Sin ninguna duda, el retraso tarifario fue uno de los mayores problemas que recibió el actual gobierno nacional. Por más de una década, rigió un congelamiento de los valores aplicados a los servicios públicos que tuvo como consecuencia la aplicación de tarifas ínfimas que alentaron el consumo excesivo de gas y electricidad y condujeron a una situación de desabastecimiento energético preocupante para la Argentina.
El despilfarro en materia de servicios públicos derivó en que el Estado no pudiese soportar más cargas de altísimos subsidios y una desinversión total en obras para mejorar esos servicios.
El panorama se completaba con la necesidad de importar gas, por ejemplo, porque no se producía el suficiente para abastecer a toda la sociedad argentina.
El presidente Macri viene sosteniendo que el aumento en los servicios es necesario para recortar los amplios subsidios que otorgaba el Estado, y que dieron paso a aquellas tarifas minúsculas que explican una gran parte del déficit fiscal de la Argentina.
Sin embargo, muchos críticos de la actual política aseguran que los nuevos valores son demasiado altos para los usuarios residenciales y las pequeñas empresas.
El tema tuvo fuerte repercusión en los últimos días dentro de la coalición gobernante, donde tanto el radicalismo como la Coalición Cívica plantearon reparos a las decisiones emanadas desde el área de Energía.
Una de las voces más fuertes que se alzaron para alertar sobre el malhumor social por el cuadro tarifario vigente fue la del gobernador de Mendoza, que también en su condición de titular del radicalismo llevó al Ejecutivo la preocupación.
Todos estos planteos dentro del oficialismo se produjeron simultáneamente con las primeras manifestaciones públicas, en parte movilizadas políticamente, para protestar contra el incremento dispuestos básicamente en electricidad y gas.
En la industria y el comercio hubo muchas voces preocupadas por la situación creada. Sin ir más lejos, en nuestra provincia desde dichos sectores de la actividad económica local se hizo notar que el incremento tarifario dispuesto por la Nación se produjo a un ritmo que no condice con el crecimiento del consumo y la productividad.
Para muchos quedó la sensación de que el gradualismo pregonado por el gobierno nacional no fue aplicado cabalmente al disponerse los retoques tarifarios de servicios.
En un buen gesto, el Gobierno aceptó propuestas de los partidos aliados para atemperar el efecto de los incrementos, dolorosos para el bolsillo en el marco del panorama inflacionario que se registra.
Es saludable que en una coalición las partes puedan expresarse y las diferencias sirvan para hacer correcciones, sin necesariamente cambiar el rumbo político y económico. Y también es importante que para llegar a ello se haya pensado en el esfuerzo de muchísimos ciudadanos.
