Evitaron responder al juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo. Junto a Alberto Fernández y otra treintena de imputados, se los investiga por delitos en la gestión de pólizas de seguro para organismos públicos.
La suspensión de Ruiz se dio tras las denuncias contra su hermano. La votación fue 29 a 5.
Tanto el caso de Sergio Urribarri como el de Cristina Fernández de Kirchner nos permiten insistir con que el combate contra los hechos cometidos a modo de saqueo a los bienes del Estado desde sitiales obtenidos por el voto popular debe potenciarse y contar con el respaldo político y judicial correspondiente.
El exmandatario de Entre Ríos fue sentenciado en 2022 a ocho años de cárcel por cinco hechos de peculado y negociación incompatible con la función pública.
En la denominada causa Vialidad, quienes han sido juzgados y sus seguidores aducen reiteradamente que fueron objeto de persecución política. Nada de eso ha ocurrido. Se pueden discutir las opiniones pero no los hechos y evidencias -como esta sentencia- para llevarlos a una tribuna donde la verborragia se antepone a la razón. La comisión de delitos vinculados a la obra pública durante el kirchnerismo ha sido comprobada de manera indubitable.
La sentencia se dio en el marco del caso Odebrecht. El ex mandatario fue hallado culpable de delitos colusión y lavado de activos relacionados a hechos de corrupción entre la empresa constructora y políticos de varios países de la región.
La empresa estatal argentina, que opera en la región patagónica, se vio envuelta en un nuevo escándalo que involucra un fallido acuerdo de venta de carbón.
“Donde el Presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión, siempre va a hacer a un lado al responsable”, dijo el vocero Manuel Adorni.
Entre los sospechosos hay comisarios y policías de bajo rango. Todos están siendo investigados por vender celulares y neumáticos robados, además de encubrir una financiera ilegal.
La consultora política apoyó el “roban pero hacen” en un canal streaming y sus declaraciones se hicieron virales. Dijo que esa acción “es de las corrupciones más transformadoras”. Al escuchar sus declaraciones, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal en su contra.
A través de Anses se denunció una presunta malversación millonaria. Detectaron 22 hechos que podrían presentar irregularidades.
El actual jefe comunal de Las Heras consideró provocadores los posteos en las redes sociales y comparó a su antecesor con el propio expresidente Alberto Fernández.
Las denuncias del Ministerio de Capital Humano a ex funcionarios han llevado a 33 allanamientos en distintas organizaciones. Los fondos fueron dados durante la gestión de Victoria Tolosa Paz.
La acusada era parte de una banda que registraba a embarazadas situaciones en situación de vulnerabilidad para ofrecerle dinero por sus bebés. También hay irregularidades en trámites de adopción en familias adineradas de Pilar.
Se detectó, por ejemplo, el otorgamiento de una pensión por invalidez laboral con la radiografía de un perro. Lanzaron una mega auditoría para el sistema aplicado durante el kirchnerismo.
El superintendente de Irrigación admitió que quedaron dos obras sin realizar en la Inspección de Cauce de Los Corralitos y afirmó que él dio inicio a las investigaciones que terminaron en la suspensión.
El juez federal retirado Alfredo Manuel Rodríguez dio detalles este jueves en tribunales federales sobre su relación con Walter Bento, el exmagistrado removido de su cargo y quien afronta desde la cárcel un juicio en el que se lo acusa de liderar una banda que daba beneficios judiciales a cambio de coimas.
Los ministros Adaro, Palermo y Valerio no dieron lugar a un recurso extraordinario federal que presentó la abogada de la suspendida diputada de La Unión Mendocina. Ya puede ser imputada por la Justicia.
La demanda es por una supuesta administración fraudulenta. El primer juez se declaró incompetente y la envió a otro magistrado, que también la rechazó.
La Jueza María Paz Gallardo resolvió la adjudicación del inmueble a la Dirección General de Escuelas.
Para el gobierno la ministra de Capital Humano es “una número uno” y cargaron las responsabilidades a Pablo de la Torre, quien engrosó la lista de 32 funcionarios que ya dejaron el cargo en menos de seis meses de gestión de La Libertad Avanza.
En los contratos incluyó una cláusula para “garantizar el pago de la comisión de 4 millones de euros anuales” para su empresa.
