La Corte de Suprema de Justicia de la Nación ya pidió la modificación de partidas presupuestarias con el objetivo de prever el segundo incremento salarial del 2017 para magistrados federales. Ese trámite, que suele demorar hasta un mes, es seguido atentamente por los magistrados provinciales, quienes tienen sus emolumentos enganchados a los de los jueces federales.
El anterior incremento fue otorgado en abril pasado y fue por el 10%, retroactivo al 1 de marzo. La Suprema Corte mendocina sacó su acordada actualizando el sueldo de los jueces y fiscales provinciales en el mismo porcentaje.
El Gobierno provincial va a empezar a pagar ese primer aumento con el sueldo de junio y los retroactivos los pagará en julio, agosto y setiembre. El costo salarial de jueces y fiscales del ministerio público es de 69 millones de pesos mensuales.
En el último año y medio los magistrados de la provincia tuvieron un incremento de sus ingresos que ronda el 56%. Por ejemplo, un fiscal de instrucción cobraba de básico 51.128 pesos en diciembre de 2015; con el sueldo de junio cobrará $ 79.682 de básico; un juez de cámara cobraba hace año y medio $ 63.900, a fin de este mes cobrará $ 99.600.
A estos salarios hay que agregarles todos los adicionales de rigor, como bloqueo de título y antigüedad. Éste suma 2,6% del básico por cada año trabajado, o sea que un magistrado con 20 años en la Justicia cobra por este concepto un monto equivalente al 52% del básico. Cabe recordar, además, que no pagan impuesto a las Ganancias.
En la Corte nacional ya preparan el segundo incremento del año. Habitualmente son tres para cada calendario. El año pasado el máximo tribunal otorgó 10% en marzo (retroactivo al 1 de enero de 2016), 15% en junio para el sueldo de ese mes y el 12% en octubre para ese mismo mes. Así, en 2016 el incremento acumulado fue de algo más del 41%.
Esos mismos porcentajes se aplicaron a jueces, fiscales y abogados oficiales, así como a funcionarios del Poder Judicial de Mendoza.
Ese aumento está bastante por encima del 25% que recibieron los estatales mendocinos en el mismo período.
Como se dijo, en la Corte nacional ya se está pensando en la segunda actualización salarial del año para los magistrados federales.
En el sitio web del Centro de Información Judicial se refleja claramente el ritual que se sigue para fijar los incrementos salariales. Primero se informa el pedido de modificación de partidas y unos días después, nunca más de un mes, se publica el incremento decidido por la la Corte.
El 6 de junio pasado, el CIJ publicó el pedido de modificación de partidas remitido a la Jefatura de Gabinete. Se indica además que el incremento será de un 10% y se pagaría a partir del 1 de junio. Es decir que, una vez terminado el cálculo de las nuevas partidas presupuestarias destinadas al Poder Judicial de la Nación, la Corte decidirá pagar el incremento, retroactivo a junio.
Eso implica que la Provincia deberá pagar ese nuevo incremento retroactivo a este mes, en el que empieza a pagar el incremento decidido para marzo pasado.
Los sueldos de los jueces provinciales están enganchados a sus pares federales desde 2008, cuando el entonces gobernador Celso Jaque cerró un largo conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial, que protagonizaron los gobernadores Roberto Iglesias y Julio Cobos justamente por el monto de los salarios judiciales.
La Provincia paga en salarios casi 900 millones de pesos por año a magistrados, sin contar el incremento que se viene a partir del 1 de junio.
El conflicto lo cerraron Jaque y su entonces ministro de Gobierno, Mario Adaro, con un acuerdo que evitó la indexación prohibida por una enmienda constitucional, pero que les permitió a los jueces mendocinos quedar enganchados al salario de sus pares federales, en los hechos casi lo mismo. Hoy Adaro es miembro de la Corte mendocina.
El subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, dijo que "estamos obligados a pagar las actualizaciones. No pagarlas sería peor porque perderíamos cualquier planteo judicial".
Pero luego vino el pedido a los magistrados: “Hay muchos que están comprometidos, pero no todos. Teniendo en cuenta que cobran los mejores salarios de la administración pública provincial, querríamos que todos se comprometieran y trabajaran también de tarde”.
Ese es un viejo reclamo de la política y también de la sociedad. La Provincia paga en salarios casi 900 millones de pesos por año a magistrados, sin contar el incremento que se viene a partir del 1 de junio.
Una jura que llegó casi 20 años tarde
Después de casi 20 años de aplicarse el "nuevo" Código Procesal Penal en el Gran Mendoza, ayer juró al primer ayudante fiscal para Uspallata. Se trata de Oscar Malla, quien quedará a cargo de la seccional 23 de esa localidad lasherina que hasta ayer dependía de la Oficina Fiscal 11 de Maipú y Luján.
Esta situación implicaba que los vecinos de las otras localidad de alta montaña, que pertenecen a Las Heras, debían “bajar” hasta el centro de Luján para realizar una denuncia. En el acto estuvieron el procurador Gullé, el gobernador Cornejo y los jueces de la Corte Llorente, Nanclares y Valerio.