El proyecto ómnibus que incluye el pago de juicios a jubilados, la devolución del 15% de la coparticipación a las provincias y el blanqueo de capitales, comenzará a ser debatido hoy en la Cámara de Diputados. Ayer, ni bien los legisladores tuvieron en sus manos las casi 100 páginas de la compleja iniciativa del Poder Ejecutivo, surgieron las principales objeciones.
El primer cambio que sufrirá el texto será propuesto por el bloque oficialista ya que tanto el radicalismo como la Coalición Cívica, socios del Pro en Cambiemos, quieren excluir también al Poder Legislativo y al Judicial del “sinceramiento fiscal”.
El proyecto del presidente Mauricio Macri sólo plantea la imposibilidad de adherir a la medida para los funcionarios del Poder Ejecutivo, decisión que tomó la Casa Rosada luego de fuertes presiones de Elisa Carrió y de la cúpula de la UCR, partidos que votaron en contra los blanqueos propuestos por el kirchnerismo en años anteriores.
En el texto que envió el Ejecutivo al Congreso hay un artículo -el 81°- en el que se excluye de la posibilidad de sumarse al blanqueo a los funcionarios del Ejecutivo tanto de la última administración kirchnerista como de la actual gestión (la fecha que se toma como corte es 2010).
Esto incluye desde el presidente a los ministros, desde los embajadores a los síndicos y desde los rectores y funcionarios de universidades nacionales a los espías de la ex SIDE (actual AFI). Pero no hay referencia alguna a los otros poderes del Estado.
“Creemos que el Presidente no quiso avanzar sobre el Congreso por respeto a los otros poderes pero nosotros lo propondremos mañana -por hoy- ya que entendemos que los legisladores, los jueces y los funcionarios de estos dos poderes no deben acceder al blanqueo”, explicó Mario Negri, jefe del interbloque oficialista.
Esta mañana, los legisladores de Cambiemos tendrán una reunión con miembros del gabinete económico que asistirán a Diputados para defender el mega-proyecto de ley. Luego, a las 13, los mismos funcionarios enfrentarán a la oposición en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social que iniciarán la discusión legislativa. Se espera que asistan el jefe de la Anses, Emilio Basavilbaso y de la Afip, Alberto Abad. También el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana y del vice de Hacienda, Pedro Lacoste.
Recordemos que tampoco podrán adherir al blanqueo o sinceramiento fiscal quienes tengan procesos judiciales por delitos de orden económico y financiero, estafas, quebrantos o falsificación de marcas, entre otros. Esta segunda “proscripción” sí está planteada en el proyecto que el martes por la noche recaló en Diputados.
Ayer, en tanto, en el Senado también hubo movimientos ya que un grupo de senadores peronistas, comandados por Miguel Pichetto, presentaron un proyecto de blanqueo de capitales.
Esta iniciativa es similar a los planteos que los diputados oficialistas formularán hoy ya que excluye a los funcionarios del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial de los planes de sinceramiento fiscal. Ésta sería la posición del PJ-FpV en la Cámara baja, por lo que algunos dan por descontado que los funcionarios de los tres poderes quedarán excluidos.
Piden más información sobre las cuentas de Macri en el exterior
El juez Sebastián Casanello pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que le remita copia de la declaración jurada patrimonial que realizó el presidente Mauricio Macri el año pasado como jefe de Gobierno porteño.
En la declaración de 2015 supuestamente deberían figurar los 18 millones de pesos depositados en una cuenta bancaria de las islas Bahamas en calidad de activos en el exterior, que Macri definió como “ahorro”, hizo constar en la declaración 2016 y aseguró que repatriará al país.
El magistrado también requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) que le remita la información que posee de la actividad de varias empresas del grupo Macri -cuyo titular es Franco, padre del Presidente- entre 1985 y 2007.
La lista de sociedades sobre las que se requirió información incluye a Socma Americana SA, Grumafra SA, Global Collection Services, MTC Investment y Macri Investment Group, Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA.
Los investigadores quieren determinar si hay indicios de vínculos comerciales y ROES (“Reporte de Operaciones Sospechosas”) entre esas compañías y las firmas offshore “Fleg Trading LTD”, en Islas Bahamas, y “Kagemusha SA”, registrada en Bahamas y Panamá, en las cuales Macri figuró como director y vicepresidente, respectivamente.
Los pedidos a OA e IGJ -dependientes del Ministerio de Justicia- fueron impulsados por el fiscal Federico Delgado, quien llegó a solicitar hasta los balances de la empresa SOCMA entre 1985 y 2007.
Además requirió el fiscal que se recaben datos de varias compañías de Brasil, que declaren dos ex apoderados de las empresas supuestamente involucradas, y que preste testimonial el ex directivo de SOCMA, Orlando Salvestrini, sobre la actividad de Pago Fácil y Fleg Trading en Brasil.
De Italia, en tanto, se requirió información sobre Fleg Trading, Owners y Hotel Nuraghe Portorotondo. Casanello libró exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil por empresas de la familia Macri y pidió a la AFIP que le remita las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Francisco Macri, Gianfranco Macri y Mariano Macri, entre otros. DyN
