El paréntesis vendimial prácticamente no alcanzó para poner paños fríos en el agitado comienzo de gestión de Suárez. Mientras continúan las conversaciones tendientes a destrabar el nudo que creó el Justicialimso con el Presupuesto, un escándalo producido por la difusión mediática de una suma salarial insólita en el ámbito judicial obligó al jefe del Ejecutivo a encarar una nueva partida: exigirle a la Corte que ponga en caja a los sueldos de empleados del Poder Judicial que cobran como si fuesen magistrados.
Para ello el Gobernador envió a la Legislatura un proyecto por el cual le da un plazo de un mes a la máxima jerarquía de la Justicia a los efectos de suprimir los cargos de los salarios jerarquizados sin merecerlo.
La iniciativa fue planteada en coincidencia con una pulseada que venía manteniendo la Corte con jueces que se rebelaron, en una reacción inédita, por la decisión de trasladar personal de juzgados civiles a los de familia y minoridad con el fin de reforzar áreas desbordadas por la cantidad de causas a atender.
Ambas situaciones resultan complejas para su abordaje, porque más allá del indudable enojo social que producen sueldos desmedidos, como el que desató el escándalo que llevó a Suárez a intervenir, está muy claro que la Justicia también sufre escasez presupuestaria, lo que lleva a que dichas inequidades trasciendan mucho más.
Jorge Nanclares, el presidente de la Corte, directamente apuntado al conocerse el altísimo salario de su secretaria, había reclamado en su paso por la Legislatura para discutir los aspectos presupuestarios para este año la necesidad de que, por ejemplo, se le devolviera al Poder Judicial la posibilidad de nombrar personal, algo que quedó frenado durante la gestión provincial anterior. Las vacantes quedan a disposición del Ejecutivo.
No obstante, fuentes judiciales destacan que la embestida contra los sueldos altos en ese poder debería contemplar los casos de profesionales que por su idoneidad son fundamentales en asuntos en los cuales muchas veces los jueces requieren asesoramiento. Y los secretarios de juzgados y la estructura administrativa de los tribunales generalmente asumen el peso de los asuntos sobre los que finalmente deben resolver los jueces. Muchos de esos casos justificarían, entonces, salarios más elevado que la media.
El problema radica en que el caso de la secretaria de Nanclares también expuso públicamente una vez más la discrecionalidad que tienen los magistrados para manejar algunos asuntos.
Pero en el plano netamente político este nuevo debate que genera el jefe del Ejecutivo otra vez podría poner a prueba la capacidad de negociación de sus alfiles legislativos. Por otra parte, ¿estarán dadas las condiciones para dicho debate? ¿Qué postura adoptarán los legisladores del peronismo, que le soltaron la mano a Suárez con la reforma minera y le traban o limitan la pauta presupuetaria? No se sabe aún.
Hay un detalle no menor, que fue reflejado en una cobertura reciente de Los Andes: la ley que fijó un tope salarial en la Provincia está aún judicializada. Justamente es la Corte la que debe definir si la norma es o no constitucional, según planteos de organizaciones gremiales y funcionarios de la Justicia que resistieron su vigencia. Esa demorada definición podría servir de argumento para frenar el nuevo proyecto del Gobierno.
Mientras tanto, el debate del Presupuesto debería encaminarse a su definición. Pero el Ejecutivo parece no resignarse a que no prospere ninguna opción de endeudamiento. Eso se advierte por la negociación que encaró directamente el vicegobernador Abed. El juninense toma con sus manos una pieza ardiente. Sabe hacer política y de algún modo marca una equidistancia con Cornejo y Suárez. Asume el desafío de liberar lo que la oposición trabó.
El oficialismo se apuró pensando que dividiría al Justicialismo a través de un acuerdo con sus intendentes. En esa línea algunos jefes comunales del peronismo hasta se habrían animado a golpear puertas de despachos del gobierno nacional para intentar generar un guiño de sus legisladores mendocinos al pedido de deuda del Gobierno que abriría paso al financiamiento de obras trascendentes. Pero nada de eso prosperó porque Alberto Fernández ratificó la potestad de la senadora Anabel Fernández Sagasti para liderar al peronismo local y fijar estrategias y ésta hizo un llamado interno al orden en base a ese respaldo de la Nación.
Al margen de la postura cerrada del Frente de Todos, se advierte que hubo poca capacidad negociadora en el suarismo de Diputados y por eso la oposición terminó votando un presupuesto sin endeudamiento ni roll over. Algunos conjeturan con alguna desinteligencia entre los más alineados con el Gobernador y los que provienen del cornejismo como causante del fracaso, pero está claro que hay una cerrada postura en un peronismo mendocino que, con referentes históricos que parecen destinados al ocaso político, cumple al pie de la letra lo que se inspira desde el poder central. Y ahí el pensamiento K saca ventajas.
Además, si se llega a consenso y el Presupuesto es modificado, volverá a Diputados, donde los ánimos y la relación entre los dos sectores mayoritarios no quedaron muy cordiales. Por eso surgió entre los senadores oficialistas, Jaliff en especial, la idea de la introducción de adendas (agregados para ampliar contenidos) de modo de evitar una nueva revisión en la otra cámara. Nada está garantizado en esa línea porque, por otra parte, el peronismo podría retrucar en ese caso con algún pedido de modificación de partidas.
Ayer, en uno de los eventos vendimiales, Suárez volvió a reclamar al peronismo apoyo para el pedido de deuda. Pero tal vez llegue el momento de decidir encarar definitivamente la gestión 2020 con los números que sean aprobados.
