El titular del juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Luis Arias, reconocido por sus sentencias contra decisiones del gobierno bonaerense, como los descuentos a docentes por días de paro o los aumentos en las tarifas, fue suspendido ayer del cargo acusado de una veintena de irregularidades.
Así lo resolvió ayer a la tarde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses por unanimidad, por lo que ahora Arias será apartado del cargo y se le embargará 40 por ciento del sueldo, hasta que se lleve a cabo el juicio en donde se definirá si se lo destituye o no.
En el jury de hoy se consideró que el magistrado ahora suspendido deberá ir a juicio por 21 cargos, entre los que se le imputa "abuso de autoridad", "prevaricato", "desborde competencial" e "interferencia de otro proceso".
También por "dictar órdenes y disposiciones contrarias a las disposiciones constitucionales y reglamentarias", en este caso en la causa que su juzgado tuvo a cargo por el número de muertos en la inundación de La Plata de abril de 2013, en la que fallecieron al menos 89 personas.
Asimismo, se lo acusó de tomar "claras posturas políticas" por firmar una solicitada titulada "Unidos en Defensa de la Democracia", que se publicó el 7 de marzo en medios nacionales y en la que se cuestionaba al gobierno nacional y se alertaba sobre "la preocupante situación de deterioro económico, institucional y social" del país.
El Secretario Permanente del Jurado, Ulises Giménez, dijo que la suspensión de Arias le impide al magistrado renunciar al cargo, por lo que deberá afrontar el juicio oral y público que se prevé se llevará a cabo en los primeros meses de 2018, en esta capital.
Tras la decisión del Jurado de Enjuiciamiento, Arias calificó la sanción de "una embestida política" y consideró que la suspensión "es un intento de silenciar voces, porque hemos decidido cosas que molestan al Gobierno".
"Quieren despejar el camino para lo que viene, por ejemplo el aumento de las tarifas", afirmó.
El ahora suspendido juez falló en reiteradas oportunidades contra decisiones de los gobiernos de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal, especialmente en lo referente a los aumentos de tarifas, peajes y en el de los descuentos a docentes que pararon durante conflictos salariales.
Particularmente, se recuerda el conflicto con la administración sciolista sobre la cantidad de muertos que arrojó la inundación de la ciudad de La Plata, en 2013.
En esa oportunidad, el gobierno bonaerense intentó cerrar la cifra en 52 muertos, pero Arias sostuvo que, en realidad, la cantidad de fallecidos ascendió a 89, aunque una investigación periodística elevó la cifra a más de cien.