La negociación con el Partido Justicialista por el Presupuesto se dilató más de lo esperado. Mientras tanto, hay que recaudar y pagar gastos. Para ello, Rodolfo Suárez decretó reimplantar la pauta de gastos de 2019 en el ejercicio 2020, con un fuerte mensaje de austeridad. El Decreto 3102 del 30 de diciembre de 2019 marca el ritmo del gasto para la actual gestión durante este año, según se desprende del artículo 2 que establece cuánto pueden gastar las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo, Administración Central, Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales.
Pero el texto de la norma va más allá y fija varios recortes de gastos, como el congelamiento de la planta de personal y de las mayores dedicaciones horarias, así como acelerar el proceso de jubilaciones de los estatales, e incluso la baja de teléfonos celulares pagados por el Estado.
Volviendo al artículo 2 del decreto, se indica además sólo las biromes del Gobernador y Miguel Lisandro Nieri, ministro de Hacienda y Finanzas, serán las autorizadas para avalar algún tipo de movimiento presupuestario con el que cuente cada oficina.
Así, se designa que podrán afectar preventivamente las erogaciones corrientes y de capital financiadas con Rentas Generales hasta alcanzar el 6% para los meses de enero, febrero y marzo; 8,33 % para los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y setiembre; el 10,67% para los meses de octubre y noviembre y el 10,68% para diciembre. En todos los casos los porcentajes son mensuales y acumulativos y se deberán aplicar sobre el crédito vigente.
Cada repartición tendrá 30 días hábiles, desde el 30 de diciembre, para presentar "la curva de ritmo del gasto acorde a sus necesidades, debidamente fundamentada en la Dirección General de Administración de su jurisdicción" y se advierte además que "no podrán comprometer gastos sino en la medida de su efectiva recaudación".
Este decreto que firmó Suárez es similar el que también decidió publicar el ex mandatario Alfredo Cornejo durante sus 4 años de mandato, aun con el presupuesto anual aprobado; la decisión de Suárez denota un gesto de continuidad propiamente dicha.
En lo que respecta al recurso humano, se trabajará con lo que hay. Se prohíben nuevas contrataciones por locaciones de servicio, de obra u honorarios determinados en horas módulo deportivo, salvo las altas de personal por remplazos en la Dirección General de Escuelas.
Por otra parte se renovarán contratos siempre que se trate del mismo empleado, objeto e importe; los incrementos que provengan de cumplimiento de acuerdos paritarios, adscripciones, transferencias de personal que no impliquen mayor costo y los cargos ganados por concurso.
Quienes estén en condiciones de jubilarse tendrán luz verde por parte de los directores de Administración o cargos similares de cada jurisdicción. Deberán realizar todos "los actos útiles necesarios, antes del 30 de marzo de 2020", a fin de que los trámites de inicio de jubilaciones se inicien con "la debida anticipación" y que quienes cumplan los requisitos para acceder al beneficio, lo hagan efectivo "a la mayor brevedad posible".
Otro de los puntos que se ven afectados por el decreto es el otorgamiento de nuevos adicionales por mayor dedicación, dedicación de tiempo completo, mayor horario y adicionales similares, salvo que tengan autorización y crédito presupuestario correspondiente. Se exceptúan los casos que provengan de acuerdos paritarios.
Para hacer cualquier tipo de cambio en lo que respecta a condiciones laborales -como puede ser la modificación de la categoría- de los agentes de planta que dependan del Poder Ejecutivo, centralizado o descentralizado, será indispensable que se haya dictado previamente la norma legal correspondiente.
Tampoco habrá lugar para nuevos convenios con universidades, facultades, fundaciones y otros organismos no gubernamentales, que impliquen erogaciones económicas para la Provincia, salvo que estén autorizados por el Gobernador y Nieri.
Ni los celulares se salvaron de la tijera que tomó el mandatario provincial para cuidar cada peso que quedó del ejercicio anterior. Sólo podrán tener celulares oficiales: Suárez, los ministros, secretarios del Poder Ejecutivo, los subsecretarios y directores.
Las excepciones deberán contar con autorización y deberán exponer razones justificadas. De hecho, quienes tengan en su poder celulares oficiales y no cuenten con la autorización para su tenencia, deberán reintegrarlos en la Dirección General de Administración de su jurisdicción.
El acuerdo con la oposición por la pauta de gastos provincial pareciera estar lejos y, a sabiendas de esto, Suárez busca transmitir un mensaje de austeridad.
Claves
Congelados. No se podrá tomar personal por contratos de locación de servicios, de obras, ni por horas cátedra, salvo los remplazos docentes que haga la DGE. Tampoco habrá mayores dedicaciones, ni subrogancias, salvo las ya otorgadas.
A pasiva. Las administraciones de las distintas reparticiones deberán tener lista la documentación al 30 de marzo, para que los estatales en condiciones de jubilarse inicien los trámites ante la Anses.
Chau convenios. No podrá haber nuevos acuerdos de colaboración con universidades y ONG que incluyan erogaciones por parte de la provincia.
