La reciente sanción definitiva, en la Legislatura provincial, de una norma legal que establece que los locales de venta de ropa deberán ofrecer prendas con todas las medidas, de acuerdo al género y a la franja etaria a la que se dediquen, no hace más que responder a una sentida necesidad de una parte importante de la población.
Sólo cabe esperar que en la reglamentación se establezcan los plazos necesarios para la adaptación de la ley por parte de los comerciantes, a los efectos de que no sufran consecuencias económicas, en razón de que no fue ése, precisamente, el objetivo de los legisladores.
No caben dudas de que el avance tecnológico alcanzado en los últimos años, la inmediatez de las comunicaciones y el bombardeo permanente y constante de las nuevas “tendencias” respecto de los cambios en las formas de vestir, inciden directamente sobre las decisiones de la sociedad.
Los desfiles de modelos constituyen un hecho habitual y es sabido también que se han multiplicado geométricamente las críticas que recaen sobre los organizadores, en el sentido de buscar jóvenes con cuerpos cada vez más delgados y estilizados a los efectos de lograr un buen impacto ante los interesados.
Se sabe también que hay modistos tan exigentes que muchas jóvenes han llegado a sufrir serios problemas de salud en su intención de reducir de peso y ello ha generado paralelamente una incipiente tendencia, en los últimos tiempos, hacia la búsqueda de modelos más cercanas al nivel “medio” de la sociedad.
Sin embargo, aquella tendencia cuasi discriminatoria hacia las personas con problemas de sobrepeso se sigue manteniendo, quizás inconscientemente, en el grueso de la sociedad. Este aspecto genera que esa gente deba sufrir no sólo los inconvenientes en su lucha por reducir de peso sino los que les planteaban -hasta la sanción de la ley- los comercios que estandarizaban los talles de ropa.
Ello los obligaba a recurrir a negocios “específicos” aspecto que, en los hechos, no hacía más que acentuar su sentimiento de sentir un cierto modo de discriminación.
La norma legal viene entonces a poner las cosas en su lugar y a exigir que todos, más allá de su condición física, contemos con las mismas posibilidades a la hora de decidir la compra de ropa.
No establece su implementación inmediata sino que da un tiempo a los negocios para que puedan adaptarse e inclusive contempla la realización de jornadas de educación y concientización. La ley será seguida por un control estatal hasta la tercera etapa, que comprende las sanciones por incumplimiento.
Es aceptable también el planteo efectuado por algunos comerciantes en el sentido de que la exigencia de variedad de talles les obligará a una mayor inversión, razón por la cual es necesario que en la reglamentación por parte del Ejecutivo se establezca un tiempo necesario para la adaptación.
En síntesis: el objetivo buscado por el autor del proyecto y de los legisladores que lo acompañaron en la iniciativa es loable, en razón de que intenta evitar la discriminación que hasta ahora sentían quienes, muchas veces por motivos de salud, tienen problemas de sobrepeso.
No ha sido, y así lo aclararon, generar algún tipo de perjuicio hacia los comerciantes de venta de ropa.
De allí que deberán buscarse las variables para que la norma legal se efectivice en el plazo más corto posible pero que genere el mínimo inconveniente financiero para quienes tienen la obligación de cumplirla.
