El aumento de las tarifas de algunos servicios, especialmente el gas natural, han dado lugar a un enorme enredo, protestas variadas y propuestas oportunistas y demagógicas inviables. Los mayores problemas se han presentado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en algunas provincias donde las tarifas estaban congeladas por amparos judiciales.
Es conveniente tener en cuenta el origen del problema de las tarifas y las consecuencias que tuvieron. En 2002, a la salida de la Convertibilidad y posterior devaluación, las tarifas de las empresas proveedoras de servicios públicos -electricidad, agua, gas, transporte urbano de pasajeros- quedaron congeladas.
La mayoría de ellas estaban dolarizadas -atadas a la variación del dólar- según los contratos de concesión que se habían hechos en los ’90. Producida la devaluación que llevó el tipo de cambio de $ 1 igual a u$s 1 a más de 3 por 1, comenzó un largo período de conflictos, que fue desde la reestatización de empresas concesionadas, como Aguas en Buenos Aires y varias provincias, lo mismo ocurrió con las distribuidoras eléctricas. Otras optaron por malvender e iniciar juicios por incumplimiento de los contratos ante el Ciadi, lo que provocó enormes multas al país, como la reciente de OSM en nuestra provincia.
No cubriendo las tarifas los costos de producción, la única forma de mantener, precariamente, las prestaciones fue que el Estado asumiera la diferencia otorgando subsidios, cada vez más cuantiosos, a las empresas, hasta convertirse en el primer rubro que explica el enorme déficit fiscal legado del gobierno anterior.
La otra consecuencia del “perverso esquema de manipulación tarifaria”, según expresa Idesa, fue el desmesurado aumento del consumo de los conectados a la red, ya que el precio era irrisorio. Por cierto esa ventaja no llegó a los más pobres, que tuvieron que pagar altos precios por las garrafas o leña; en otras palabras, los beneficiados fueron los sectores medios y altos.
De ahí que, como señala el instituto citado, “se trata de una monumental transferencia de ingreso a favor de las familias más acomodadas a costa de destruir la producción gasífera”, y las marchas y declaraciones de la defensa de los más humildes, una hipocresía. En materia de producción de gas bastan los siguientes datos: entre 1990 y 2004, la producción pasó de 23 a 52 mil millones de metros cúbicos anuales. Entre esa última fecha y el presente se redujo de 52 a 43 millones. La producción actual es similar a la de 1999.
También, contra las hipocresías, cabe recordar que el gobierno anterior, en 2014 decidió un incremento de tarifas de gas bastante similar al actual, con mayores distorsiones, que fue frenado por numerosos amparos judiciales que el gobierno nacional no apeló. Se aproximaba la elección presidencial del año siguiente, era más cómodo transferir el problema al próximo gobierno, cualquiera fuese.
Otro aspecto muy importante en lo referido a las tarifas de energía eléctrica, gas, agua y transporte es la gran diferencia entre la situación del AMBA y algunas otras provincias, como Mendoza, donde sí hubo aumento de tarifas, con excepción del gas, por los amparos citados.
Aquí, desde la intervención primero y la estatización después de la ex OSM, los incrementos han sido notables; desde 2009, para algunos usuarios supera 400%. Algo similar ocurrió con la energía eléctrica, en la que además se introdujeron distorsiones por categorías: en la última facturación para el consumo superior a 300 kw el incremento ronda 50% por kw.
Por cierto que ninguno de estos antecedentes puede obviar el cuestionamiento de la torpeza con que se ha intentado aplicar los incrementos. Cabe preguntarse, en el caso del gas, por qué no se comenzó el ajuste en el verano o cómo no se tomó nota del enorme salto de consumo para el bimestre abril-mayo por los fríos tempranos. De todos modos, la determinación de ninguna tarifa debe quedar en manos de los jueces, es un problema económico que debe resolver el Gobierno.
