Terminó el Carnaval, pero para el campo viene un corso a contramano. Parece que el presidente Alberto Fernández va a apretar nomás el pomo. El jugador de póker se había guardado en la manga tres ases (el 3% adicional que le autorizó el Congreso con la Ley de Emergencia votada en diciembre) y ahora lo pondría sobre la mesa, para mostrarle al FMI y a los bonistas que estamos hecho pedazos pero algo todavía se puede escarbar. Es el agro, estúpido, diría Bill Clinton.
A esta altura, habría que preguntarse por qué le resulta tan fácil a la política apelar al recurso de los derechos de exportación. Se han naturalizado. No sólo es que son sencillos de recaudar. El tema central es que en el seno de la sociedad anida la idea de que las retenciones son justas y necesarias. Hace casi veinte años que se reimplantaron, la mayor parte de los economistas han reconocido que son un “mal impuesto”. Pero el poncho no aparece. Se vuelve una y otra vez a apelar a ellas porque “hace falta la plata”.
El FMI no es ajeno a esta cuestión y se suma al coro. “Paguen con lo que tengan”.
El gobierno de Alberto Fernández tiene menos prejuicios anti retenciones que el de su antecesor, que había hecho de la reducción y eliminación de esta gabela un leit motiv, pero también lo plantea como un “no tengo más remedio”, aún a sabiendas de que son pan para hoy y hambre para mañana.
El aumento cantado es de un 10% aproximadamente. La soja pasaría del 30% al 33%, pero lo más dramático pasa con los cereales (maíz y trigo), que hasta el año pasado tenían cero derechos y ahora corren el riesgo de irse al 15%. En el caso de la soja, el aumento sería del 34% respecto al año pasado. En el caso de los cereales (si también le aplican estos 3 puntos adicionales), subirían un 124%. Y a esto hay que sumarle el desdoblamiento cambiario. Frente al dólar real de $ 80, la soja recibirá pesos equivalente a un dólar de $ 40. El trigo y el maíz, de $ 51. A la hora de comprar cualquier cosa, le “zamparán” el dólar de $ 80.
También se espera que le toque a la carne vacuna, que quedaría gravada con un 9% de derechos de exportación. Llegaría en el peor momento: tras el boom del 2019, con embarques por US$ 4.000 millones, en diciembre todo empezó a complicarse. China defaulteó aún antes de la cuestión del coronavirus, y prácticamente se retiró del mercado. Los frigoríficos exportadores de toda la región están atravesando un momento muy complicado. En la Argentina, el consorcio ABC (que reúne a los principales exportadores) había planteado que se aplique un 9% a los cortes de bajo valor (asados en particular), para desestimular su venta al exterior y mejorar la oferta en el mercado interno. Además, pedían que se dejen en el 5% los cortes más valiosos, que no tienen tanta demanda doméstica. Veremos cómo queda esto.
La consecuencia de las retenciones es que va a caer la capacidad de compra del sector.
Esto impacta en el uso de tecnología. Menos tecnología es menos rendimiento y más degradación de los recursos. Espiral negativa que ya vivimos. Sólo la conciencia y la actitud hacia el futuro han evitado, hasta ahora, la catástrofe. Pero como dijo una vez Charly García, todo tiene un límite.
La única pregunta que se escucha desde que trascendió la intención oficial, es si se va a armar lío. Si los productores volverán a cortar las rutas. Si volveremos a la movida de la 125. Sin duda que estamos frente al riesgo de un conflicto mayúsculo. Para nada deseable frente a tremendos desafíos económicos y sociales y en el inicio de un gobierno elegido democráticamente. Ojalá primen el diálogo y la búsqueda de alternativas, que las hay. Habrá que ver si existe voluntad para imaginarlas, o si se vuelve a caer en la tentación del facilismo. Pan para hoy, hambre para mañana.
