las dos comunas de un tramo de San Francisco del Monte. Es decir que Vialidad provincial no se ocupará más de ellas. El Gobierno busca avanzar con este plan en las 18 comunas.
Las empresas que conforman la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza (Cecim), las pymes de la construcción, celebraron su aniversario, con la esperanza de que se abran más fuentes de trabajo provenientes del sector estatal y de comitentes privados. El sector representa una fuerza laboral que es necesario mantener por el número de sus integrantes y la calidad de prestaciones.
El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial desglosó los $700.000 millones con los que esperan contar para el año próximo. Los subsidios al Mendotran, media y larga distancia demandarán $235.000 millones.
Los fondos se entregarán como aportes no reembolsables o préstamos. No habrá cupos y el reparto dependerá de los proyectos presentados por cada intendente. Debido a la crisis, todavía no se ha firmado ningún convenio con las comunas este año.
Las empresas están renegociando los contratos en forma particular, porque los pagos están suspendidos desde noviembre y se deben acordar los montos.
El plazo original era de 540 días, pero alcanzará los 2 años. El desafío de intervenir 16 cuadras en pleno microcentro, caos vehicular y reclamos de vecinos y comerciantes. Tras la larga agonía, prometen una mejora en los servicios y esperan evitar nuevos trabajos al menos por 15 años.
Los mandatarios creen que el ministro Luis Caputo propondrá un bono para saldar las deudas acumuladas.
El Gobernador se refirió a las obras que la Nación reactivará en la Provincia, después de varios meses de paralización. Priorizó esos dos proyectos y también la doble vía San Juan-Mendoza.
El ministro de Gobierno, Natalio Mema, y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, recibieron a las cámaras de comercio e industria de General Alvear, San Rafael y Malargüe.
La construcción de un camino por el piedemonte mendocino, entre la capital y el dique Potrerillos, es una propuesta de un legislador mendocino. La idea es interesante, pero el desarrollo de la iniciativa está en etapa muy prematura. Además, el Estado provincial tiene que afrontar desafío de mejorar la red vial que está muy desmejorada.
Son las que quedan pendientes de la gestión de Alberto Fernández. La mayoría de las comunas tiene casas sin terminar y superan las 700 unidades. Hay obras cloacales, viviendas, rutas, entre otras.
Donde supuestamente tendría que pasar cómodamente una silla de ruedas, tres postes dificultan a las personas de movilidad reducida que se desplazan por una esquina de Godoy Cruz.
Mendoza cuenta con caminos de jurisdicción nacional y provincial, que no están en su mejor estado. Al pararse la obra pública por restricciones presupuestarias, la red vial se deteriora progresivamente. La provincia y los municipios deberían unirse para hacer los arreglos imprescindibles que requieren calles y caminos de manera de lograr una buena circulación de automotores.
Así lo expresó el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras, Gerardo Fernández en el Congreso, en una reunión con la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados.
Hoy se publica en el Boletín Oficial el convenio que permite usar los fondos en obras de infraestructura en general. La norma aclara específicamente que el recurso no podrá ser destinado a “gastos corrientes”.
Vialidad Provincial oficializó a la empresa que se encargará de la obra. Es un proyecto financiado por el BID. Tiene un plazo de ejecución de dos años e iniciará de forma simultánea a la segunda etapa.
Así lo anticipó el ministro del Interior, Guillermo Francos, mediante una entrevista radial. El funcionario aseguró que la reactivación económica no dependerá de este servicio y destacó la importancia de esta medida, señalando que Argentina cuenta con una infraestructura lamentable.
Se trata de Emilce Lozano, quien se desempeñaba como inspectora de obras del Ministerio de Gobierno e Infraestructura. El Gobierno nacional la designó oficialmente ayer.
Con la obra pública nacional paralizada y el sector privado que no se mueve a la espera de señales positivas, las empresas constructoras se aferran a la obra provincial para poder sobrevivir. Preocupación por la caída en la recaudación.
Se trata del acueducto Pedemonte Norte, que beneficiará a 67.000 habitantes del circuito El Challao. La obra cuesta $3.800 millones y Lo Presti tendrá reuniones en búsqueda de financiamiento.
