La polémica por los estatales que cobran más que el Gobernador sigue dando tela para cortar. Ahora, el propio Rodolfo Suárez salió al cruce de los funcionarios judiciales equiparados a magistrados que tienen sueldos altos sin ser jueces. Son 78 empleados (según el Gobierno) con el mismo salario que un juez de primera instancia aunque en muchos casos ni siquiera son abogados.
Para poner punto final a esta asimetría, el mandatario provincial enviará a la Legislatura un proyecto para regular los sueldos de los judiciales. "Es a efectos de que los salarios tengan directa relación con la prestación y función que se ejerza", escribió el gobernador en Twitter tras conocer, a través del portal de noticias MDZ, que la secretaria del presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, cobra $ 406.818 y no paga ganancias.
Suárez anunció que también instruyó al Asesor de Gobierno, Ricardo Canet, para que estudie todos los casos y analice la inconstitucionalidad de las normas que permitieron la equiparación salarial de empleados administrativos de la Justicia a la categoría de juez.
"El proyecto está en una fase embrionaria y en base a las palabras del Gobernador se guiará por el principio rector de equidad, legalidad, legitimidad y simetría", explicó a Los Andes el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.
“La discusión debe darse en torno a estos funcionarios administrativos llamados equiparados a magistrados pero que no lo son porque no han pasado por el proceso previsto por la Constitución para ser juez, fiscal o defensor oficial. Tampoco pagan ganancias y cobran remuneraciones muchas veces mayores a las de los mismos magistrados”, agregó.
La diferencia principal entre un funcionario equiparado y un juez es que este último para llegar a ocupar ese cargo en el Estado tuvo que cumplir una serie de requisitos establecidos por la Constitución. En primer lugar, tener el título de abogado, pasar por un proceso de selección del Consejo de la Magistratura, después integrar una terna que elige el Gobernador y finalmente, obtener el acuerdo del Senado. Además, ser juez conlleva una carga de responsabilidades que si no se cumplen, puede derivar en un jury de enjuiciamiento.
Además, el equiparado a magistrado no tiene la estabilidad en su cargo como un juez porque están equiparados por una acordada; y a través de otra acordada pueden sacarles la categoría y reencasillarlos en el escalafón propio del Poder Judicial.
Cuánto cobran
Según el subsecretario de Justicia, cada funcionario equiparado a magistrado le cuesta al Estado entre 250 mil pesos y 550 mil pesos por mes. "A eso se refiere el Gobernador cuando habla de inequidades y asimetrías respecto de la responsabilidad y la retribución. Evidentemente la responsabilidad que tiene el Gobernador es amplísima y muy importante, y cobra mucho menos que la mayoría de estos funcionarios", dijo D'Agostino.
Suárez explicó con un caso concreto ayer cuánto le cuesta a un ciudadano mantener los sueldos de "privilegio" de la Justicia. "Aproximadamente 360 contribuyentes deben pagar el impuesto automotor de un vehículo de valor aproximado de $ 500.000, para abonar un salario de $ 406.818 (lo que cobra la secretaria de Nanclares)", ejemplificó el mandatario provincial en Twitter.
“Nadie puede cobrar un sueldo por un trabajo que no tiene relación con lo percibido. Lo contrario constituye un ardid y perjuicio al Estado”, insistió Suárez.
Haciendo un repaso por las acordadas, figuran en esta categoría, además de la secretaria Elizabeth María Carbajal, el sobrino de Nanclares: Carlos Quiroga Nanclares, encargado de la modernización de los procesos judiciales; los miembros de la Secretaría Judicial de la Corte para asuntos internacionales, que fueron equiparados en la acordada 24.858 de 2013 y gran parte de la oficina de Derechos Humanos.
La Ley de tope salarial sigue judicializada
En setiembre de 2014 la Legislatura sancionó la ley de tope salarial para que ningún estatal cobre más que el Gobernador. La norma fue resistida por los gremios: ATE, Ampros y Funcionarios Judiciales fueron a la Justicia. En el último caso su reclamo llegó a la Corte Suprema de la Nación.
En abril del año pasado la Suprema Corte falló contra el reclamo de ATE. En tanto, los profesionales de la Salud y los funcionarios judiciales tienen cautelares a favor, por lo que siguen cobrando sus salarios intactos hasta que la Suprema Corte dictamine sobre la cuestión de fondo, es decir la constitucionalidad o no de la ley 8.727.
La ley de tope salarial alcanza a todos los empleados de la Administración pública provincial, de todos los poderes y organismos descentralizados o autárquicos. Pero están exceptuados cargos con rango constitucional: magistrados, Fiscal de Estado, Asesor de Gobierno, presidente y vocales del Tribunal de Cuentas, Contador y Tesorero de la Provincia, y el Superintendente y los consejeros de Irrigación.
