Luis Abrego - labrego@losandes.com.ar
La Suprema Corte de Mendoza optó por salir por arriba del propio laberinto que -incomprensiblemente- armó a fines de 2015, específicamente el 23 de diciembre, cuando a instancias de Omar Palermo firmó una acordada express a favor de la ONG Xumek para agilizar la situación de detención de los acusados por algún delito.
La polémica decisión también apuntaba a limitar la prisión preventiva y fue inmediatamente cuestionada con dureza por el Ejecutivo provincial, lo que puso en tal brete a la Corte que apareció como hípergarantista en un contexto social de alta sensibilidad por las secuelas cotidianas de la inseguridad.
Expuesta y muy incómoda en ese rol, el máximo órgano de la Justicia dio otro paso en falso al desairar luego al gobernador, Alfredo Cornejo, y sus colaboradores en una audiencia de acercamiento con la liviana excusa que esgrimieron los firmantes de la acordada: no podían dialogar con el Ejecutivo ya que “la otra parte” (es decir Xumek) no iba a participar del encuentro.
El argumento, lejos de consolidar la postura de los jueces, la desmoronó. Justamente, en la previa de la discusión que derivó en la acordada, el Gobierno no había sido consultado porque -según argumentó la Corte- “no era parte” ya que sus efectos -dijeron- no estaban destinados a interferir ni las políticas de seguridad, ni las decisiones gubernamentales en la materia. Pero esa no fue la última ida y vuelta.
Enredados y confundidos tras el duro contraataque del procurador Rodolfo González (sí, el principal destinatario de la acordada y ahora fortalecido tras el embate), quien apeló y fundamentó incluso que la decisión hasta avanzaba en incumbencias propias del Poder Legislativo, la Corte volvió otra vez rápidamente sobre sus pasos, aceptó su planteo y suspendió su aplicación, como una especie de salida elegante al entuerto.
Luego corrió vista a Xumek, tal como indica el procedimiento legal, pero con la segura convicción que tras la respuesta de la ONG defensora de los derechos humanos, la decisión ya estaba tomada: se aceptaría por unanimidad el recurso para que en todo caso, la resolución final fuera de la Corte nacional. Eso sucedió ayer a menos de un mes de iniciada la controversia.
Arrepentimiento o dilución, la polémica ahora saldrá de la Provincia tal como quería el Ejecutivo y como luego se convenció mayoritariamente la Corte al advertir el conflicto político que su decisión implicaba. Lo llamativo es que ese riesgo no haya sido considerado por los supremos, o lo que es peor: que hayan cambiado de parecer al advertir el humor social adverso.
Como una balsa abandonada en medio del caudal torrentoso, la Corte en este tema fue y vino; avanzó y retrocedió según la corriente, como si al redactar sus fallos no hubiera podido medir las consecuencias del peso de sus palabras. O si por el contrario, el apresurado poder de lobby de algunos, o el liderazgo interno del cuerpo de otros, hubiera podido más que la sabia y justa mirada, equilibrada y objetiva, en pos del bien común de la máxima instancia judicial de Mendoza.
