Subvenciones: investigan irregularidades en colegios privados

Un muestreo preliminar realizado por la Dirección General de Escuelas (DGE), destinado a determinar si los colegios privados que reciben subvención por parte del Estado tienen sus papeles en regla, arrojó que de 100, cuatro presentaron irregularidades. Por eso, ahora la Fiscalía de Estado se encuentra realizando una investigación en base a los aportes de la cartera educativa. El objetivo es verificar si las instituciones han incumplido lo establecido en el decreto N°2633/05, que estipula los requisitos que deben cumplir para requerir el beneficio que luego destinan al pago de los docentes.

"Hay una normativa que regula en qué casos en las escuelas privadas reciben subsidios. Lo que nosotros entendemos es que, desde el punto de vista legal, no estaría claro cómo algunos han recibido estos aportes o por lo menos no cumplirían las condiciones que se establecen", explicó el fiscal de Estado subrogante, Javier Fernández.

De acuerdo a lo citado en el blog de la Fiscalía de Estado, en primera instancia se observan las siguientes irregularidades: "Existe certeza de que algunos de los establecimientos auditados no poseen la forma jurídica necesaria (sin fines de lucro - Art. 4º Decreto Nº 2633/05)".
En segundo lugar, se asevera que algunos colegios poseen detrás fundaciones que les prestan ayuda, tal como es el caso de la Fundación Xavier que aparece documentado. "En estos casos, estas personas jurídicas aún no cuentan con la autorización de la Dirección de Personas Jurídicas para funcionar, lo que constituye una violación a las disposiciones legales vigentes", explicó Fernández.

En estos casos, si bien existiría responsabilidad por parte de las autoridades a cargo de los colegios privados por violación a la legislación vigente, podría haber una también responsabilidad de las autoridades administrativas legalmente destinadas a controlar la aplicación de la norma que rige el otorgamiento de subsidios.

La Fiscalía, que espera tener novedades en febrero, tiene en sus manos la investigación que emprendió la DGE a modo de muestreo en los establecimiento privados y al observar irregularidades en algunos solicitó ampliar el sondeo a todos los colegios que reciban dinero proveniente de las arcas provinciales. Por eso, la rendición de cuentas y la revisión de la documentación se hará extensiva a todas las escuelas pagas.

Escenarios posibles

Como resultado de este proceso, podría surgir que se confirme un posible fraude o que sólo se trate de un error administrativo que se viene "arrastrando" desde hace varios años. Incluso, señaló Javier Fernández, podrían quedar responsabilizados funcionarios ligados a la educación provenientes de gestiones anteriores al actual  gobierno. Para eso, Fiscalía de Estado solicitó a la titular de Educación, María Inés Abrile de Vollmer, que "analice el proceder de administraciones anteriores y cómo nadie se dio cuenta antes".

En el caso que se compruebe que un funcionario público incurrió en una conducta ilegal se abren distintos escenarios: "Si está ejerciendo se le pude iniciar un sumario y si no se le puede hacer una notación para que no vuelva a ingresar al Estado, siempre que sean conductas dolosas. En el caso de que llegaran a ser más graves, se determinará la intervención de la justicia penal", explicó Fernández.

De todas maneras, aclaró que el sumario, la investigación profunda y la sanción estarían a cargo del ente oficial del cual dependa la repartición dónde se produjo la irregularidad.
Vale destacar que en Mendoza hay 196 colegios privados que reciben subvención del Gobierno sobre un total de 257. De ellos, 101 son primarios y el resto cuentan con nivel secundario, de acuerdo a los listados publicados en el portal digital de la DGE. Los aportes recibidos por este sector de la educación varían entre el 10 y el 100%, de acuerdo a la realidad institucional y la matrícula de cada escuela, cuyas cuotas programáticas también oscilan entre los 100 (la más económica) y los 400 pesos mensuales.

Ayer, si bien en la DGE prefirieron ser cautos al referirse al tema, explicaron que este tipo de monitoreos se realizan en forma permanente y, aunque no mencionaron el nombre de los colegios implicados, adelantaron que de cien auditorías realizadas se detectaron anomalías en cuatro.

Lo cierto es que hasta el momento, para las autoridades educativas las irregularidades tienen que ver con una diferenciación respecto de la interpretación del decreto 2633. Por esa razón, desde la DGE efectuaron modificatorias a esta norma para endurecer los controles. El paso siguiente, según explicaron, será notificar a los colegios acerca de los cambios vigentes y emplazarlos a cumplirlos.