Pocos aspectos de la vida de una sociedad reflejan tan cabalmente como la infraestructura, la diferencia entre los países desarrollados y los que aún luchamos por serlo.
La infraestructura reúne condiciones que se relacionan mucho con el desarrollo: una buena infraestructura exige planificación de largo plazo, inversiones costosas, previsibilidad política y mínimas certezas acerca del rumbo económico de una comunidad. Exige responsabilidad política y madurez institucional, lo mismo que los argentinos estamos intentando reconstruir.
Tal vez, la peor herencia que hayan recibido los actuales gobiernos de Mendoza y la Nación, tenga que ver con el pavoroso atraso en esta materia. Hace tiempo que nuestra provincia, que supo ser ejemplo en cuanto a la planificación y estrategia para el desarrollo, perdió ese rumbo. Una tierra donde los pueblos originarios idearon una ingeniería hídrica que aún hoy resulta novedosa para quienes nos visitan, perdió ese atributo que combina innovación, previsibilidad y dedicación.
Este atraso en infraestructura es especialmente notorio en el rubro energético.
Entes reguladores atrapados, distribuidoras rehenes de gobiernos que tomaron decisiones con el calendario electoral como prioridad y usuarios que pagamos tarifas bajas y hoy recibimos como consecuencia desabastecimiento y un servicio indecente, es la película que protagonizamos en el pasado reciente.
Ante el problema, tenemos dos opciones. Una, seguir la línea que nos trajo hasta acá: parchar en lugar de reformar, quedarnos solo en un mensaje de uso racional de energía (que no es suficiente), y profundizar un esquema que termina en el círculo vicioso.
La otra opción, la que debemos explorar aunque exija tiempos que exceden las necesidades políticas, es la que tomaron los países que más avanzaron. Planificar inversiones, establecer tarifas lógicas y darle a los organismos de control herramientas para que ejerzan en el día a día las atribuciones que la ley les confiere.
Para los mendocinos del Sur, hay obras concretas que podrían solucionar gran parte del problema, y que nos pondrían en un lugar privilegiado en materia de energías renovables.
Por San Rafael pasa la línea Comahue Cuyo, nodal en el sistema energético nacional que, de hecho, se abastece de, entre otras fuentes, la central de Reyunos. A 2600 metros de allí, sobre El Tigre, está la línea que suministra energía a San Rafael, pero, asombrosamente, no está ligada a Comahue Cuyo pese a la proximidad.
San Rafael no tiene energía suficiente para abastecer las necesidades de su población y su economía, es así de simple y crudo. Pero esa situación podría remediarse en no mucho tiempo construyendo una pequeña estación transformadora en El Tigre y concretando definitivamente la línea de Nihuil IV, obra que está en desarrollo y que con reformas, mejorará sustancialmente el abastecimiento eléctrico y permitiría en el mediano plazo, trabajar con tranquilidad para la concreción de los proyectos de energías renovables que no solo permitirán abastecernos nosotros, sino también proveer a ciudades y pueblos del país con energía local y empleo local.
Similar situación vive Malargüe, con la paradoja de que siendo uno de los territorios con mayores reservas de gas, no tiene acceso al gas natural. La obra que propone la Provincia incluye un gasoducto y una central térmica, financiada en buena parte por YPF.
Las obras estructurales, incluyen el parque eólico de El Sosneado que fue presentado -y su financiación aprobada-, en el plan nacional Renovar 1.5. Ese emprendimiento se construirá en tres partes y podrá, una vez finalizado, generar energía para 75.000 hogares. La primera parte de la obra podría estar lista en 2019, no solucionaría las urgencias pero sí generaría certezas acerca del abastecimiento a mediano y largo plazo, y mientras tanto, crearía puestos de trabajo genuino en Malargüe y San Rafael.
Esa obra se complementa con el parque fotovoltaico de General Alvear, también con licitación aprobada en el plan Renovar, y que implicará un impulso fenomenal no solo a las energías renovables sino también a la creación de empleo productivo en el departamento.
La presa de Portezuelo del Viento, próxima a licitarse y con recursos asignados en el presupuesto nacional, sería la obra cumbre de esta cadena de inversiones, de realización posible y estrictamente necesaria, que llevaría al Sur de Mendoza a ser el polo energético de la Provincia.
Si a esas grandes inversiones de ingeniería civil agregamos la aplicación del concepto de generación distribuida en materia de energía eléctrica, podemos estar frente a un momento bisagra en la historia de Mendoza. Esto implica que en hogares o pequeños emprendimientos productivos o comerciales se genere energía por la vía solar o hídrica, a través de paneles o microturbinas, que podrían abastecer a esas propiedades y volcar el excedente en la red eléctrica, proveyendo a EDEMSA.
Hay tres claves que, en este sentido, harán que avance el concepto de energía distribuida: una clara regulación legal de la actividad, asesoramiento y financiamiento blando del Estado y un rol fundamental del EPRE generando condiciones y alentando iniciativas de esta naturaleza que cumplen el doble rol de descomprimir el sistema y hacerlo a través en el marco de las energías renovables.
Es hora de que el cambio político que conseguimos y el cambio cultural que pregonamos, se manifieste en un cambio en la agenda de quienes tenemos responsabilidades. Necesitamos un pacto político, que abarque también a organizaciones del tercer sector para materializar las obras pendientes y salir de la cultura populista que aborda problemas estructurales con mirada de corto plazo, resultados lamentables y consecuencias indeseadas.
