En una reciente edición, Los Andes destacaba que los jueces y empleados del Poder Judicial Federal tendrán, según su paritaria, un aumento de sueldos de 69%. Primero, se debe explicar qué son las llamadas paritarias del personal estatal.
El término paritaria alude a una negociación entre partes. En materia laboral son comisiones integradas en números iguales por representantes de los trabajadores y de los empresarios para analizar puntos de las relaciones laborales, tales como salarios, condiciones de trabajo, horarios, etc. Las negociaciones paritarias se iniciaron a comienzos del siglo pasado y reemplazaron la contratación individual entre el empresario y el obrero. Sin duda se trataba de una relación muy desfavorable al empleado y surgió, entonces, la contratación colectiva, entre un sindicato y los empresarios, dando lugar al contrato colectivo de trabajo.
Pero en la paritaria de estatales no hay dos partes, como en las privadas. Quienes participan son todos empleados del Estado, mientras que en la negociación privada de un lado están los trabajadores, del otro están los empresarios o empleadores, que son los que pagan los salarios.
En el Estado no ocurre nada de esto; los sueldos salen de los bolsillos de los contribuyentes. Salen los sueldos del Presidente de la Nación hasta el último empleado público del país. La única forma de que se organice una verdadera paritaria en el Estado sería que de un lado estuvieran los contribuyentes, que son los que pagan, y del otro los funcionarios y empleados que cobran.
Por cierto que esto parece una cuestión muy difícil de llevar a la práctica. Por lo tanto habría que dejar de llamar paritaria a lo que no lo es y buscarle una denominación acorde a la realidad que son.
Volviendo al asunto de los judiciales hay otras cuestiones que llaman la atención y revelan la naturaleza corporativa del Poder Judicial, una muestra más de la caracterización totalmente corporativa que la sociedad argentina ha ido adoptando en los últimos años.
Somos una sociedad donde las corporaciones más fuertes, sin duda la Judicial lo es, ganan beneficios a veces extraordinarios, como en este caso, para sus integrantes a costa de otros que no tienen corporación y fuerza. Basta recordar cuántos días y horas al año trabajan los judiciales comparados con los privados.
En una sociedad corporativa el mayor esfuerzo lo hacen los más débiles, los que no pueden organizarse en corporaciones. Pensemos en los miles de trabajadores por cuenta propia, monotributistas y los que viven de hacer “changas”.
Otra práctica legal, pero que repugna al sentido del derecho y la justicia, es el denominado “enganche”; remuneraciones que están ligadas a otras. Esto hace que los enganchados pugnen para que de quienes dependen obtengan beneficios, que luego ello van a recibir. En el caso de lo Justicia Federal, están enganchados unos 500 jueces, fiscales y defensores oficiales del Poder Judicial de Mendoza, gracias a un acuerdo firmado por el gobernador Celso Jaque. También se beneficiarán el asesor de Gobierno, el fiscal de Estado y los miembros del Tribunal de Cuentas.
Finalmente, el aumento otorgado para los meses que restan del año, que completará ese 70%, proviene de un “acuerdo paritario” del año pasado. La Unión de Trabajadores del Poder Judicial de la Nación había anunciado un paro para los días 10 y 11 de del corriente. El 10 la Corte Suprema de Justicia pidió al Poder Ejecutivo 4 mil millones pesos para pagar lo acordado en la paritaria. Mientras tanto, el Congreso discutía la “emergencia alimentaria”. Muy polémico.
