La Corte Suprema de Justicia resolverá hoy sobre la legalidad del tarifazo en el servicio de gas tras recibir ayer el dictamen de la Procuración General de la Nación (PGN) que le recomendó confirmar la sentencia anulatoria que adoptó la sala 2 de la Cámara Federal de La Plata.
Hasta última hora de anoche seguían trabajando los equipos técnicos de los cuatro integrantes del máximo tribunal, con el propósito de alcanzar el mayor consenso posible y sin que en las tratativas haya incidido el pronunciamiento de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Fuentes de la Corte en el cuarto piso del Palacio de Tribunales se limitaron a anticipar a este diario que el fallo contendrá “una parte con el consenso” de los cuatro integrantes (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti), mientras que en otras será por el voto mayoritario de ministros.
Cabe pensar que esta última forma incluirá lo referido “al meollo de la cuestión”, como lo definieron las fuentes: las audiencias públicas. La pregunta es si el fallo reconocerá la necesidad de una audiencia pública previa y si es así también para el caso del tarifazo. Por lo demás, reconocerá la facultad del Ejecutivo de definir el marco tarifario, del mismo modo que subrayará que los aumentos “sean razonables”.
De este modo y tal como estaba previsto, la Corte se pronunciará en su acuerdo semanal de hoy, sin esperar a contar con su quinto integrante, Carlos Rosenkrantz, quien jurará como tal el lunes próximo.
Poco después de conocerse el dictamen de la procuradora y a horas del fallo de la Corte, el presidente Mauricio Macri insistió en defender el tarifazo como parte de “los pasos correctos” de su gobierno para afrontar “la crisis energética” que, dijo, afecta al país.
El dictamen, por otra parte, recibió una crítica frontal del jefe de la UCR, José Corral. “Demuestra que (Gils Carbó) es partidista”, dijo sobre la procuradora, una funcionaria de pública simpatía con el kirchnerismo.
Los argumentos de Gils Carbó
En su dictamen de 17 páginas, que no es vinculante para lo que pueda resolver la Corte, Gils Carbó se basó en la ausencia de audiencias públicas previas a los aumentos dispuestos por las resoluciones 28 y 31 del ministro de Energía, Juan José Aranguren, del 28 y 29 de marzo pasado.
También en que el porcentaje de los aumentos podrían afectar el acceso a servicios públicos considerados derechos humanos por la Constitución Nacional; en particular por su artículo 42, incorporado en la reforma de 1994, que otorgó “mayor jerarquía a los derechos de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores, como así también a la protección de sus intereses económicos”.
“El aumento tarifario no pudo ser válidamente implementado sin la realización previa de una audiencia pública”, sostuvo la jefa de los fiscales, tras recordar que nueve fiscales (los de Córdoba, Río Gallegos, Mar del Plata, Zapala, Ushuaia, Río Grande, Neuquén, Rawson y Caleta Olivia) “se expidieron a favor” de la suspensión del aumento por aquel motivo.
Recordó al respecto que las audiencias públicas previas a cualquier aumento de tarifas están previstas en la ley 24.076 de Gas Natural, como en su decreto reglamentario 1.738/92, que “fijan también como objetivo la determinación de tarifas justas y razonables, a la vez que consagran los principios de accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad”.
Otro punto clave del dictamen se refiere a que el tarifazo podría “afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de gas”, lo que así “pone en juego derechos humanos y fundamentales” reconocidos por la Constitución Nacional, ya que pone en riesgo “la actividad económica de los comerciantes, las empresas, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”.
Además, la procuradora rechazó de plano el argumento del Gobierno según el cual las audiencias públicas estipuladas por la ley se hicieron en 2004 y 2005 durante la presidencia de Néstor Kirchner, porque “allí no se analizaron concretamente las medidas adoptadas” más de una década después por las resoluciones 28 y 31 de este año.
El Gobierno aguarda con especial expectativa ese pronunciamiento. El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo ayer a la agencia Télam que “es central” la definición de la Corte para “poder fijar reglas claras”, pues hay una “sobreexposición de la Justicia, a veces tratando de autoprotegerse”, agregó en referencia a los fallos que anularon el tarifazo.
Similares pronunciamientos hicieron también ayer los diputados oficialistas Luciano Laspina y Nicolás Massot (Pro).
