Tras la aceleración inflacionaria post cepo y tarifazo, el Gobierno insiste en que llevará la inflación al 25% en la segunda parte del año, cuando espera cosechar los frutos de su política monetaria y fiscal.
Pero la inflación esperada por la población para los próximos 12 meses ya ronda el 30%, según la encuesta que publica mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella. Nadie quiere perder poder de compra y esto se refleja en las negociaciones paritarias, que en la mayoría de los casos vienen superando el 30% en términos anualizados y se reabrirán en el segundo semestre del año.
En este escenario, dejando de lado el debate de la responsabilidad política de la actual suba de precios, la mayoría de los economistas que no están en la función pública -incluso los opositores- coincide en que, para combatir la inflación, es necesario atacar las causas macro -algo en lo que reconocen que el Gobierno viene avanzando-.
También plantean que hay que convencer a los diferentes agentes económicos y políticos (trabajadores, empresarios, gobernadores, líderes de la oposición) respecto de que la magnitud de las subas de precios del pasado reciente no se repetirá en los sucesivos meses.
El llamado “anclaje de las expectativas” requiere un plan consistente, que muestre un mix de política fiscal, monetaria y de ingresos concretable sin que peligre la gobernabilidad, coinciden. Justamente el acuerdo con los holdouts y que el país acceda finalmente al financiamiento externo ayudaría a mejorar esas expectativas, al evitar un escenario de ajuste fiscal severo y sus consecuencias políticas y sociales.
Reducir demandas para no empeorar la situación
El ex ministro de Economía José Luis Machinea sostiene que el imprescindible reacomodamiento de precios relativos siempre produce un aumento de precios. Se trata de evitar que ese aumento se transforme en una inflación más elevada.
Para ello se requiere un cambio de expectativas, el cual depende de varios factores: anuncios creíbles sobre reducción de la emisión monetaria y déficit fiscal y cierto control de la puja distributiva.
“El déficit fiscal heredado es muy alto y sigue siendo alrededor de 6% del producto, y pareciera que el Gobierno no ha sido muy exitoso con algunos formadores de precios ni con algunos sindicalistas”, dice Machinea.
Además de bajar, que parezca que baja
El economista Martín Tetaz entiende que “la inflación está bajando. Sé que la afirmación es polémica porque es como decir que está desacelerando un coche que pasa a 180 km. por hora. Los cierto es que los precios corren a una velocidad escandalosa, pero hace dos meses venían a 200.
El IPC San Luis acusó recibo y cayó del 6,5% de diciembre al 4,%5 en enero. El IPC CABA subió del 3,9% de diciembre al 4,15% en enero, pero fue por culpa de aumentos estacionales. Así como a nadie se le ocurriría decir que el calentamiento global cede, porque en julio baja la temperatura, lo correcto es mirar la 'inflación core', o núcleo, que en CABA pasó de 4,5% en diciembre a 4,1% en enero”.
Explicó que “las consultoras privadas confirmaron la misma tendencia a la baja y el índice que las promedia (IPC Congreso) cayó también.
En febrero, la tendencia continúa. Elypsis midió 4,2% para CABA, pero 1,7% es por el tarifazo, que obviamente duele en el bolsillo, aunque no es inflación; no responde a un proceso de remarcaciones por emisión, o producto de la devaluación: es el resultado de una decisión administrativa y es un aumento de una vez”.
Agregó que “si la gente percibe que la inflación se está controlando, frenará remarcaciones en caso de ser un formador de precios, moderará exigencias si está negociando una paritaria, e incrementará su demanda de pesos si es un ahorrista, bajando la presión sobre el dólar y reduciendo la alícuota del impuesto inflacionario”.
Subsidios y controles
“Las políticas económicas que dieron comienzo a esta nueva gestión -eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, devaluación del peso, aumento de tarifas, desmantelamiento de controles a los formadores de precios, entre otras- generaron un fuerte traslado a precios y aceleraron la dinámica inflacionaria. Con el objetivo de contener la inflación y llevarla a registros de no más de un dígito anual, será necesario implementar un plan integral, que acomode las variables macroeconómicas -crecimiento del gasto público y ritmo de emisión monetaria-, en un esquema sustentable y sin perjuicio sobre la actividad”, indicó Agustín Dattellis, economista de la Gran Makro.
Afirma que esto puede lograrse trabajando sobre el esquema de subsidios de manera muy direccionada para no afectar a sectores que sentirán un impacto en su ingreso disponible a partir de la suba de tarifas.
“Deberá crearse un marco de estabilidad creíble para estimular la demanda de pesos sin necesidad de mantener los elevados niveles de tasas de interés actuales. Mientras tanto, deberá trabajarse fuertemente desde el Estado en el control de la formación de precios”.
Bajar el gasto público consolidado
Para Orlando Ferreres la inflación que estamos observando es en gran parte inflación reprimida durante muchos años, en algunos casos desde el 2001. “Se requiere impulsar la inversión para ocupar formalmente a la mayor cantidad posible de trabajadores. Esto requiere una Inversión Bruta Interna Fija de al menos el 25% del PBI, para lo cual se requiere una economía ordenada y una apertura al mundo muy amplia. Al mismo tiempo es recomendable reducir el gasto público consolidado, que pasó de 28% del PBI en el promedio histórico al 53% del PBI en 2015. Este número bajaría algo en 2016, pero se mantendría en 51% del PBI. Incluimos en este gasto público todo gasto que esté financiado compulsivamente desde el Estado, como por ejemplo las obras sociales sindicales”.
Convencer a la sociedad de que va a bajar
Marcelo Capello, presidente del Ieral, sostiene que el nuevo gobierno pretende bajar gradualmente la inflación, hasta un 5% anual en 2019.
“Es un desafío crucial con esta estrategia es convencer a la sociedad que la inflación comenzará a bajar paulatinamente en el tiempo, aún luego de una suba inicial, por la necesidad de corregir distorsiones pre-existentes de precios relativos (tipo de cambio, tarifas). En especial, convencer a los gremios, para que negocien salarios entre 2016 y 2019 en base a inflación esperada y no pasada. Complicado, pero la alternativa del shock resultaba poco viable política y socialmente. La estrategia requiere que todos los años se reduzca el déficit fiscal y la asistencia del BCRA al Tesoro, lo segundo más rápido que lo primero, de modo que en la transición resulta vital el acceso al financiamiento internacional. Sin arreglo con holdouts, o se ajusta drásticamente el déficit fiscal o aceptamos convivir con alta inflación varios años más”.
Considera también que “igualmente importante resultan los acuerdos que pudieran lograrse con el mundo empresario y del trabajo. Subas salariales por arriba del 30% anual en 2016, como actualmente se está planteando, con un tipo de cambio que subirá más del 70%, volverían prácticamente inalcanzable la meta inflacionaria del 20-25% pretendida por el Gobierno para 2016, aún con una contracción monetaria. En este contexto, resulta conveniente dividir la negociación de salarios en dos partes este año, de modo que en la segunda ronda de negociación, con una inflación mensual ya más baja, puedan generarse condiciones para un aumento de salarios que resulte acorde con una tasa de inflación menor al 30% en 2016”.
Cerrar la brecha fiscal
Para Dante Sica, director de Abeceb, reducir la inflación aparece en el centro de las prioridades del Gobierno actual, que entiende que no es posible emprender un proceso sostenible de crecimiento con este ritmo de encarecimiento del costo de vida.
A diferencia de la administración anterior y de manera acertada, las autoridades apuntan a dominar este fenómeno macroeconómico con medidas macroeconómicas, principalmente con un régimen de metas de inflación que se propone converger a un dígito en el último año del mandato presidencial.
El uso de instrumentos micro (como el plan Precios cuidados, el monitoreo de precios y el reimpulso de la comisión de defensa de la competencia) resultan sólo un complemento de esta estrategia principal.
Sin embargo, el objetivo oficial se ve desafiado. “En el corto plazo, producto de la suba en las tarifas de luz y la depreciación del peso, en un marco en el que la ausencia de un índice de inflación oficial dificulta el ancla de las expectativas. Pero además, más allá de las dificultades que puedan surgir en lo inmediato, el éxito de la política antinflacionaria actual requerirá en buena medida de la coordinación de las políticas fiscal y monetaria. En otras palabras, cerrar progresivamente la brecha de las cuentas públicas es indispensable para evitar el financiamiento monetario del déficit, y con ello, hacer consistente y sostenible el programa macroeconómico, señal clave para anclar las expectativas”, precisó.
El Gobierno exacerbó la inflación
Para la ex presidente del Banco Central, Merceces Marcó del Pont, el Gobierno debe hacerse cargo de que fueron sus decisiones de política económica “las que han exacerbado las tensiones inflacionarias. La realidad está mostrando, una vez más, que las principales fuentes de aceleración inflacionaria en la Argentina están fundamentalmente asociadas a shocks de oferta y pujas distributivas más que al comportamiento de los agregados monetarios”.
La ex funcionaria considera que “la fuerte reducción de la base monetaria impulsada por el BCRA resultó estéril para frenar un proceso de aumento de precios que es retroalimentado por las sucesivas alzas del dólar. La decisión del BCRA de reducir al mínimo sus intervenciones con el objeto de promover la libre flotación, no parece ser consistente con su (único) objetivo de controlar la inflación”.
