La propuesta de la oposición para modificar la política gubernamental de aumentos tarifarios en los servicios públicos puede llegar a salvar hoy su último trámite parlamentario y de ese modo quedar en condiciones de ser tratada en el plenario de la Cámara de Diputados el miércoles próximo.
Así, se iniciará su derrotero legislativo que, de no mediar negociación alguna, podría este mes convertirse en ley en el Senado y obligar al presidente Mauricio Macri a un veto en un plazo (antes del inicio del Mundial, a mediados de junio) que el oficialismo considera políticamente inconveniente.
Hoy, desde las 14, se reunirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que preside el macrista Luciano Laspina. Su citación fue una concesión que tuvo que anunciar el jefe del interbloque de Cambiemos, el radical cordobés Mario Negri, ante el reclamo del conjunto de la oposición en la sesión especial de hace una semana, después de lograr un quórum más que suficiente (140 sobre los 129 necesarios) y luego de haber quedado a uno en su intentona del miércoles 18.
La ofensiva legislativa panperonista se completará hoy mismo con la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales. Antes del mediodía, esa comisión que preside el randazzista Eduardo Bucca, escuchará a más de una decena de intendentes bonaerenses con la intención de dictaminar un proyecto que permita a los municipios cobrar la tarifa de electricidad como servicio público esencial, a precio de generación y no de distribución.
Pero la atención estará centrada en Presupuesto y Hacienda. Es que allí el "panperonismo" puede llegar a tener dictamen favorable al proyecto de "tarifas razonables" (término, éste, a tono con el fallo de la Corte de 2017) que antes de la sesión especial del miércoles pasado lo había tenido de un plenario de las comisiones de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor.
El proyecto en cuestión fue presentado por los interbloques peronistas no kirchneristas Argentina Federal, integrado por diputados que responden a la mayoría de los gobernadores justicialistas, y el Funa massista, y tiene también el apoyo con disidencias parciales del Frente para la Victoria-PJ; un conglomerado al que se sumaron otros bloques pequeños de la oposición.
En síntesis, ese proyecto prevé: retrotraer las tarifas a diciembre pasado; que los aumentos sean sólo anuales; que los mismos no superen el promedio de los aumentos salariales en el caso de los usuarios residenciales, y el índice de precios mayoristas (IMP) en el de pymes, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas. También establece la eliminación del incremento diferencial del IVA para las empresas y fija por el término de 12 meses que la alícuota de los servicios públicos regulados en esta ley se establezca en 10,5 en vez del actual 21%.
El oficialismo llegará a la reunión con los “números finos” sobre el impacto presupuestario y el costo fiscal de aquellos cambios propuestos por la oposición, que Laspina le pidió a la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Serán el fundamento central de la estrategia que tendrá Cambiemos y que el propio Laspina anticipó en declaraciones periodísticas de las últimas horas: “No creo que el Congreso sea el mejor ámbito para discutir esta cuestión, porque técnicamente no está preparado para eso. Y si la oposición quiere hacerlo, pues entonces que explicite cuál es el costo fiscal que implicará su proyecto”.
