Bajo la apariencia de beneficiar a los consumidores, el congelamiento de precios y la tarjeta única de Moreno terminarán perjudicándolos, como ocurre siempre cuando se restringen tanto las opciones de compra como las de producción, tal cual viene ocurriendo desde hace años.
El anuncio parece más una “cortina de humo”, destinada a provocar discusiones y enfrentamientos entre diversos actores de la actividad económica, tratando de ganar tiempo tirando los problemas hacia delante sin resolver ninguno.
El caso de las comisiones de la tarjetas es sintomático, hasta 1999 el arancel fue del 10%, año en que se lo redujo al 5% para crédito y 2% para débito; a fines de 2004 se fijaron los valores actuales. Así, en el lapso de unos pocos años las comisiones se redujeron considerablemente, en sintonía con la enorme expansión del sistema de tarjetas, que alcanzaría actualmente los 18 millones de titulares y 10 millones de extensiones.
Hasta ahora los protagonistas de las discusiones son las grandes cadenas de supermercados -que parecen aceptar la iniciativa-, los supermercados chinos -que están divididos en opiniones- y los bancos y emisores de tarjetas -que piensan que finalmente la tarjeta no será viable-. Mientras tanto, a los supermercados y a Moreno lo que les interesa es que los bancos rebajen las comisiones al 1%; los primeros por razones económicas de reducción de costos y al funcionario porque presentaría el hecho como un triunfo político.
El tema de la tarjeta tiene algunos aspectos económicos y otros de naturaleza política y jurídica sobre los que es necesario hacer algunas consideraciones.
En el primer caso, el enorme desarrollo del sistema ha incentivado fuertemente el crédito al consumo, propósito deliberado y prioritario en la política del gobierno nacional. El financiamiento mediante tarjetas de crédito alcanza al 17% del total de créditos del sistema financiero, que sumado a los créditos personales constituyen hoy el primer rubro de préstamos de los bancos. Por sus características y las tasas de interés, son también el rubro más rentable de los bancos.
Ahora bien, la porción que corresponde a los supermercados por las tarjetas es menor al 20% del total que se vende; se estima que el ingreso de los bancos por tasas y comisiones es del orden de los 5.000 millones anuales pero las comisiones sólo unos 800 millones. De ahí que se piensa que los bancos podrían sacrificar alguna parte de las comisiones a condición de no tocar el resto.
Pero el aspecto más preocupante de la iniciativa de Moreno tiene que ver con las libertades económicas y políticas. Desde luego es un cercenamiento inadmisible de la libertad de elección de las personas, que son quienes tienen el derecho de decidir qué tarjeta y de qué banco les conviene o les gusta más. Se trata además de un mercado fuertemente competitivo que, mediante descuentos y plazos de pagos, ha permitido a miles de familias acceder a ciertos bienes durables, de manera sencilla.
El sistema de tarjeta de crédito y débito unido a la publicidad -ahora prohibida o limitada severamente- redujeron considerablemente los denominados costos de transacción a favor de los consumidores. Reemplazar ese sistema por un monopolio es muy malo, y si el monopolio es estatal mucho peor.
Finalmente, como lo advirtió rápidamente un ex ministro de Economía, la tarjeta única y obligatoria podría convertirse en una tarjeta de racionamiento de alimentos y otros productos. Es decir cada vez menos libertad y más control estatal sobre la vida de las personas.
