Recientemente, el Gobierno nacional decidió atenuar los efectos de la suba de tarifas de servicios públicos prevista para fin de año.
El dato surge de informaciones periodísticas luego de nuevos contactos entre miembros de la coalición gobernante.
De acuerdo con lo que se difundió por los medios, la Nación accederá a moderar los aumentos de electricidad y gas previstos para setiembre y octubre, calculados inicialmente entre el 50 y el 80 por ciento. El incremento se producirá de todos modos, pero se asegura que los porcentajes resultarán mucho menores.
Como ya ocurriera en el mes de abril, esta decisión del Ejecutivo nacional surgió de un acuerdo con los gobernadores del radicalismo y otros altos dirigentes y legisladores del principal aliado que tiene el Pro al frente de la conducción del país.
Aquel primer planteo que hicieron desde la Unión Cívica Radical (UCR), en ese caso en asocio con la Coalición Cívica, logró una tenue mejora en los valores de facturación, pero no impidió que la oposición embistiera con una ley que pretendía retrotraer el cuadro tarifario a fines del año pasado, medida que fue vetada sin demoras por el presidente Mauricio Macri.
Fue en esa instancia cuando desde el entorno presidencial culparon a los socios políticos de la coalición gobernante de haber alentado a los sectores opositores con el planteo efectuado sobre la repercusión tarifaria.
Por eso no deja de llamar la atención que, en medio de la actual inestabilidad económica, el Ejecutivo haya aceptado esta vez la sugerencia que nuevamente encabezaron el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y sus pares de Jujuy y Corrientes.
Sin duda, la caída de imagen en la consideración popular llevó a quienes asesoran a las autoridades nacionales a atender este tipo de reclamos. Es que sin renegar del necesario reacomodamiento tarifario que la administración Macri debió llevar a cabo para garantizar la producción y el abastecimiento, es indudable que el actual cuadro de situación torna difícil de afrontar por parte de cada usuario una variación de tarifas en servicios esenciales para el desenvolvimiento diario y lo mismo ocurre con las pequeñas y medianas empresas.
Y en este panorama es lógico que quienes ostentan el poder comiencen a preocuparse por los efectos de la crisis en el proceso electoral de 2019. Si a la profundización de la recesión que se espera para los próximos meses se le suma una inflación que golpea en el bolsillo y que no aventura posibilidades de brusco descenso en lo inmediato, las posibilidades de los sectores identificados con el oficialismo estarán seriamente afectadas el año próximo.
Y es cierto que éste es un problema que deben asumir muchos gobiernos de provincia sin ser totalmente responsables de las variaciones tarifarias.
Ya hemos señalado en este mismo espacio que el retraso de las tarifas fue uno de los mayores problemas que debió enfrentar el gobierno federal. Más de una década de congelamiento de los valores aplicados a los servicios públicos nos condujo a una situación de consumo excesivo que puso al país en el desabastecimiento energético.
Pero el rumbo de la economía obliga hoy a los gobernantes a aplicar la cuota de sensibilidad social que supere una mera cuestión numérica. Es indudable que no están dadas las condiciones para que el usuario medio y el que pertenece a la industria y el comercio pongan su esfuerzo una vez más en instancias ya muy agotadoras.
Por otra parte, es siempre saludable que en una coalición de gobierno las partes se expresen y las diferencias o puntos de vista encontrados sirvan para la búsqueda de consenso que permitan correcciones en la ejecución de las políticas.
Y el reconocimiento de que la que mayormente hace el esfuerzo en estos casos es la ciudadanía que trabaja, estudia y aporta otorga mucha mayor legitimidad a este tipo de decisiones.
