El caso del fiscal Fabricio Sidoti fue el único que tuvo una resolución contundente durante una sesión del Jury de Enjuiciamiento que analizó acusaciones contra cuatro magistrados. El fiscal, que se hizo conocido por la muerte de la joven Ayelén Arroyo, fue suspendido en sus funciones hasta que ese tribunal defina su destino, es decir si lo absuelve o si lo destituye. Será después de la feria judicial.
El desenlace sorprendió a varios, ya que Sidoti había sido apoyado inicialmente por los representantes en el Jury del peronismo y la Justicia, pero también porque investigaba los abusos en el Instituto Próvolo con rapidez y resultados.
Inicialmente había quienes estimaban que seguiría en su cargo hasta que se elevara la causa a juicio, pero prevaleció la postura del Gobierno y se cambió el fiscal a cargo de la investigación de los curas abusadores (ver página 17)).
Las idas y vueltas por el caso de Sidoti empezaron a los pocos días de aceptarse la denuncia en su contra el 20 de octubre. El tribunal suspendió el trámite y mandó el expediente al procurador, Alejandro Gullé, para que lo analizara.
La reacción del propio gobernador, Alfredo Cornejo, fue furibunda: acusó a la Corte de no querer sancionar a funcionarios judiciales. Gullé devolvió rápidamente el expediente: consideró que es el Jury el que tiene que definir la situación de Sidoti, más allá de la investigación interna.
De tal modo, ayer hubo una primera definición cuando se aceptó iniciar el juicio y, como marca la Constitución, el magistrado fue suspendido hasta que se resuelva y cobrará mientras tanto la mitad de su sueldo. Ahora, debe presentar su defensa, se analizarán las pruebas y el cuerpo definirá.
Así lo explicó Juan Carlos Jaliff (UCR) junto a la también radical Beatriz Varela, dos de los 14 legisladores que integran el tribunal con los siete jueces de la Suprema Corte provincial. “No me animo a decir tiempos. Espero que la prueba se pueda llevar a cabo de forma ágil y perentoria y fijemos la audiencia final, el debate oral y público, cuanto antes”, dijo el senador.
El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, fue quien presentó la denuncia y ayer se mostró satisfecho con el avance. Para el funcionario, el magistrado debe responder por su investidura: “Son todos juegos de responsabilidades distintas. No puede ser que, porque diga que haya otro responsable, el fiscal se excuse”.
Una posibilidad que dejó entrever Gullé se vincula a una reforma que estudia la Legislatura para crear sanciones intermedias. En ese sentido, en vez de ser absuelto o destituido podría ser sancionado con una suspensión temporal sin goce de sueldo.
Garay también contempló esa posibilidad ya que el próximo martes, “si todo viene bien”, el proyecto se convertiría en ley. Ahí se podría considerar también una cesantía de hasta 180 días sin goce de sueldo, pero quedará a criterio del Jury aplicar esa opción.
Si bien la votación es secreta, trascendió que el resultado fue un estrecho 11 a 10. Los ocho legisladores que tiene la UCR en el tribunal votaron a favor de la suspensión, los seis del peronismo en contra y quienes sentenciaron al fiscal fueron tres jueces. Ese mismo cuerpo es el que definirá la votación final en unos meses.
Después de conocerse la decisión del tribunal, Sidoti rechazó hacer declaraciones a la prensa. Ayer por la tarde se reunió con su abogado.
El caso de la polémica
El miércoles 28 de setiembre, Ayelén Arroyo (19 años) fue asesinada por su padre en Ugarteche (Luján). El drama se volvió aún más grande al revelarse que la joven había denunciado a Roque Arroyo dos semanas antes por abuso sexual y el hombre tenía una orden de restricción que no se cumplió.
A poco de conocerse el caso, el Gobierno pidió una investigación por medio del Jury y aparte la Procuración General de la Corte inició un sumario administrativo contra el fiscal a cargo, Fabricio Sidoti. Además de la actuación de la fiscalía, quedaron dudas por la responsabilidad del Órgano Administrativo Local (OAL) y de la Policía por no hacer cumplir la restricción.
A partir de ahí la causa pasó a manos de la fiscal Claudia Ríos, que imputó al hombre por el delito de abuso sexual. En noviembre le dictaron prisión preventiva. Los legisladores ayer señalaron una y otra vez la conmoción del caso y el ministro Garay se les sumó: “Si hubiera estado con una prisión preventiva no hubiera matado a Ayelén”.
