El accionar de la Justicia se debió por la compra de un campo en Uruguay. Esta es la cuarta condena contra Báez, que se suma a otras sentencias previas en “la ruta del dinero K”.
La Justicia le otorgó permiso para que cumpla la condena en El Calafate luego de haber estado en una casa en el conurbano bonaerense.
Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron condenados por el delito de administración fraudulenta y un perjuicio de 80.000 millones de pesos para el Estado, señalados como “jefa” y “organizador” respectivamente. La defensa del empresario patagónico rechazó hoy la pena de seis años de cárcel.
Se trata de una ex legisladora y referente del Partido Justicialista, Patricia Fadel, y del ex Presidente del Banco Nación (2010-2013), Juan Carlos Fábrega. Los procesamientos se dan en el marco de la investigación por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”. Los Andes se intentó comunicar con Patricia Fadel pero ella se negó a hablar.
A pesar de haber exhibido un vínculo “directo” entre la vicepresidente y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha.
La sala IV de la Cámara de Casación no avaló el pedido de Báez para que otra Sala de ese tribunal revise la ratificación de su condena. De este modo, ahora solo le queda un recurso ante la Corte.
Casación ratificó que el empresario ligado a Cristina Kirchner lavó 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, pero redujo la condena. Las hijas quedaron absueltas porque la sentencia “no se había dictado con perspectiva de género”.
Además de Cristina Kirchner, el Tribunal Oral Federal 2 se pronunció sobre los otros 12 involucrados con el expediente. El tribunal dispuso además al conjunto de los condenados el decomiso de 84.435 millones de pesos.
Los letrados aseguran que el empresario no cometió delitos. Además, cargaron contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola a quienes acusaron de mentirosos.
Insistió en la “inocencia” y aseguró que el empresario cercano a los Kirchner sufrió “aprietes” cuando estuvo detenido en el penal de Ezeiza.
La defensa de la vicepresidente habló de “acuerdos en el ámbito privado” que no habían representado ningún hecho delictivo.
El Frente de Todos cerró filas detrás de la defensa a la vicepresidenta, mientras que Juntos por el Cambio celebró el pedido de la Fiscalía. La CTA amenazó con una movilización.
El presidente difundió un comunicado tras conocerse el pedido de condena de 12 años de prisión contra la vicepresidenta.
El fiscal Diego Luciani también solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La vicepresidenta, que pidió ampliar su declaración indagatoria, está acusada de favorecer al empresario Lázaro Báez con adjudicación de obra pública.
El escrito está en poder de la Justicia. Son operaciones realizadas entre 2008 y 2009, según detallaron fuentes oficiales. En total, estas maniobras reportaron un ingreso para los Kirchner de unos seis millones de pesos de entonces.
Diego Luciani y Sergio Mola utilizaron la anteúltima jornada de alegatos para reforzar su hipótesis y apuntar señalar a la Vicepresidenta como la “jefa de una asociación ilícita” que llevó adelante un “plan delictivo destinado a sustraer y apoderarse de los fondos” del Estado.
La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a cuestionar la relación de amistad entre el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, presidente del tribunal a cargo del juicio.
Publicó en Twitter nuevos elementos contra el fiscal Diego Luciani y al integrante del Tribunal Oral Federal 2, de Comodoro Py, Rodrigo Giménez Uriburu. En paralelo, continuaron hoy los fiscales con su quinta jornada de alegatos.
El recurso fue presentado por la defensa de la vicepresidenta contra el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu, integrante del Tribunal Oral Federa 2 de Comodoro Py, quienes compartían un equipo de fútbol, alguna vez jugaron en la quinta privada de Mauricio Macri. Los fiscales continuaron con su alegato y le apuntaron a licitaciones de obra pública en Santa Cruz, ganadas por Lázaro Báez en 2007.
En la tercera jornada de alegatos se insistió en que hubo una asociación ilícita que digitó las licitaciones de obra pública entre 2003 y 2025 para favorecer a Lázaro Báez. Es uno de los trece acusados junto a la vicepresidenta Cristina Fernández.
Afirmaron que desde el poder del Estado se benefició a Lázaro Báez. El Ministerio Público Fiscal contará con otras ocho audiencias para completar la acusación contra Cristina Kirchner y otros doce imputados. Se los acusa de redireccionar desde el poder político obra pública en favor de Austral Construcciones, la empresa de Báez.
Expusieron ante el Tribunal Oral Federal 2. Para ellos están acreditados los delitos para redireccionar obra pública a la empresa de Lázaro Báez entre 2003 y 2015. Revelaron mensajes de WhatsApp de José López con el empresario patagónico.
