Los taxistas y el drama de la inseguridad

.El tema cobró actualidad en numerosas ocasiones, pero transcurrido un tiempo se perdía en el olvido, hasta que un nuevo asalto con consecuencias graves para el conductor de un taxi lo volvía a sacar a la superficie. Y en todos los casos la discusión se centraba en los mismos temas: mientras los choferes del rodado reclamaban mayor seguridad, desde el sector empresario -los dueños- se priorizaban los problemas económicos.

Así fue pasando el tiempo y las soluciones no llegaron, hasta que días pasados, un nuevo hecho delictivo costó la vida de un chofer, pero esta vez las presiones del sector laboral dieron sus resultados y la Legislatura provincial sancionó una ley estableciendo una serie de exigencias a cumplir por parte de los permisionarios.

Nadie duda de que nos encontramos en un pico de inseguridad, que tiene en su fondo distintas causas, en muchos de los casos tan profundas que llevará años solucionar. Además, Mendoza ya es una ciudad "grande" que debe enfrentarse a los problemas de los conglomerados urbanos importantes. De allí que resulte necesario también que los organismos encargados de la seguridad se actualicen para enfrentar los nuevos desafíos, contando con los elementos técnicos y profesionales indispensables.

En ese marco de inseguridad que afecta a toda la población, hay sectores que están más expuestos que otros. Fue en su momento el caso de los colectiveros, que al llevar recaudación arriba del vehículo resultaban víctimas de permanentes hechos delictivos, hasta que el uso de la tarjeta y el hecho de que dejaran de llevar recaudación en efectivo alivió gran parte del problema.

Pero la situación se trasladó entonces a los taxistas, que se enfrentan a una tarea cada vez más peligrosa. La muerte de uno de ellos en circunstancias de un asalto generó la inmediata reacción de sus colegas y la situación se trasladó a la Legislatura, donde hubo una respuesta inmediata de diputados y senadores. En poco tiempo quedó sancionada una ley que puede llegar a contar con falencias, quizás debido también a la celeridad a que obligó el caso, pero que al menos puede llevar algo de solución.

Entre otros aspectos, contempla la obligatoriedad del uso de cámaras de filmación; de blíndex y mamparas de seguridad de alto impacto y protección física entre choferes y pasajeros; de sistemas de posicionamiento satelital -GPS y GPRS- en todas las unidades afectadas al parque móvil y se determina la implementación de un sistema integral que permita la disminución y eliminación del manejo de dinero efectivo dentro de las unidades de servicio.

La norma legal establece también que la instrumentación de esos aspectos deberá realizarse en un plazo no mayor a 180 días a partir de la promulgación de la ley. Y, ante el planteo -económico- realizado por el sector empresario, se estableció que se determinará, en el marco de la ley impositiva, el monto de los beneficios que pudieran corresponder a los permisionarios a fin de la implementación de los sistemas de seguridad. También se fijó que en caso de incumplimiento puede llegar a revocarse el permiso, el que será readjudicado únicamente a choferes de taxis y remises, siempre y cuando no sean permisionarios de los mismos.

Será el tiempo el que diga si los resultados de la norma legal son los deseados, pero también es cierto que algo había que hacer y que se trabajó sobre la base de priorizar la vida de las personas por sobre algunos planteos económicos, con la celeridad y determinación que la situación exigía.