Escoba nueva barre bien, es el dicho popular que podría aplicar para describir, de alguna manera, la expectativa que tiene el sector minero en la política minera del orregismo. Hace dos meses, asumía Marcelo Orrego como gobernador en la Provincia de San Juan renovando las principales figuras del Gabinete. Si bien los empresarios nucleados en la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) desconocían antes del 10 de diciembre quién iba a ser -a ciencia cierta dejando de lado el rumor-, el ministro de Minería, ya tenían preparado un documento con propuestas para que el funcionario del área, y el mismo Orrego, pusieran a consideración.
Le faltaba la firma de los socios nomás, apenas un detalle que no retrasó la intención de la entidad que lo tiene a Ricardo Martínez como presidente desde hace medio año. Ahora a la cabeza de la CMSJ, le tocó consensuar con sus pares las ideas que, pidieron, sean tomadas como crítica constructiva. Tal cual sonaba, Juan Pablo Perea fue designado sobre el pucho ministro de Minería y, a horas de haber estrenado el cargo, recibió un documento conciso con todo aquello que el empresariado minero no pudo conseguir de la gestión anterior.
Según pudo saber este medio, dos de los pedidos conciernen al Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (Ipeem) que fue creado hace treinta y cinco años por Ley N° 6029 (actual A -287) y está formado por un directorio que tiene presidente y vicepresidente designado por el Poder Ejecutivo, y por dos vocales en representación de la primera y segunda minoría. El objetivo de su creación fue promover el desarrollo de la actividad minera sanjuanina y, para tal fin, dispone de áreas mineras que entrega a terceros mediante contrato de riesgo con opción a la explotación.
Es llamativo lo que quieren los mineros: piden que se derogue la norma procesal que permite al Ipeem obtener derechos mineros que están abandonados o fueron declarados caducos. ¿El argumento? Están convencidos de que el organismo estatal es un competidor de ellos. Es llamativo porque, entre otras cosas, el Instituto no viene trabajando así desde ayer, sino que, desde hace casi una década, una norma provincial le abrió las puertas para recibir más áreas con la clara intención de que éstas no duerman por largos años en manos de las empresas mineras sin avances que les permita convertirse en mina.
Así las cosas, todas las áreas mineras que quedan libres van primero al Ipeem para que las estudie durante 180 días y elija las que considera más atractivas para los inversores. Pero tiene un tope, es decir, no puede tener más de 100.000 hectáreas en áreas de estudio.
Además, el Instituto tiene una ventaja, según cómo se lo mire. Es que no es socio de las empresas mineras con porcentaje de participación, como sucede en otras provincias del país como, por citar un ejemplo, Santa Cruz. En la provincia sureña tienen Fomicruz SE cuyo único accionista es el Estado provincial y, pese a su carácter estatal, su estructura gerencial, operativa y de desarrollo responde a las mismas características que las de cualquier empresa privada dedicada a actividades similares. La estatal se asocia con el capital privado para avanzar en el desarrollo y explotación de los proyectos propios maximizando la participación provincial en la renta económica.
El Ipeem, en cambio, no puede hacer directamente actividades de exploración y explotación, sino los terceros únicamente. De hecho, el organismo se creó porque el Estado provincial no sabía qué hacer con las áreas de reserva minera que tenía (Del Carmen, La Ortiga, Los Despoblados, Arroyos Amarillos, Jagüelito y Veladero, en el departamento Iglesia. Al oeste, en Calingasta, las áreas Calderón Calderoncito, Rincones de Araya y Cerro Mercedario que quedó borrada del mapa minero por cuestionamientos sociales) ya que por sí mismo no puede negociar como privado.
El presidente del Ipeem, Eduardo Machuca, que viene ocupando este cargo desde la gestión uñaquista, aseguró que el organismo sí contribuye al desarrollo de la actividad minera “porque las áreas se entregan a las compañías para que la desarrollen y, de esa manera, nosotros ni exploramos ni competimos con la empresa”. ¿Qué le diría al ministro Perea si le consulta qué hacer con la propuesta de los empresarios?, fue la consulta de Los Andes al funcionario. “Yo voy a defender el Ipeem”, respondió. Este medio quiso conocer más a fondo los motivos de dicha sugerencia empresarial y fue consultado el presidente de la CMSJ, Ricardo Martínez. Tras reiterados intentos, el titular de la entidad se disculpó, dijo que no iba a participar de la entrevista y que después hablaría de los detalles.
Y hablando de competir. Machuca dijo: “Yo tengo que tratar de competir con las empresas, por eso hemos comprado la licencia de un programa geológico que usan las compañías. Yo les pido toda la información geológica de los contratos vigentes y que me la entreguen en un formato específico. También hemos comprado al Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) toda la información geofísica de las áreas de interés que tenemos, la hice interpretar y se cargó dentro de dicho programa. Estamos generando una base de datos muy importante y con la información que me entregan puedo hacer mis propios modelos de lo que tienen las empresas y hasta discrepar”.
La otra propuesta
Al comienzo de esta nota indicamos que las ideas atenientes al Ipeem pergeñadas por el empresariado minero son dos. La segunda tiene que ver con los fondos del organismo con la finalidad, según indicaron, de optimizar el uso de estos recursos provenientes de la minería.
De acuerdo con el artículo 19 de la ley que le dio vida al Ipeem, éste se encarga de la administración de los fondos (depositados en una cuenta especial) para las erogaciones concernientes a su funcionamiento y para el desarrollo de nuevas huellas mineras y obras de infraestructura que permitan el impulso y desarrollo de la actividad productiva minera. El otro destino es para promover la pequeña minería.
La postura de los mineros es que los fondos que administra el Instituto sean reinvertidos en bienes y desarrollo profesional orientado al fortalecimiento de las actividades de control minero, tanto propias como de las distintas Secretarías dependientes del Ministerio de Minería. “No mezclemos las cosas. El Ipeem no hace control ambiental, para eso tienen los propios fondos que vienen de las regalías y hay una autoridad minera. Sino yo paso a ser juez y parte. Minería nos controla que las áreas estén ambientalmente como corresponde, y lo que yo controlo es que las empresas cumplan con el contrato en tiempo y forma”, precisó Eduardo Machuca.
La cosa es así: la Ley de Presupuesto estipula que, si queda remanente de ejercicios anteriores, pueden pasar a Rentas Generales en cualquier momento y el Gobierno hace lo que le parezca con ese dinero. Un dato, y que posiblemente no saben la mayoría de los sanjuaninos, es que el Centro Ambiental Anchipurac, ubicado donde antes existía el basural más grande de la provincia de San Juan e inaugurado en el año 2019, se construyó con fondos del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras.
